Van contra el embarazo infantil
Ciudad de México, 22/01/25 (Más / IA).- América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos en niñas menores de 15 años, registrando 53.2 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 10 y 14 años, según datos de 2021 citados por El País. Esta alarmante cifra refleja la magnitud de una crisis donde niñas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual, son obligadas a ser madres, truncando su infancia y proyectos de vida.
El 20 de enero, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un fallo contra los Estados de Ecuador y Nicaragua por haber negado a tres niñas el acceso a la interrupción legal del embarazo tras ser víctimas de violencia sexual. Este pronunciamiento es parte de un litigio internacional presentado en 2019 por organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo y Surkuna.
Desde Guatemala, Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, destacó la importancia de la educación sexual integral para prevenir la violencia sexual contra niñas y adolescentes. En su país, más de 1,500 niñas son obligadas a convertirse en madres cada año. “Esta situación se mantiene por la normalización cultural de la maternidad infantil, que impide que la sociedad reconozca la gravedad del problema”, afirmó.
Barrios también señaló que, además de prevenir la violencia, es necesario garantizar mecanismos de protección inmediata para las niñas que ya han sido víctimas. La falta de estos recursos perpetúa ciclos de impunidad y desamparo, dejando a las menores sin apoyo en un momento crítico de sus vidas.
En Ecuador, Ana Vera, integrante de la Fundación Surkuna, ha trabajado para proporcionar apoyo legal y social a niñas obligadas a la maternidad. “Cuando alcanzan la mayoría de edad, muchas de estas niñas quedan sin acceso a recursos básicos como vivienda o empleo, lo que perpetúa su situación de vulnerabilidad”, explicó. Vera aboga por políticas públicas que brinden respaldo económico y educativo a las jóvenes madres.
Catalina Martínez Coral, abogada colombiana y vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, destacó la innovación del litigio colectivo. “Presentamos estos casos de manera conjunta para mostrar que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural en la región”, afirmó. Martínez agregó que el objetivo es generar precedentes legales que obliguen a los Estados a adoptar políticas públicas más robustas para erradicar la violencia sexual y garantizar el acceso al aborto legal.
Por su parte, Marianny Sánchez Núñez, directora de Planned Parenthood en América Latina, describió la maternidad forzada como una “epidemia silenciosa”. La comunicadora señaló que, aunque las estadísticas son alarmantes, el problema sigue siendo invisibilizado. “La sociedad tiende a evitar el tema porque resulta incómodo y doloroso, pero es necesario hablar de ello para generar cambios”, subrayó.
Sánchez también enfatizó la importancia de combinar esfuerzos legales y comunicativos para transformar la percepción social sobre las maternidades forzadas. “Estas historias no pueden quedarse en simples cifras; deben servir para impulsar cambios estructurales que protejan a las niñas y sus derechos”, comentó.
El litigio colectivo no solo busca justicia para las niñas afectadas, sino también que los Estados de la región reconozcan que la maternidad forzada constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Las organizaciones involucradas esperan que las decisiones de Naciones Unidas impulsen reformas legislativas y políticas públicas que garanticen el derecho de las niñas a una infancia libre de violencia.
Con estos esfuerzos, las defensoras de derechos humanos instan a los gobiernos a priorizar la protección de las niñas y a trabajar para desmantelar las estructuras que perpetúan la violencia sexual, la impunidad y la falta de acceso a la justicia.
Con información de Massinformación.
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Avanza el gusano barrenador del ganado
De llamar la atención el primer caso de gusano barrenador del ganado en humanos. Este fue detectado en una mujer, mayor de edad, residente el municipio de Acacoyagua, en el estado de Chiapas.
Luego que fuera alertada la presencia de ganado del gusano barrenador del ganado, el pasado 21 de noviembre de 2024, en un lote de ganado introducido de contrabando; ahora, se conoce la primera afectación a una persona, por parte de esta mosca que deposita sus huevecillos en heridas y cuyas posteriores larvas devoran el tejido vivo.
Incluso, hay información que habla de que habría hasta ocho personas afectadas por esta plaga, en siete estados de nuestro país, así que lo anterior pone en evidencia, la gravedad de su presencia , luego de que fue introducida desde Guatemala, por la falta de controles sanitarios y legales adecuados en la frontera Sur de nuestro país.
También, lo anterior muestra que la plaga se está expandiendo, pese a la campaña en su contra con mosca esterilizada, lo que al parecer no es suficiente dada su presencia en varias entidades del país como son Chiapas, Tabasco y Campeche, en donde ya se han tenido reportes de casos.
Hay quienes dicen que, si esto sucede ya con humanos, habrá que imaginar lo que ocurre, por ejemplo, con la fauna, que no está exenta del ataque de esta plaga, especies a las que no hay manera de atender como es el caso del ganado u otros animales domésticos.
Así, esta plaga se está expandiendo y que, pese a no estar presente en el norte del país, ya causó grandes pérdidas económicas a los ganaderos exportadores de becerro en pie, como es Chihuahua, que por la detección de esta mosca en Chiapas, Estados Unidos cerró su frontera a la comercialización de ganado por casi tres meses. Comentan que, urgen mayores medidas de control, como puede ser entre otras, el cierre de la frontera Sur, algo que han pedido de manera insistente los productores pecuarios.
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