Jueza extiende por tres meses medidas cautelares de censura al diario Tribuna Campeche; no puede hablar de Layda Sansores
Un juzgado de Campeche ordenó mantener por tres meses más las medidas cautelares de censura impuestas contra el periódico Tribuna y contra el periodista Jorge González Valdéz para no hablar sobre la gobernadora Layda Sansores.
En una audiencia celebrada el lunes 15 de septiembre la jueza AnaMaribel de Atocha Huitz May determinó externer las restricciones previamente aplicadas, las cuales consisten en someter a revisión de un censor designado por el Poder Judicial todas las notas relacionadas con Layda Sansores previo a ser publicadas.
“La disposición obliga tanto al medio como al periodista enviar cada publicación a revisión antes de difundirse, con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones e incluso la prohibición de que sea subida a la plataforma digital. En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá en el representante legal de la empresa editorial y en el periodista Jorge González Valdéz”, informó el medio.
El acuerdo judicial señala que el objetivo es evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora de campeche.
“Con esta determinación, se ratifica y amplia el esquema de censura previa, sometiendo, bajo supervisión directa, tanto al medio digigal como al periodista durante un lapso adicional de tres meses”, señaló Tribuna Campeche en una publicación.
Layda Sansores y la censura a Tribuna Campeche
Desde el pasado 15 de julio, un censor revisa las publicaciones de Tribuna Campeche y una persona acompaña al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas, como parte de las medidas cautelares ante el presunto delito de incitación al odio.
Tras la determinación de la jueza, el medio Tribuna anunció que dejaría de publicar contenido mientras estas medidas sigan vigentes. “Lo más aberrante es que la jueza afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores”, mencionó.
Pese a que el periódico interpuso un recurso, este fue declarado improcedente el 31 de julio y la jueza del Segundo Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial en Campeche, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, les ordenó entregar los datos del community manager de dicho medio en menos de 48 horas para imponer un censor judicial que revisará sus publicaciones, para evitar hacer referencias a la gobernadora, Layda Sansores.
“Esta medida busca manipular la información relacionada con el Cuarto Informe de Layda Sansores, que es precisamente este viernes”, señaló el director del medio Jorge González.
Artículo 19 y defensores de derechos consideraron que las medidas son excesivas y van en contra de la libertad de expresión. Tanto el medio como el comunicador se encuentran en proceso por el presunto delito de incitación al odio en contra de Sansores, por publicaciones realizadas entre 2021 y 2025.
A este caso se suma que el pasado 10 de agosto, Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, periodistas del medio La Barra Noticias, tuvieron que ofrecer disculpas públicas a la gobernadora de Campeche por emitir expresiones que constituyeron “violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.
Las disculpas se emitieron en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), la cual fue apelada por los periodistas, sin embargo, fue ratificada por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con información de: Animal político.
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El periodista Ramón Alberto Garza, narra lo sucedido en el narcolaboratorio
El periodista Ramón Alberto Garza García, director de “Código Magenta", narró cómo fue que ocurrieron los hechos del narcolaboratorio encontrado en Morelos, señalando también como personaje central a Guillermo Zuani Portillo, ex fiscal antisecuestros de Chihuahua.
Según Garza Gracía, quien se basó en la línea de investigación de Estados Unidos, la responsabilidad recae en el mismo Zuani, a quien por cierto, le habían retirado la visa anteriormente por investigaciones del país vecino, pero como un intento de quedar bien con los Estados Unidos, les indicó en donde se encontraba el narcolaboratorio.
Además de esto, y como doble jugada, el ex fiscal dio aviso a los criminales pertenecientes al Cártel del Chapo Isidro, para que escaparan del lugar y no lograran detección alguna, quienes a su vez, terminaron con la vida de los agentes de la AEI y los dos operadores extranjeros, como aviso a los Estados Unidos para que no realicen operaciones.
