
MORELIA, Mich., (apro) .- Un juez de control determinó vincular a proceso a Luis Ángel “N”, quien hasta hace unos días fue secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, por su posible participación en los delitos de cohecho y rebelión, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación, el pasado 14 de septiembre, Luis Ángel “N” fue asegurado en Jiquilpan en posesión de cartuchos útiles, pero intentó evadir la acción de la justicia ofreciendo dinero a los agentes.
Enseguida, al lugar arribaron tres personas armadas, a bordo de una unidad con balizamiento de la policía municipal, quienes trataron de evitar la detención; pero al no acreditarse como servidores públicos fueron detenidas y se les aseguraron armas de fuego y una granada de fragmentación.
A su vez, al exservidor público municipal se le encontraron evidencias de haber participado en la elaboración de videos difundidos por el autodenominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana, en los que fueron vertidas amenazas en el contexto de las fiestas patrias.
En un comunicado, el organismo de procuración de justicia indicó que, tras su detención, Luis Ángel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que “ejerció acción penal en su contra por su posible responsabilidad en el delito de cohecho, así como por el de rebelión, el cual se contempla en el artículo 313 del Código Penal del Estado, en el supuesto de pretender separar del cargo a funcionarios públicos, tal como él mismo, presumiblemente, lo manifestó en videos de su autoría”.
En la audiencia de formulación de imputación, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso al exfuncionario, le fijó prisión preventiva justificada, además de que dio un plazo de dos meses para la realización de la investigación complementaria.
Con información de: Proceso.

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
