CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 96 por ciento de los delitos en México son del fuero común, lo que significa que el futuro de la seguridad en el país depende del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Los gobiernos estatales deberán elaborar un plan de reclutamiento estatal 2026-2030 y lo presentarán ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional, sometieron a votación el acuerdo nacional para fortalecer a las instituciones de seguridad pública con tres ejes y 16 acciones; y el segundo es el acuerdo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas con 2 ejes y 6 acciones.
Ambos acuerdos se aprobaron por unanimidad con 37 votos a favor, ninguno en contra en este evento que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum.
García Harfuch afirmó que “lograr que los mandatos de esas leyes sean una realidad en beneficio de la ciudadanía y que sean de largo plazo, es una de las razones que nos reúne el día de hoy”.
Las policías estatales y municipales, recordó, “son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes se enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad”, son “las que acuden de inmediato al llamado de una emergencia, las que acompañan al comerciante que teme por su negocio o que brindan auxilio inmediato al ciudadano que es víctima de un delito, como el más común que es el robo”.
Por esa razón “tenemos que establecer acuerdos que lleven al fortalecimiento integral de las policías estatales, para que éstas cuenten con las condiciones mínimas necesarias que permitan prevenir, atender, investigar y contener de manera efectiva los delitos del fuero común, incrementando su eficacia operativa y recuperando la confianza ciudadana”.
Es necesario garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de la ciudadanía y que el fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad en México.
El nuevo marco normativo, dijo, dio las bases para lograrlo y los acuerdos planteados en este Consejo Nacional, los mecanismos de seguimiento.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, leyó los “dos grandes acuerdos nacionales con ejes de trabajo, acciones concretas y metas a alcanzar”.
El primero es el acuerdo nacional para fortalecer a las instituciones de seguridad pública con tres ejes y 16 acciones y el segundo es el acuerdo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas con 2 ejes y 6 acciones.
El gobierno federal llamó a que gobernadores presenten ante congresos estatales Iniciativas de reforma para armonizar sus leyes locales en temas de seguridad, lo cual incluye la formalización de mesas de paz; la alineación de las bases mínimas de desarrollo policial, penitenciario y ministerial, entre otras medidas.
También les piden poner atención en la homologación de tipos de penales de desaparición forzada y la cometida por particulares, así como la aplicación de procedimientos para la alerta nacional de búsqueda, por mencionar algunos.
En cuanto al acuerdo nacional para fortalecer instituciones, es necesario incrementar estado de fuerza e impulsar la profesionalización esto mediante academias e instituto de formación atendiendo el modelo operativo de homologación de academias de profesionalización en seguridad pública, a más tardar enero de 2026.
Otras dos acciones a cumplir hacia diciembre de este año es incrementar estado de fuerza de policías estatales y de investigación, así como de los ministerios públicos en las fiscalías estatales.
En cuanto al tema de la extorsión, será necesario que los estados que no cuenten con unidades especializadas para la denuncia e investigación del delito de extorsión formalizarán su creación y operación en enero de 2026.
El secretario de Seguridad expuso que sin coordinación no se puede sostener una estrategia con buenos resultados.
Con la estrategia nacional contra la extorsión, que comenzó en julio, se han recibido más de 32 mil 600 denuncias en el 089 de las cuales 69 por ciento fueron extorsiones no consumadas gracias a la intervención inmediata de los operadores y a la confianza ciudadana.
Además, han detenido a 212 personas por este delito en 15 entidades del país.
Estas acciones, dijo, “se traducen en la protección del patrimonio de las familias, en mayor tranquilidad de los comercios y transportistas y la certeza de que miles de ciudadanos pudieron prevenir una extorsión gracias a la orientación oportuna y a la confianza de las autoridades”.
Figueroa también aseguró que los estados deberán tener una fiscalía especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares formalizada su creación y lo deberán informar al sistema nacional. También, actualizarán el protocolo homologado para la investigación del delito y para la búsqueda de personas todas las instituciones deberán atender este llamado a más tardar en enero de 2026.
con información de: Proceso.