En los últimos meses, la imagen de Morena se ha visto fuertemente golpeada por una cascada de señalamientos públicos contra figuras del partido.
De presuntas irregularidades administrativas a acusaciones más graves, los casos que involucran posibles vínculos con grupos del crimen organizado han puesto en jaque el discurso de la 4T de “no mentir, no robar y no traicionar”.
No se trata de meros dichos sin sustento.
Existen investigaciones periodísticas, expedientes de autoridades mexicanas y hasta designaciones y sanciones del gobierno de los Estados Unidos que han encendido alertas políticas y judiciales.
En esta nota hacemos un recuento de cinco casos relevantes que involucran a alcaldes y exalcaldes morenistas en el ámbito local.
La FGR, a través de la FEMDO, mantiene abierta la carpeta FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024 por presuntos “nexos directos” de Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, con el CJNG “por lo menos desde octubre de 2021”, cuando asumió la alcaldía de Tijuana.
La indagatoria incluye solicitudes de información a instancias nacionales y a la Embajada de Estados Unidos, así como la revisión de excolaboradores de su administración.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó la existencia de la investigación. En conferencia del 8 de octubre de 2025, sostuvo que se trata de una pesquisa de la FGR y no del ámbito estatal.
“La FEMDO es una institución muy seria y es una investigación que entiendo ya lleva varios meses llevándose a cabo. […] Aquí no hay cacería de brujas”.
El caso también ha estado cruzado por un enfrentamiento político entre Caballero y la gobernadora.
La exalcaldesa ha denunciado persecución y afirma que atenderá cualquier requerimiento sobre su patrimonio, como lo documentó el Semanario ZETA en el capítulo relativo a su comparecencia ante la Sindicatura Municipal.
De acuerdo con el mismo semanario, existen al menos dos episodios vinculados a la exalcaldesa en los que se señalan posibles nexos criminales e irregularidades:
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EUA designó a Hilda Araceli Brown Figueredo bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, acusándola de facilitar operaciones de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, cuando fungía como alcaldesa en Rosarito, con presunta protección institucional y apoyo a actividades criminales.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, advirtió sobre la dimensión del poder corruptor del cártel:
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”.
Tras la designación, todos los bienes e intereses de Brown bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados y se prohibieron transacciones con ella por parte de ciudadanos y empresas de EUA.
En México, la UIF anunció bloqueos preventivos a personas físicas y morales señaladas por esa misma red, subrayando que la medida no implica de por sí una determinación judicial.
En agosto de 2023, se difundió un video donde se observa a Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo, reunida con Celso Ortega Jiménez, señalado como líder de Los Ardillos, grupo criminal con fuerte presencia en Guerrero.
El encuentro —según medios locales, realizado en octubre de 2021— derivó en investigaciones tanto de la FGR como de la Fiscalía Estatal.
Animal Político reportó que la alcaldesa confirmó el encuentro y dijo estar a disposición de las autoridades para las pesquisas.
“No fue un pacto con la delincuencia; pido que se revele el video completo para que se sepa qué fue lo que pasó”.
En la grabación, Hernández narra aspectos de su llegada a Morena y su relación con el exgobernador Ángel Aguirre.
El episodio ocurrió en un contexto de violencia en Chilpancingo y mensajes intimidatorios dirigidos a la autoridad municipal.
Una videocolumna de Héctor de Mauleón en LatinUs señala que la Abelina López, alcaldesa de Acapulco, habría recibido financiamiento de Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, “El Gerry”, presunto operador del Cártel del Noreste.
El periodista afirma que “El Gerry” asistió a eventos de campaña de López en 2021 y que, a través del entonces candidato y hoy diputado federal José Narro Céspedes, habría canalizado recursos.
En esa misma trama, Américo Villarreal también es mencionado como supuesto beneficiario de aportaciones, de acuerdo con el recuento periodístico.
Además, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) denunció a la alcaldesa por presunto ejercicio ilícito del servicio público al negarse a comprobar el gasto de 898 millones de pesos.
López argumentó que la ASF es la única facultada para auditar recursos federales y tramitó un amparo para evitar su detención por un presunto desvío de recursos.
“A mí me audita la Federación, no el Estado. Eso lo dice el artículo 79 constitucional”.
El medio Elefante Blanco reportó que autoridades de EUA retuvieron y retiraron la visa de Alberto Granados, alcalde de Matamoros como parte de una investigación por narcotráfico.
Granados fue cuestionado sobre su relación con Édgar Alejandro “V”, empresario detenido con 8.8 kg de cocaína en Brownsville, Texas, el 27 de enero de 2025.
Según la misma fuente, familiares de “Édgar Alejandro” ocupan cargos en el ayuntamiento y habrían participado en actos políticos de Morena y en la campaña del propio Granados.
El alcalde reconoció fotografías con el empresario, pero negó vínculos formales o favores indebidos.
“No tengo nada que ocultar; así como tengo fotos con él, tengo fotografías con miles de ciudadanos que saludo cuando recorro las calles”.
Más allá de su desenlace jurídico, los cinco episodios han minado el capital político de Morena en la discusión pública.
En todos los casos citados, los señalados niegan haber cometido delitos o pactado con organizaciones criminales.
Las investigaciones siguen su curso y serán las autoridades competentes quienes determinen eventuales responsabilidades.
Con información de: Político.mx