Plantean generar una ley general de desplazamiento forzado

Durante el foro “Desplazamiento forzado interno en México”, la diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) y representantes de colectivos de víctimas resaltaron la necesidad de consolidar una propuesta de ley general en la materia.

En el encuentro, realizado en la Cámara de Diputados, señalaron que debe ser construida mediante un diálogo amplio con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y universidades, y estar centrada en la restitución de derechos a las víctimas.

En conferencia de prensa, la diputada Evangelina Moreno Guerra acompañada de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) y el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), indicó que “necesitamos una legislatura urgentemente, que sea efectiva”, centrada en el apoyo a las víctimas para la restitución de sus derechos.

“Por ello, destaco uno de los acuerdos principales, el cual consiste en trabajar de manera colectiva una propuesta de ley general en materia de desplazamiento forzado, la cual debe de ser producto de un diálogo amplio con las víctimas, sectores como las organizaciones de la sociedad civil, centros de derechos humanos, organismos internacionales y las universidades”.

Mencionó que en el encuentro sobre desplazamiento forzado interno en México se reunieron para visibilizar esta crisis humanitaria, en el marco de la visita académica de Paula Gaviria Betancourt, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de personas desplazadas forzadamente.

Agradeció a la relatora Paula Gaviria, quien también se comprometió a dar seguimiento puntual a este proceso colectivo de redacción de dicha ley. 

La legisladora explicó que el desplazamiento forzado interno en México representa una crisis humanitaria que es silenciosa y que afecta personas, familias, comunidades enteras y el tejido social de la nación. Es por ello, que busca visibilizar este fenómeno con foros, acercamientos con los colectivos de víctimas, testimonios de víctimas y con gestiones ante organismos internacionales con los cuales México tiene compromisos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés). 

En esta ocasión, resaltó, “logramos un diálogo entre la relatora y los colectivos de víctimas de desplazamiento en el afán de seguir posicionando el tema, pero la visibilidad no basta”.

Por su parte, el diputado por Chiapas, Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), destacó que dicho encuentro fue fructífero porque se escucharon todas las voces, en la necesidad de priorizar los mecanismos de atención para las y los desplazados internos, reconociendo que “todos somos mexicanos y merecemos ser escuchados y atendidos”.

El secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes subrayó que dicha ley sobre desplazamiento, prevención protección y soluciones debe ser una prioridad nacional. 

Recordó que en 2022 se presentó una iniciativa de ley sobre desplazamiento forzado interno que fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero congelada en el Senado, por lo que enfatizó la urgencia de retomarla en el próximo periodo legislativo.

Subrayó que la pérdida de tierras, patrimonio y vínculos culturales ha afectado profundamente a las comunidades desplazadas, y que la atención integral debe incluir la reparación de daños materiales, psicológicos y culturales.

En su oportunidad, la diputada por Oaxaca, Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), indicó: “Vamos a seguir levantando la voz para que accedan a la justicia tan anhelada, y hay un compromiso que seguiré cuando la diputada Eva y el diputado Alfredo nos convoquen, a abrir los espacios para seguir visibilizando este tema que es muy complicado”.

Por su parte, en su intervención en el foro, Paula Gaviria Betancourt, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de personas desplazadas forzadamente, subrayó que su trabajo es para visibilizar sus necesidades y propuestas, pero, sobre todo, para escuchar con fuerza esos gritos que claman por sus derechos.

Señaló que, en México el desplazamiento forzado interno es multicausal, por lo que los desafíos requieren claridad en los objetivos, voluntad política, coordinación institucional, pero se necesita un liderazgo estratégico y enfocado en los derechos humanos. 

“Soy una convencida de que México tiene ante sí la oportunidad de mostrar un liderazgo regional e internacional en materia de atención al desplazamiento interno”.

Recordó que México es miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, y es parte también de un grupo de amigos donde hay 30 países que se unieron en torno a la agenda de acción del secretario general para los desplazamientos internos y de su asesor especial sobre soluciones, por lo que “puede desempeñar un papel decisivo a la hora de mostrar que sí es posible avanzar en las soluciones”.

La atención al desplazamiento forzado interno, subrayó, requiere de la acción coordinada de todos los niveles y ramas del gobierno, incluyendo los tres poderes el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para asegurar que la respuesta sea integral, pero, sobre todo, que sea efectiva. 

Aseguró que las grandes transformaciones sociales demandan una visión estratégica que permita abordar no solo las consecuencias inmediatas, sino las causas estructurales que motivan esas transformaciones. Este enfoque es fundamental, a fin de prevenir nuevos desplazamientos, garantizar una solución sostenible que garantice la estabilidad y el bienestar de las personas afectadas y de la sociedad en su conjunto.

Gaviria Betancourt comentó que este foro se desarrolla en un contexto mundial que invita a la reflexión sobre los 123 millones de personas que se vieron obligadas a desplazarse en el mundo en 2024, de los cuales 83 millones lo hicieron dentro de sus países, cifra que se duplicó desde hace 10 años, por lo que consideró que se ha vuelto casi una pandemia y sigue incrementándose.

Confió en que la jornada permita dar protagonismo a las voces de las personas desplazadas internas. “Ojalá que en el momento que se empiece a discutir la ley lo hagan a través del ejercicio de escuchar a todas las voces de cada uno de las víctimas de los estados de la República y que sea un primer paso para proyectarlos en una ley para las personas desplazadas internas”. 

Durante el foro, víctimas de desplazamiento compartieron testimonios desgarradores sobre la violencia sufrida. Teodomira Rosales Sierra dijo que México se enfrenta a una crisis de derechos humanos, en particular los integrantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos son desplazados, además de acompañar y representar a otras víctimas de Guerrero, Puebla, Morelos, Estados Unidos y Canadá, y comentó que acompañó al grupo más grande de desplazados en Guerrero.

Mencionó que, en Guerreo, Chiapas, Sinaloa y Oaxaca hay ley de desplazamiento sin reglamentación, lo que significa que no hay derechos. Recordó que la ley que se quedó congelada en el Senado era muy importante, por lo que le exigió que se apruebe, y si no, se trabaje en un proyecto nuevo en conjunto con expertos, organizaciones y víctimas, y que las autoridades federales, estatales y municipales, cumplan con dichos derechos.

Elia Reyes Pérez, víctima originaria de Oaxaca, relató el asesinato de varios familiares, incluido su padre y su madre, a manos de grupos armados, y denunció la imposibilidad de retornar a su comunidad debido a la ausencia de justicia y condiciones seguras. “No puede haber perdón o reconciliación si no hay justicia”, afirmó, destacando que el desplazamiento en su región surgió por conflictos de límites de tierra y omisión de autoridades.

Asimismo, Evangelina Contreras Ceja, desplazada de Guerrero y refugiada en Michoacán, denunció la falta de atención de las autoridades ante las necesidades básicas de las y los desplazados, incluyendo vivienda y seguridad, y destacó que el crimen organizado impide que muchos puedan regresar a sus comunidades de origen.

Otros representantes de comunidades desplazadas de Chiapas y Oaxaca coincidieron en la urgencia de contar con una ley que proteja a los desplazados, reconozca sus derechos y garantice justicia, reparación y condiciones seguras para un retorno digno.