Alcaldesa de Colipa niega haber estado en rancho de sobrino de Caro Quintero
XALAPA, Ver. (apro).– La alcaldesa de Colipa, Gabriela Ortega Molina, negó las versiones que la vinculaban con el rancho de la familia Quintero, cateado el 20 de septiembre por la Fiscalía General de la República (FGR).
En un mensaje difundido en sus redes sociales, la alcaldesa morenista calificó como falsas las publicaciones que la señalaron de haber estado en el operativo.
“Antes que nada me dirijo a ustedes para agradecerles sus muestras de cariño y respaldo ante las falsas notas que salieron de mi persona este fin de semana. Ustedes saben que soy firmemente creyente de Dios y que sus tiempos siempre muestran la verdad”, escribió.
La gobernadora Rocío Nahle García informó que, tras los señalamientos, se citó a la alcaldesa en Palacio de Gobierno para aclarar la situación.
“Fue un operativo de la Fiscalía General de la República. En cuanto a la alcaldesa de Colipa, la mandamos a llamar”, explicó.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, detalló que la reunión se realizó el lunes a las 8:30 de la mañana. Aseguró que Ortega presentó justificantes médicos que acreditan que estuvo hospitalizada por problemas de salud durante el fin de semana, y reiteró que no estuvo detenida.
El operativo federal se llevó a cabo en un rancho presuntamente vinculado a José Gil Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, quien habría escapado con sus escoltas al detectar la presencia de las autoridades.
El cateo forma parte de las investigaciones por la desaparición de Nepatalí González López, empresario maderero de 35 años originario de Juchique de Ferrer, desaparecido desde el 18 de julio.
Ahued Bardahuil afirmó que no existen indicios de que la alcaldesa esté protegiendo a alguna persona relacionada con el caso.
“No tenemos conocimiento de que nadie proteja a nadie. Aquí se aplica la ley y no hay protección para nadie”, declaró.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Pediría licencia Marina del Pilar
Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.
Se estrenan Alcalde y Ramírez en la mañanera de Sheinbaum
Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.
Cláusula del TMEC y la narcopolítica sobre México
El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.
El mensaje de Pérez Cuéllar rumbo a 400 días
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
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