
El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, señaló que el Poder Judicial de Chihuahua “no es el poder judicial que queremos”, cuando no existe una respuesta clara al presunto cambio de medida cautelar de un sujeto sentenciado por secuestro.
“No es posible que no haya una explicación técnica, o sea, jurídica, en cuanto a la decisión que tomó un juez en relación a un condenado ya a 25 años por el delito de secuestro y es alguien que no es acusado de cometer en una sola ocasión este delito, está en más de una ocasión con diversas víctimas”, dijo el legislador.
Comentó que el pueblo de Chihuahua que fueron víctimas de algún sujeto sentenciado a merecen una explicación, “Es absurdo que se le hayan eliminado 20 años de sentencia y que siendo un delito tan delicado, tan grave, se le permita llevar el proceso a nivel”, acotó.
Informó que presenta un posicionamiento, esperando que la autoridad responda en ese sentido, “hay un comité de disciplina judicial que es lo que sustituye al Consejo de la Judicatura y que debe actuar en consecuencia, ellos deben estudiar el caso y verificar que haya una justificación jurídica para que el juez haya tomado una determinación tan delicada en un caso demasiado grave”.
Cuestionado si esto afecta a Morena también porque fueron los jueces de la reforma judicial sentenció “los jueces no son ni del Bienestar ni de Morena, los jueces fueron electos por el pueblo y deben responderle al pueblo, ese es precisamente el objetivo de este posicionamiento”.

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
