
La cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, aumentó a 20 víctimas a ocho días del siniestro, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Al corte de las 10:00 horas de este miércoles 17 de septiembre, la dependencia precisó que 31 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 31 ya fueron dadas de alta.
Entre los fallecidos se encuentra Eduardo Romero Armas, de 30 años, quien murió en el Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente Narváez”. El joven se desempeñaba como repartidor de plataforma y conducía su motocicleta cerca del puente al momento de la explosión.
El 10 de septiembre, una pipa que transportaba casi 50,000 litros de gas LP volcó y explotó en esta concurrida intersección de la capital. El estallido provocó una onda expansiva de hasta 700 metros, que alcanzó a decenas de vehículos particulares, de carga y transporte público, además de dañar viviendas cercanas.
En el lugar se incendiaron al menos 32 automóviles y decenas de personas resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado, muchas de ellas de gravedad.
El puente La Concordia, donde ocurrió la tragedia, conecta varias autopistas hacia Puebla y se ubica sobre la calzada Ignacio Zaragoza, una de las principales vialidades de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La zona es considerada una de las más transitadas y pobladas de la capital.
Con información de: El economista.

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
