Piden que universidades privadas entreguen título profesional a sus egresados en un plazo máximo de 90 días

La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés (PVEM) planteó modificar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, para que la expedición de certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos por parte de los particulares se realice en un plazo máximo de noventa días, a partir de que la persona interesada cumpla con los requisitos académicos y administrativos establecidos por la institución.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen, refiere que es obligación del Estado proteger el derecho a la educación y al trabajo digno, asegurar que se expidan los títulos profesionales, de manera oportuna y sin dilación, y evitar retrasos que impidan la inserción laboral de las y los egresados.

Subraya que el mayor rezago en estos procesos se concentra en escuelas particulares, donde uno de cada cuatro egresados no obtiene su título profesional en tiempo razonable, lo que evidencia problemas estructurales en los procedimientos administrativos, falta de supervisión efectiva y escasa rendición de cuentas por universidades con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

“Personas egresadas han esperado más de dos o tres años sin recibir su título profesional, impidiendo su contratación en empleos formales o limitando su acceso a mejores oportunidades, lo que genera incertidumbre y frustración, y vulnera derechos fundamentales a la educación y el trabajo digno”, enfatiza.

Por ello, considera necesaria una reforma que establezca plazos claros y razonables para expedir títulos profesionales. “La ausencia de una disposición expresa en la legislación ha permitido que los procesos administrativos se prolonguen de manera injustificada, dejando a los egresados en un estado de indefensión”. 

Con esta propuesta, agrega, se busca llenar este vacío legal al incorporar un plazo máximo de noventa días naturales, contados a partir de que el egresado haya cumplido los requisitos académicos y administrativos exigidos por la institución educativa. “Eso fomenta la eficiencia administrativa de las instituciones de educación superior y protege el derecho de los egresados a ejercer su profesión en condiciones de igualdad y justicia”. 

Además, garantiza el respeto a los derechos humanos, fortalece el marco legal de la educación superior y contribuye a construir un país más justo, equitativo y competitivo, en el que los egresados ejerzan su profesión con libertad y sin obstáculos, por la falta de certeza en la expedición de sus títulos profesionales.

Destaca que en México cada año miles de jóvenes terminan sus estudios universitarios con la expectativa de incorporarse al mercado laboral o continuar estudios de posgrado, pero se ven obstaculizados por la demora en recibir su título, indispensable para obtener la cédula y ejercer legalmente su profesión.

La falta de un plazo definido en la ley para entregar ese documento genera un vacío que permite a algunas instituciones retrasar la entrega de esos certificados, aun cuando los estudiantes hayan cumplido con los requisitos académicos y administrativos, puntualiza.

Tips al momento

Pediría licencia Marina del Pilar 

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.

Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.

Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.


Se estrenan Alcalde y Ramírez en la mañanera de Sheinbaum

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.

Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel. 

Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.


Cláusula del TMEC y la narcopolítica sobre México

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.

Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.

Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.

El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Estados Unidos podría aplica  la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.


El mensaje de Pérez Cuéllar rumbo a 400 días

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.

La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.

En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.

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