El Congreso de Campeche aprobó, en sesión extraordinaria, la iniciativa presentada por el gobierno del estado para modificar diversos artículos de la Ley de expropiación y demás limitaciones al derecho de propiedad.
La iniciativa, que fue avalada con mayoría de Morena (18 votos a favor y 13 en contra), plantea que la Secretaría de Gobierno emita las declaratorias de utilidad pública y que la Secretaría de Finanzas determine el pago de indemnización; además, la nueva normativa reduce los plazos de defensa de los ciudadanos.
El dictamen detalla que la declaratoria de utilidad pública se publicará en el Periódico Oficial del estado y se notificará personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados. En caso de ignorarse habrá una segunda notificación por el mismo medio que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera publicación.
“Los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado para manifestar ante la Secretaría de Gobierno lo que a su derecho convenga, y presentar las pruebas que estimen pertinentes”. Posteriormente, la autoridad citará a una audiencia para el desahogo de pruebas.
La ley promovida por la gobernadora Layda Sansores, fue promovida con el argumento de armonizar y actualizar la legislación estatal con la federal.
Diputados de la oposición señalaron que los plazos de defensa son insuficientes al dar solo cinco días hábiles para responder a la declaratoria de utilidad pública, en contraste con los 15 días que marca la ley federal. Además, que bastará que se publique en el Periódico Oficial del Estado para considerarlos como notificado.
Otros de los puntos criticados es que se mantiene el plazo para pagarle al propietario en abonos y hasta en un periodo de 10 años, cuando la ley federal ordena pagar en 45 días.
Asimismo, criticaron que los avalúos son realizados por la Secretaría de Finanzas, siendo juez y parte, para determinar el pago de la indemnización.
El diputado José Antonio Jiménez, de Morena, acusó a la oposición de querer infundir miedo a través de la mentira. Aseguró que la ley establece fundamentos necesarios para expropiar, “no se expropia por expropiar y se hará solo por causas de utilidad pública”, es decir, para obra de infraestructura pública, ampliación de calles, puentes, calzadas, caminos; construcción de hospitales, parques, jardines, campos deportivos o cualquier obra destinada a prestar servicios colectivos.
Delma Rabelo Cuevas, del PRI, sostuvo que esta iniciativa “es profundamente peligrosa ya que no se trata de un simple ajuste normativo, se trata de abrir la puerta a un mecanismo que coloca la propiedad privada a merced del Ejecutivo local”.
En tanto, Paul Alfredo Arce, de Movimiento Ciudadano, señaló que la única defensa posible será un amparo, para lo cual se requiere contratar un abogado y cubrir los costos del proceso, ya que la resolución no admitirá recurso administrativo alguno.
Con información de: Animal político.