FGR no entregará a EU, por ahora, a Rubén Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que ante falta de pruebas de Estados Unidos para acreditar la urgencia de detener al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitará a dicho país que complemente su petición.

El Fiscal Especializado de Control Competencial de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez, reprochó que el gobierno de EU puso en riesgo el derecho al debido proceso del gobernador por la publicación de la acusación en su contra.

Por ello, sin precisar cuál será la determinación final de la FGR sobre la petición de detención provisional con fines de extradición que realizó EU, informó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitará al gobierno de dicho país que entregue “todas las pruebas, argumentos, informes, documentos” necesarios para tomar una decisión final.

“La Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confindencialidad de la información para que la Fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional”, dijo este viernes en conferencia de prensa.

“Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional en términos de nuestra legislación y de acuerdo al paradigma del estado constitucional y democrático de derecho”, aseguró. 

Aunque el fiscal reconoció que la solicitud de la detención provisional con fines de extradición se rige por el artículo 11 del tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos y el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, que no exigen la presentación de pruebas sino la sola mención de los delitos por los que se está iniciando el proceso, Jiménez Vázquez enfatizó en la falta de todos estos documentos.

Para ello, argumentó que, debido a que la detención provisional es una restricción a los derechos humanos de las personas, esta sólo puede ser otorgada cuando existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas, pues es necesario acreditar, “más allá de toda duda razonable” por qué es urgente detener a las personas requeridas.

“El pedimento de esta detención provisional fue examinado por el área de Asuntos Internacionales con estricto apego a la normatividad derivada del tratado Bilateral de Extradición con Estados Unidos e igualmente con estricto apego al derecho aplicable a la materia vigente en nuestro país, derivado de ello concluimos que en el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”, afirmó.

“Advertimos en una primera instancia que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, destacó.

Proceso informó que el estatus procesal del asunto se encuentra en la primera etapa de las extradiciones, es decir, en la solicitud de una detención provisional con fines de extradición, lo que no implica que EU haya solicitado aún la entrega del gobernador ni las otras 9 personas implicadas en el caso.

Al respecto, el fiscal confirmó que EU aún no solicita la entrega del gobernador Rocha Moya sino únicamente su detención provisional y que la decisión de extraditarlo, si es que el proceso llega a esa etapa, recaerá finalmente en la SRE, conforme a lo dispuesto por el tratado Bilateral.

“Lo que se planteó por las autoridades estadounidenses no es la petición formal de extradición, única y exclusivamente, el pedimento se centra en las pretensión del otorgamiento de la medida cautelar de la detención provisional de las personas objeto de la acción de reclamación, consecuentemente la decisión, el pronunciamiento que haya de emitir en su momento la Fiscalía General de la República se va a circunscribir únicamente y exclusivamente al pedimento de la medida cautelar”, explicó.

“Si en un momento posterior a la decisión de la Fiscalía por conducto de la Cancillería, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía correspondiente materia del requerimiento, inicia el procedimiento formal de extradición internacional, México se apegará estrictamente a las reglas previstas para este propósito tanto en el tratado Bilateral de Extradición como en la normatividad proveniente de nuestra ley de Extradición Internacional”.

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Pediría licencia Marina del Pilar 

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.

Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.

Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.


Se estrenan Alcalde y Ramírez en la mañanera de Sheinbaum

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.

Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel. 

Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.


Cláusula del TMEC y la narcopolítica sobre México

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.

Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.

Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.

El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Estados Unidos podría aplica  la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.


El mensaje de Pérez Cuéllar rumbo a 400 días

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.

La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.

En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.

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