
Chilapa no es un episodio aislado, sino una de las zonas donde se ve con más crudeza la fragmentación criminal de Guerrero. La región cumplió seis días atrapada entre ataques con drones, balaceras, bloqueos y desplazamiento forzado por la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, dos de las al menos 16 agrupaciones delictivas que tienen partido al estado y que pelean territorio, rutas, extorsiones, economías locales y control social sobre comunidades indígenas bajo asedio desde hace años.
La crisis dejó seis personas heridas y al menos 96 desplazadas de manera oficial. Familias enteras tuvieron que abandonar sus casas o esconderse en el monte mientras los enfrentamientos cerraban caminos y mantenían incomunicadas a varias comunidades. La presión obligó al despliegue de más de mil 200 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal para intentar recuperar el ingreso a la zona.
Lo que ocurre en Chilapa abre la radiografía de un estado dividido por grupos que se disputan municipios, transporte, minería, madera, productos básicos, drogas, carreteras y control político territorial. En Guerrero, la violencia ya no se concentra en una sola plaza ni en una sola organización. Se reparte por regiones, alianzas y frentes criminales que han convertido comunidades enteras en zonas de disputa.

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La violencia reciente en Chilapa forma parte de una escalada que lleva semanas, pero las comunidades indígenas de esa zona arrastran denuncias de asedio desde 2018. Incluso recibieron medidas cautelares en 2021, sin que eso frenara los ataques.
En esa región, Los Ardillos aparecen como uno de los principales generadores de violencia contra comunidades indígenas en Chilapa de Álvarez, Zitlala y José Joaquín de Herrera. Su presencia se extiende también hacia zonas de la Montaña Alta, la Montaña Baja y el Centro de Guerrero.
La disputa actual con Los Tlacos detonó una nueva crisis humanitaria. Ya no se trata solo de enfrentamientos entre grupos armados. El impacto directo cae sobre pobladores que quedan encerrados, desplazados, sin paso seguro y bajo fuego cruzado.

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La desesperación ya salió de las comunidades y llegó a redes sociales. Mujeres desplazadas por la violencia en Guerrero difundieron un video en el que pidieron apoyo al gobierno de Estados Unidos ante lo que describen como abandono de las autoridades mexicanas.
“Pedimos el apoyo del gobierno de EUA, la presidenta no nos hace caso”, señalaron las afectadas, al exigir intervención para detener los ataques de Los Ardillos.
El mensaje exhibe el nivel de desamparo que perciben los pobladores. No solo denuncian violencia criminal. También acusan que las autoridades no han respondido con la rapidez ni la fuerza necesarias para protegerlas.
Los Ardillos surgieron alrededor del año 2000 en la región montañosa de Guerrero. En sus primeros años operaron como brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva y con el tiempo se consolidaron como una de las organizaciones más violentas del estado.
El grupo fue fundado por Celso Ortega Rosas, “La Ardilla”, un expolicía rural, junto con tres de sus siete hijos. Tras su asesinato en enero de 2011, presuntamente a manos de Los Rojos, el liderazgo quedó en manos de Celso Ortega Jiménez, Antonio Ortega Jiménez y Jorge Iván Ortega Jiménez.
Su negocio inicial fue el cultivo de amapola, la producción de heroína, la extorsión y el secuestro. Con la caída del mercado de la heroína, diversificaron sus ingresos hacia la minería de oro y plata, el narcomenudeo, el sicariato y el cobro de piso a campesinos, negocios locales, taxistas e incluso autoridades municipales.
Su presencia es fuerte en Chilpancingo, Chilapa, Tixtla, Quechultenango, Mochitlán, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Ayutla y Tecoanapa.

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Los Tlacos nacieron en 2017 como brazo armado de la Policía Comunitaria del municipio de General Heliodoro Castillo. Su origen estuvo ligado a la defensa de Tlacotepec frente al asedio criminal, pero con los años se transformaron en una organización delictiva con control territorial propio.
Su principal jefe es Onésimo Marquina Chapa, “El Necho”. Como segundo mando ha sido identificado Humberto Moreno Catalán, “El Comunitario”. Desde 2023 también han comenzado a presentarse en videos y narcomantas como Federación Guerrerense.
Los Tlacos operan con violencia extrema para mantener control sobre minería, venta de madera, extorsión a comerciantes y transportistas. También se les atribuye el control de precios y distribución de productos básicos como carne de pollo, bebidas y tortilla. Además, han sido señalados por amenazas contra periodistas y alcaldes.
Su bastión está en Tlacotepec, en General Heliodoro Castillo, pero su presencia alcanza Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Iguala, Huitzuco de los Figueroa y Chilpancingo.
La pelea entre Los Ardillos y Los Tlacos tiene como origen Chilpancingo, la capital de Guerrero. Ahí se disputa el control de la extorsión a comerciantes, transporte público, distribución de insumos y economías legales e ilegales.
Durante años existió un pacto de no agresión mediado por el obispo Salvador Rangel Mendoza. Ese acuerdo permitió que ambos grupos operaran sin invadir los negocios del otro. La tregua se rompió en mayo de 2022, tras el asesinato de un líder transportista y de un distribuidor de pollos cercanos a Los Tlacos.
Desde entonces, la capital ha vivido quema de unidades del transporte público, balaceras, extorsiones y cierres que han paralizado la vida cotidiana.
A mediados de febrero de 2024, Onésimo Marquina, “El Necho”, y Celso Ortega concretaron una nueva tregua mediante una llamada telefónica facilitada por el sacerdote Filiberto Velázquez. La violencia y el cierre de la ciudad estaban afectando los negocios legales e ilícitos de ambos grupos.
La región Centro es el corazón de la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos. Ahí también aparecen Cárteles Unidos y Los Jaleacos, este último fortalecido desde 2022 por el control de la venta de pollo.
Los Ardillos tienen dominio fuerte en Quechultenango, Tixtla y Mochitlán. Los Tlacos mantienen injerencia en Leonardo Bravo y partes de Eduardo Neri. Chilpancingo queda como zona de choque permanente entre ambos.
El control ya no se limita a drogas o armas. La pelea alcanza transporte, comercio, alimentos, cuotas, rutas y servicios básicos. En esa lógica, la población queda atrapada entre extorsión, amenazas, paros forzados y violencia armada.

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En la Montaña operan Los Ardillos y la alianza formada por Los Tlacos y Los Rojos. La zona más golpeada aparece en Chilapa de Álvarez, Zitlala y José Joaquín de Herrera, donde Los Ardillos han sido señalados como principales generadores de violencia contra comunidades indígenas.
La crisis de estos seis días expuso de nuevo la vulnerabilidad de esas comunidades. Los ataques con drones, las balaceras y los bloqueos no solo disputan terreno. Desplazan familias, vacían casas, rompen caminos y dejan a los habitantes entre la huida y el encierro.
En la zona Norte operan La Familia Michoacana, La Bandera y Los Tlacos. La Bandera surgió de la fragmentación de Guerreros Unidos.
Los Tlacos mantienen operaciones en Iguala y Huitzuco de los Figueroa, donde también se enfrentan contra remanentes de Los Rojos y células de La Familia Michoacana. En esta región se reporta control sobre precios de productos básicos, una forma de extorsión que golpea directamente el bolsillo de la población.
Taxco también aparece como uno de los municipios donde se ha intensificado la presencia de la Guardia Nacional para contener incursiones de La Familia Michoacana desde los límites con el Estado de México.
En Tierra Caliente operan La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Tequileros, aunque estos últimos con menor influencia.
Los Tequileros tuvieron históricamente su base criminal en San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y áreas de Arcelia. Actualmente, La Familia Michoacana, encabezada por los hermanos Hurtado Olascoaga, mantiene una pugna violenta por el control regional.
La Familia Michoacana controla casi toda Tierra Caliente y partes de la región Norte. También se le atribuye un aumento en el uso de drones de ataque y control sobre precios de productos básicos mediante esquemas de extorsión de mercado.

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En Costa Grande aparecen el CJNG, La Familia Michoacana, Los Granados, Los Arreola, Los Maldonado y Los Viagras.
Los Viagras tienen asentamiento específico en La Unión. Desde inicios de 2023, Los Tlacos conformaron una alianza con Los Granados, Los Maldonado y Los Arreola para frenar la expansión de La Familia Michoacana hacia estos territorios.
El CJNG mantiene presencia expansiva en Costa Grande y Tierra Caliente. También se le vincula con el uso del corredor hacia Lázaro Cárdenas, en la frontera con Michoacán, para el flujo de precursores químicos.
En Costa Chica operan Los Ardillos, la alianza Los Tlacos-Rojos, Los Carrillo, Los Añorve y una alianza entre Los Rusos y el Cártel de Caborca.
Los Ardillos tienen fuerte incursión y dominio en Ayutla y Tecoanapa. En esa región, su presencia se suma a la fragmentación criminal que atraviesa el estado y que mantiene abiertos varios frentes al mismo tiempo.
En Acapulco operan Los Rusos y el Cártel Independiente de Acapulco. De acuerdo con el mapa de seguridad estatal de 2023, estas dos agrupaciones lograron ganar terreno en el puerto turístico frente al CJNG y al Cártel de Sinaloa.
El Cártel Independiente de Acapulco sobrevive mediante extorsión a comercios turísticos y venta local de droga, pese a detenciones y debilitamiento. Los Rusos, ligados históricamente a la facción del ’Mayo’ Zambada del Cártel de Sinaloa, operan en zonas urbanas y suburbanas de Acapulco, en disputa con el CIDA y el CJNG.

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La violencia en Guerrero ya no se explica solo por el trasiego de droga. Los grupos criminales extendieron su control a productos básicos, transporte, madera, minería, pollo, tortilla, refrescos y comercios locales.
La extorsión pasó de grandes negocios a la vida diaria. El cobro de piso alcanza a comerciantes, transportistas, campesinos, taxistas y autoridades municipales. En varias zonas, los grupos imponen precios, controlan distribución y deciden quién trabaja, quién vende y quién circula.
También se ha generalizado el uso de drones con explosivos y sistemas de vigilancia en caminos rurales. En el mercado criminal, el cultivo de amapola perdió peso frente al fentanilo y las metanfetaminas, aunque Guerrero sigue como centro de acopio.
La radiografía criminal de Guerrero muestra un estado partido por regiones, alianzas y disputas simultáneas.
En el Centro chocan Los Ardillos y Los Tlacos por Chilpancingo. En la Montaña, las comunidades indígenas quedan bajo presión de Los Ardillos y de la alianza Tlacos-Rojos.
En el Norte, La Familia Michoacana, La Bandera y Los Tlacos se disputan municipios clave. En Tierra Caliente, La Familia Michoacana pelea el control regional frente al CJNG y células locales.
En Costa Grande, grupos locales se aliaron para frenar expansiones. En Costa Chica, Los Ardillos, Los Tlacos-Rojos, Los Carrillo, Los Añorve, Los Rusos y el Cártel de Caborca aparecen en el mapa. En Acapulco, Los Rusos y el CIDA disputan el puerto turístico.
Chilapa es hoy el foco más urgente, pero no el único. La violencia de estos seis días es la expresión más reciente de un estado donde el crimen organizado ya no solo disputa drogas. Disputa territorio, alimentos, transporte, minería, madera, comercio, caminos y comunidades enteras.
Con información de: Político.mx