El Estado reconoce 29 años después la desaparición forzada del maestro y poeta indígena, Gregorio Alvarado

Veintinueve años le tomó al Estado mexicano reconocer que la desaparición de Gregorio Alfonso Alvarado López fue cometida con la participación de agentes del gobierno. Las autoridades firmaron, por fin, un acuerdo amistoso con la familia, tres días antes de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, este sábado 30 de agosto.

Gregorio es un maestro y poeta indígena, líder comunitario de comunidades originarias de Guerrero. Oaxaqueño de origen, primero ejerció allá el magisterio y el activismo político, y después se trasladó a Guerrero, donde creó instituciones educativas bilingües para infancias. Hoy una de ellas lleva su nombre en la comunidad de Emperador Cuauhtémoc. 

Siempre vinculado al activismo por la lucha de los derechos indígenas, de los derechos comunitarios y del reconocimiento del magisterio comunitario, integró el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena en la década de los 90. Fue visto por última vez saliendo de una reunión del comité de defensa el 26 de septiembre de 1996.

Previo a su desaparición, Norma, su esposa, y él documentaron ante las autoridades la vigilancia que vivieron, que, en aquel entonces, cuenta ella en entrevista, fue muy burda. Espionaje por parte de servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y militarizadas, así como persecución, fue lo que denunciaron en distintas instancias judiciales.

“Era una situación muy evidente, tan evidente que podíamos notar nosotros el seguimiento a los centros de trabajo, en mi caso; en el caso de los niños, el control de las escuelas. En aquel entonces, mis niños estaban pequeños: la más chiquita estaba en jardín, tenía 4 años, y mis dos hijos mayores, una tenía 7 y el otro 8”, relata.

Ella tuvo la oportunidad de documentar mucha información como placas de los vehículos, características de las personas, entre otras, en un seguimiento que duró casi un año desde que se dieron cuenta. En su momento, solicitaron la intervención de dos autoridades, cuando Gregorio aún no desaparecía: la policía judicial del estado, así como las comisiones nacional y estatal de derechos humanos. 

“Cuando empezamos a realizar la búsqueda de manera inmediata, Gregorio nunca apareció. Fuimos a la zona militar, fuimos a los separos tanto de la policía judicial como la del Estado, pedimos nuevamente la intervención y resulta que de la noche a la mañana, más bien dicho, en cuestión de segundos, Gregorio desaparece”, narra Norma.

Desde el día siguiente, se avocaron a su búsqueda, pero nunca apareció. Ninguna autoridad podía decirles que había pasado, e incluso hubo una declaración del entonces presidente Ernesto Zedillo en relación a que su fallecimiento ya se había notificado a la familia, que ya sabía dónde estaba. 

En 1997, Norma llevó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con el tiempo, situaciones no precisas o inconclusas les dieron a entender que se estaba dando una situación mucho más seria con respecto a la desaparición de Gregorio. Además, en Guerrero la violencia ya era pan de todos los días, remarca ella.

“Nada es fortuito sobre el proceso que yo seguí de manera individual y como familia, de todo lo que pudimos rescatar y recabar del primer proceso de investigación, pudimos darnos cuenta que eran dos agentes en concreto los responsables directos inmediatos, dos agentes del Cisen”, añade.

Rafael Copado Balderas y Roberto Vázquez Villanueva son sus nombres. La familia supo que hacían trabajo de rutina en Guerrero, aunque ahora saben que su rutina era más bien seguirlos. En todo el proceso no tuvieron el careo que solicitaron a las autoridades. Cuando finalmente vieron que el nivel federal y estatal no estaban dando respuesta, se inició ante la Comisión Interamericana la solicitud de acreditar la desaparición forzada.

“Un proceso, por cierto, muy largo, porque si nosotros checamos el asunto del momento en que se da la desaparición más un año antes, dijera yo, el perseguimiento y vigilancia y persecución de toda la familia, básicamente estaríamos cumpliendo 30 años”, reclama la esposa de Gregorio. 

Después de tanto tiempo, ella lo considera un avance importante porque permite rescatar la posición que tienen como familia, quiere decir que el Estado finalmente les reconoce como víctimas, “y no como parte de un juego medio macabro en el cual somos todo menos víctimas”, dice en referencia a la difamación que también vivieron por parte de autoridades y medios de comunicación. 

¿Qué asume el Estado con la firma del acuerdo amistoso?

Parte de los compromisos que asumió el Estado con la firma del acuerdo amistoso es elaborar un documento donde se ofrecerá una disculpa pública y se reconocerá la responsabilidad de sus agentes, en un evento público y con la obligatoriedad de hacerlo extensivo a los diferentes medios de comunicación y en el Diario Oficial de la Federación. 

“Ese punto rescata uno, la personalidad que Gregorio tiene como profesor, educador, padre de familia y luchador social, tanto en el movimiento social como en el magisterial. En ese sentido, por eso la familia decidimos firmarlo”, señala Norma.

En todas las denuncias ante la Comisión Interamericana, existe la posibilidad de optar por una negociación entre las víctimas y el Estado, en búsqueda de construir de manera consensuada el alcance de las reparaciones en el caso, explica Soledad Sánchez, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha acompañado el caso. 

Añade que la familia acordó por primera vez los términos de una solución amistosa en 2001, cuando dio su consentimiento para que se firmara un acuerdo, pero el Estado nunca lo materializó. El acuerdo quedó en un borrador. Hubo mucha resistencia –confiesa–, pese a que los indicios de su desaparición son muy claros. 

“El próximo septiembre se cumplen 29 años de su desaparición, y por un lado hacer una valoración y entender que hay 29 años con una familia esperando no solo la vuelta de su familiar, sino también el acceso a la justicia y la reparación. Aún así, habiendo pasado tanto tiempo, parece que es un tema que no queda en un contexto de hace 30 años; al contrario, desde la desaparición de Gregorio para acá la situación de desapariciones forzadas en México se ha visto claramente profundizada, complejizada”, advierte Sánchez. 

Desde su perspectiva, ha cobrado un tenor, con los matices de cada contexto, muy cruel y complejo. El caso de Gregorio es, precisamente, emblemático de una política muy dilatoria para reconocer las desapariciones forzadas en el país, que hoy sigue vigente. De hecho, el proceso es el más antiguo en la sección de soluciones amistosas de la Comisión Interamericana, pues son acuerdos que originalmente están previstos para solucionarse en un periodo de dos años. 

“Hay mucha resistencia estatal para reconocer las desapariciones en términos forzados, y para reconocer la vinculación de agentes estatales en esas desapariciones, un poco lo que sucede hoy, este proceso de resistencia del Estado de reconocer que la crisis de desapariciones forzadas que hay en México responde a un contexto sistemático con participación estatal”, subraya Sánchez.

A Norma y a la comunidad el acuerdo les provee algunas reparaciones, pero remarca que no la satisface al 100 %: “No porque se esté haciendo mal el trabajo —precisa—, sino porque los avances significativos que pudiéramos haber tenido, debieron haber sido hace mucho tiempo. Esto que tuvimos, lo reitero, es porque instancias como CEJIL no nos han dejado y nos han hecho fuertes”, dice ella con una fortaleza que se nota desde el primer momento en que se escucha su voz.  

“Más allá de nuestro dolor, de nuestra necesidad de sentirnos bien, nuestras instancias están quebradas. Es como un cuerpo que está dañado, que te están diciendo que te ha llegado un cáncer, pero ese cáncer se vino alimentando y alimentando durante 30 años”, concluye en la víspera de la conmemoración de este 30 de agosto, momento en el que en México más de 123 mil personas permanecen desaparecidas. 

Con información de Animal Político.