Asociación de magistrados arremete contra Pablo Gómez
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) rechazó las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, ya que consideran que señaló sin pruebas que el Poder Judicial protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción.
“Pablo Gómez sabe perfectamente el valor del juicio de amparo porque lo ha utilizado a lo largo de su vida cuando ha sentido que su libertad estaba en riesgo o cuando ha querido defender sus derechos. Entonces, cuando le conviene, la justicia es útil; pero cuando no le favorece, acusa sin fundamentos”, argumentaron.
Mediante un comunicado, expresaron que el trabajo del titular es seguir la ley y respetar las normas tanto de México como internacionales, en lugar de hacer acusaciones sin pruebas contra el Poder Judicial y manifestaron que las declaraciones del mismo van en contra de acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado, los cuales obligan a las autoridades a proteger y respetar a los jueces, ya que su labor es defender los derechos de las personas.
Igualmente, denunciaron que el gobierno busca debilitar al Poder Judicial a través de una estrategia política, con el fin de controlar la justicia federal, y exigieron respeto a la independencia judicial, por lo que hicieron un llamado al Ejecutivo a abstenerse de difundir información falsa que afecte la confianza en el sistema judicial.
La Jufed calificó estas acusaciones como un intento de desprestigio y una ofensa contra el estado de derecho y la independencia judicial y la organización enfatizó que las personas juzgadoras no son enemigas del Estado, sino garantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
“Es lamentable que, ante su evidente incapacidad para combatir de manera efectiva al crimen organizado, el Gobierno haya optado por desviar la atención y responsabilizar a las personas juzgadoras de su propio fracaso. Esta narrativa se ha convertido en una estrategia recurrente, eludiendo su obligación de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho, y trasladando injustamente la culpa a quienes, con independencia y compromiso, aplican la ley”, enfatizaron.
Finalmente, el organismo subrayó que la justicia en México no puede ser negociada ni presionada por estrategias mediáticas.
Con información de proceso.com.mx
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