Liberan a dos mujeres indígenas que fueron encarceladas Oaxaca por exigir sus derechos agrarios

OAXACA, Oax. (apro).- Por exigir sus derechos agrarios, dos mujeres Ayuuk y un menor de edad fueron detenidos con violencia y encarcelados más de 24 horas por las autoridades municipales de San Miguel Quetzaltepec, además de imponerles una multa de 10 mil pesos, denunció el abogado de ASER-LITIGIO, José Pablo Antonio. 

Felipa Vásquez Ramírez y Lidia Vásquez Morales, así como un menor de 2 años de edad fueron liberados ante la presión mediática, la queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el amparo interpuesto por ASER-LITIGIO. 

Lo preocupante, dijo Pablo Antonio, es que las mujeres fueron con la Procuraduría Agraria a solicitar intervención, ante la falta de imparcialidad de las autoridades agrarias para que revisar su caso porque sus hermanos le estaban quitando el terreno que le dejó su padre en el lugar conocido en Piedra Colorada. 

Sin embargo, el personal de la Procuraduría Agraria no ayudó para buscar soluciones, sino solo los terminó confrontando y, para colmo, obligaron a las mujeres Ayuuk a que pagaran sus viáticos, la cena y el hotel. 

El abogado resaltó que Felipa Vásquez Ramírez, Lidia Vásquez Morales y el menor de 2 años de edad fueron detenidos por órdenes del síndico municipal Joel Peralta y del alcalde único constitucional. 

Detalló que la detención ocurrió la tarde del sábado, alrededor de las 18:00 horas, luego de que Felipa Vásquez denunció ante la Procuraduría Agraria la violación a sus derechos, al acusar que sus hermanos intentaban despojarla de un terreno en la zona conocida como Piedra Colorada, herencia de su padre Máximo. 

Ante la falta de imparcialidad de los representantes de Bienes Comunales, Vásquez Ramírez acudió a la Procuraduría Agraria y fue acompañada por su prima Lidia, quien fungió como intérprete de lengua Ayuuk. Esa participación motivó que ambas fueran violentadas y encarceladas por las autoridades municipales y agrarias, bajo el argumento de que sus actos contravenían las normas comunitarias. 

José Pablo Antonio denunció que las mujeres fueron privadas de la libertad durante más de 24 horas, pese a que una de ellas presenta una herida en el pie ocasionada durante la detención. Señaló que el hecho constituye una grave violación a los derechos humanos, a la autonomía indígena y al derecho de libre expresión. 

Además, las autoridades les impusieron, a cada una de las mujeres, a pagar cinco mil pesos de multa que en suma dan 10 mil pesos. 

Por lo pronto, el caso es llevado al poder judicial federal con un amparo interpuesto por ASER-LITIGIO. 

 

 

Con información de: Proceso.

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El periodista Ramón Alberto Garza, narra lo sucedido en el narcolaboratorio

El periodista Ramón Alberto Garza García, director de “Código Magenta", narró cómo fue que ocurrieron los hechos del narcolaboratorio encontrado en Morelos, señalando también como personaje central a Guillermo Zuani Portillo, ex fiscal antisecuestros de Chihuahua.

Según Garza Gracía, quien se basó en la línea de investigación de Estados Unidos, la responsabilidad recae en el mismo Zuani, a quien por cierto, le habían retirado la visa anteriormente por investigaciones del país vecino, pero como un intento de quedar bien con los Estados Unidos, les indicó en donde se encontraba el narcolaboratorio. 

Además de esto, y como doble jugada, el ex fiscal dio aviso a los criminales pertenecientes al Cártel del Chapo Isidro, para que escaparan del lugar y no lograran detección alguna, quienes a su vez, terminaron con la vida de los agentes de la AEI y los dos operadores extranjeros, como aviso a los Estados Unidos para que no realicen operaciones. 

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