Revés judicial a la Conade por discriminar deportistas paralímpicos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México resolvió a favor del atleta paralímpico Erick Ortiz Monroy, medallista de plata en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, esto es, que la beca económica que le otorga el gobierno federal por este resultado deportivo sea del mismo monto que reciben los deportistas convencionales.

Esta sentencia pone de manifesto que existe discriminación al premiar a quienes compiten en el deporte adaptado y podría sentar jurisprudencia en beneficio de más representantes que se encuentren en esta situación porque así lo determinó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que ahora dirige Rommel Pacheco.

La controversia en el caso Erick Ortiz se desprendió del vacío existente en las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2024, mismas que en su tabulador de becas aplicó criterios desiguales para el deporte adaptado respecto al convencional ante competencias que son equivalentes, como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Así, por ejemplo, el tabulador de becas mensuales contempla una cantidad de dinero según la posición obtenida por los primeros cinco lugares en los Juegos Panamericanos, mientras que para los Juegos Parapanamericanos el beneficio sólo está reservado para los ganadores de medalla de oro, lo cual se configura en un acto de discriminación.

Y aunque desde hace varios años los montos en las becas son los mismos ante logros equivalentes en el deporte adaptado y el convencional, los méritos para obtenerlos son dispares en perjuicio de los deportistas paralímpicos.

Para el Tribunal, dicha diferenciación es considerada en términos legales una “distinción por exclusión tácita”, la cual es una forma de disciminación por omisión cuando una norma beneficia a ciertas partes, pero excluye de su aplicación a otras que se encuentren en una situación similar, por lo que atenta contra la equidad de los individuos, más al tratarse de una persona con discapacidad y en una situación vulnerable.

El 24 de noviembre de 2023, Erick Ortiz obtuvo la medalla de plata en la prueba de lanzamiento de bala de la clasificación F53/54 —movimiento limitado de la mitad del torso y piernas— en Santiago de Chile, lo cual además del premio económico que debe recibir por el resultado, supondría un incremento en su beca mensual.

En enero de 2024, el deportista que ha participado en dos Juegos Paralímpicos presentó una solicitud formal ante la Conade para recibir su beca mensual correspondiente a su logro deportivo en la justa continental.

En respuesta, un oficio firmado por la entonces directora de Alto Rendimiento de la Conade, Rut Castillo Galindo, le asignó una beca mensual de seis mil pesos, monto correspondiente a un deportista “en desarrollo” bajo el argumento de que su segundo lugar no estaba contemplado en el tabulador de alto rendimiento de las Reglas de Operación.

Derivado de la postura de la dependencia, Ortiz emprendió acciones legales con el propósito de obtener el incremento esperado y en agosto de 2025 el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, negó el amparo interpuesto por el deportista al considerar que el estímulo económico no estaba previsto en las reglas vigentes, tal y como lo sostenía Conade.

Inconforme con la resolución, el lanzador paralímpico promovió un recurso de revisión, mismo que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado, el cual en febrero de este año finalmente revocó la sentencia inicial al determinar que existió un trato discriminatorio por razón de discapacidad, destacando la obligación del Estado de realizar ajustes razonables para garantizar el acceso al deporte en condiciones de igualdad.

La sentencia obliga a la Conade a entregarle al deportista una beca mensual de 22 mil pesos de manera retroactiva, misma cantidad que percibe cualquier medallista de plata en unos Juegos Panamericanos, por lo que el monto a compensar a partir de que se le asignó la beca original es el resultado de la diferencia económica no pagada, es decir, 16 mil pesos.

No obstante, la Conade de Rommel Pacheco ha cubierto apenas lo equivalente a 11 meses, bajo la justificación de que los apoyos se renuevan cada año de acuerdo con los resultados obtenidos por los deportistas como dictan las propias Reglas de Operación.

“Lo que la Conade hizo fue pagar solamente el retroactivo a un año de beca”, asegura Erick Ortiz a Proceso. “Muy a pesar de que se estableció que se tenía que pagar el monto completo, Conade lo que hizo fue decir: ‘Bueno, mis Reglas de Operación dicen que un año y te voy a pagar lo de un año solamente’”, agrega el seleccionado nacional.

En caso de incumplimiento, la propia sentencia señala la posibilidad de aplicar medidas coercitivas, como una multa de 230 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA) —cerca de 27 mil pesos—, así como la posibilidad de que los funcionarios responsables sean separados de su cargo y consignados a un juez de distrito.

La “nueva Conade” con viejas mañas

Desde que asumió el cargo al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en octubre de 2024, el exclavadista Rommel Pacheco ha reiterado en numerosas ocasiones que su administración, autodenominada como la “nueva Conade”, pone a los “deportistas al centro” en aras de su beneficio.

Respecto al deporte adaptado, ha reiterado que como nunca antes la institución ha establecido dinámicas para atenderlo sin ningún tipo de discriminación. Para ello, a los pocos meses de su llegada, Pacheco reclutó a la recién retirada Lenia Ruvalcaba, triple medallista de judo en Juegos Paralímpicos, como coordinadora de analistas del deporte adaptado.

Como parte de su discurso, Pacheco también destaca el incremento a los montos de las becas a los deportistas y que la prioridad de su gestión es buscar su beneficio para que cuenten con las herramientas suficientes para el desempeño de su actividad, pero su discurso contrasta con la realidad.

Si bien el caso de Erick Ortiz se originó durante la gestión de Ana Gabriela Guevara, la actual administración ha seguido el proceso en más de la mitad de su curso legal hasta llegar a la sentencia, sin provocar que esto modifique los criterios a favor de los deportistas paralímpicos en las Reglas de Operación de 2025 y 2026, ya bajo la responsabilidad de Rommel Pacheco y su subdirector de Calidad para el Deporte, Luis Rivera.

En febrero último, Arly Velásquez, quien recién participó en sus quintos Juegos Paralímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026, también externó su inconformidad sobre los criterios para la entrega de becas a los representantes del deporte adaptado.

Durante su discurso como parte de la ceremonia en la que fue abanderado a la justa invernal, el paraesquiador mexicano también cuestionó que en el tabulador se le considerara como un “atleta en desarrollo” y no se tomara en cuenta ni su trayectoria ni el décimo lugar en el Campeonato Mundial de Paraesquí 2025 en Maribor, Eslovenia.

El alto rendimiento no debería sostenerse por altruismo. Debería sostenerse por convicción institucional y por visión de país”, comentó Velásquez en frente al titular de la Conade. “Lo que necesitamos es una estructura que acompañe esa ambición que también tenemos de manera constante y no sólo en los momentos de mayor visibilidad -agregó.

Al igual que sucede con los Juegos Parapanamericanos, los resultados obtenidos en Campeonatos Mundiales del deporte adaptado e incluso Juegos Paralímpicos se valoran con un criterio distinto retribuyendo con una beca a los primeros cinco lugares y no a los 12 como a sus pares del deporte convencional de acuerdo con las Reglas de Operación 2026.

Por su naturaleza, el deporte paralímpico envuelve una estructura más compleja en la forma en la que se organiza en el terreno del alto rendimiento al clasificarse de acuerdo con el tipo de discapacidad, lo que implica más medallas en disputa con menos deportistas compitiendo en cada categoría, lo que en principio, bajo criterios técnicos, podría favorecer a la obtención de más resultados en el rango de becas fijado en el deporte convencional.

Sin embargo, la consagración del deporte como un derecho universal plasmado en la Constitución y que los deportistas paralímpicos pertenezcan a un grupo vulnerable por su condición de discapacidad, son criterios que privilegia la ley en su interpretación para considerar que existe un ejercicio discriminatorio en las Reglas de Operación.

La desatención a los representantes del deporte adaptado no sólo se ha manifestado en la disparidad de criterios para el otorgamiento de becas, también se ha dado en el día a día de quienes entrenan en el Centro Paralímpico Mexicano (Cepamex), instalación administrada por la Conade y que funciona como centro de alto rendimiento para el deporte adaptado.

En diciembre de 2025, Proceso publicó el reportaje “Deportistas paralímpicos comen en fonditas mientras la Conade gasta 2.9 millones de pesos en ceremonias”, en el que se exhibieron las deficiencias en el servicio de alimentación del Cepamex y que obligaron a los atletas a comer fuera de la instalación sin un régimen nutricional adecuado, mientras la dependencia destinaba recursos a ceremonias para el lucimiento personal de Pacheco.

Sentar un precedente

Para el mexiquense Erick Ortiz, su batalla en tribunales para que se le reconozca una beca mensual ante un resultado equiparable al de un deportista convencional, va más allá de un triunfo personal, le gustaría que representara un antes y después en la búsqueda de la equidad en el deporte mexicano.

Me gustaría ser ese precedente, pero no solamente por mí o para los compañeros que ya ganaron una medalla, también para las futuras generaciones que vienen jalando superfuerte que en algún momento van a llegar a Juegos Parapanamericanos, que van a representar al país con mucho orgullo y dignidad, para que tengan esa opción de poder acceder a este tipo de beneficios como las becas que se otorga por parte del gobierno, pero de una manera digna y equitativa -explica Ortiz Monroy.

Los jueces concluyeron que la discriminación en las Reglas de Operación no sólo se manifiesta por la diferenciación en los méritos que se hace entre el deporte paralímpico y el convencional, también por el hecho de catalogar a un deportista como “en desarrollo”, y no como alguien ya inmerso en el alto rendimiento.

Que la resolución del caso se haya dado por un Tribunal Colegiado es el inicio para sentar jurisprudencia, un camino que requiere al menos cinco sentencias en el mismo sentido.

“Es el primer caso de un deportista paralímpico que equipara los tabuladores a los deportistas convencionales. Entonces, en ese sentido, crear un precedente para que otros compañeros también tengan la oportunidad de poder alzar la voz”, destaca el deportista mexiquense, quien también es abogado de profesión.

Además de 29 oros, en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, México ganó 46 platas y 50 bronces, lo que representa decenas de deportistas que estarían en una situación similar, no obstante, Ortiz considera que muchos de sus compañeros no emprenden acción legal por temor a represalias y a perder sus becas, aunque sean menores a las que les corresponderían.

Creo que a muchos de los atletas los tienen aprisionados o callados, silenciados por la amedrentación de decir, “si demandas, si te quejas, si alzas la voz, te vamos a quitar la beca o te vamos a quitar los beneficios que tienes’, como el hecho de quedarse en el Centro Paralímpico, tener comidas o todo ese tipo de cosas que al final de cuentas es un derecho que tenemos como deportistas -advierte el paratleta.

La sentencia también señala la obligación de realizar “ajustes razonables” para garantizar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en igualdad, por lo que es insuficiente apegarse a las Reglas de Operación si éstas atentan contra el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, lo que incluso anticiparía que cambien para el ejercicio fiscal 2027.

Con información de Proceso.