
Propone que el primero de septiembre de cada año se considere como el Día Estatal de la Interculturalidad
Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, propuso que el primer día del mes de septiembre de cada año, sea reconocido como el Día Estatal de la Interculturalidad, esto, como parte de una serie de esfuerzos legislativos para el reconocimiento y respeto de la naturaleza intercultural de Chihuahua.
Medina, quien es representante del distrito 22 con cabecera en Guachochi y donde se asienta la mayor parte de población indígena de Chihuahua, planteó que la iniciativa tiene un profundo sentido de derechos humanos, pues del reconocimiento de la coexistencia de diversas identidades en nuestro territorio, se desprende el reconocimiento de una serie extensa de derechos de todas las personas.
El priista hizo especial énfasis en la convivencia cotidiana entre pueblos originarios, la comunidad menonita y las poblaciones migrantes de la entidad, relación orgánica que consideró se debe proteger a través del reconocimiento público.
“Chihuahua es grande por una coexistencia impresionante de identidades que se basa en el respeto mutuo; debemos defender y visibilizar esta riqueza que nos ha permitido crecer a lo largo de los años como una tierra de inclusión, hermandad y orgullo”, señaló.
Medina precisó que del reconocimiento deben partir nuevas formas de abordar la interculturalidad desde las políticas públicas para garantizar la justicia, la equidad, el acceso a derechos y el desarrollo pleno de todas las poblaciones de la entidad.

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
