
La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, acordó aprobar el dictamen de la propuesta de Declarar el día 23 de septiembre de cada año como “Día Estatal de las Lenguas de Señas”.
La iniciativa impulsada por los diputados del PAN y a la que se sumaron las demás fuerzas políticas señala que en conmemoración del 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas, reconocido por la ONU, representa la oportunidad de reflexionar sobre qué tanta empatía tenemos como sociedad hacia las personas sordas y la importancia de su lenguaje.
Este día no es solo un recordatorio de la existencia de una comunidad que enfrenta barreras diarias para comunicarse, sino también una oportunidad para cuestionarnos cuánto hacemos, como individuos y como sociedad, para incluirlas verdaderamente.
La Lengua de Señas no es solo una herramienta de comunicación, es un derecho humano que garantiza la plena participación de las personas sordas en la vida pública y privada.
A nivel estatal, la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en Chihuahua subraya la importancia de generar condiciones de igualdad para que las personas con discapacidad puedan integrarse plenamente en la vida social, económica y cultural.
Esta ley también hace un llamado claro a las autoridades para promover y facilitar la enseñanza de la lengua de señas en las instituciones educativas y la capacitación de servidores públicos para su uso en la prestación de servicios.
En Chihuahua, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, viven más de 17,000 personas con discapacidad auditiva, por eso es importante garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos relativos a las cuestiones lingüísticas y sus libertades fundamentales.

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
