
De ser encontrado culpable de los delitos que se le imputan en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, detenido en Paraguay, y exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, podría alcanzar hasta 158 años de prisión, informó el fiscal General del Estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros.
El funcionario precisó que esta pena corresponde únicamente a los cargos de secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión, que forman parte de la carpeta de investigación contra el presunto líder del grupo delictivo conocido como “La Barredora”.
De acuerdo con la explicación del fiscal, la penalidad por secuestro va de 50 a 100 años; de 7.5 a 18 años por asociación delictuosa, y de 20 a 40 por extorsión.
A esta suma, podrían añadirse las sentencias que deriven de los delitos del orden federal que investiga la Fiscalía General de la República (FGR).
“Todavía hay mucha distancia de ello, hay que ir por varias etapas del proceso penal, pero lo estaremos informando”, subrayó Vázquez Landeros.
Por su parte, el presidente del TSJ, Efraín Reséndez Bocanegra, afirmó que todo se hará “conforme a Derecho” y rechazó que haya intereses políticos en el caso.
“De esta forma, se solicitará que sea vinculado a proceso, con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, y en su caso, se dicten las medidas cautelares correspondientes“, informaron.
Las autoridades detallaron que luego de que Bermúdez fue ingresado al penal del Altiplano, en el Estado de México, el Juez de Control evalúa las acciones para llevar a cabo las audiencias de seguimiento al proceso penal.
Bermúdez fue revisado por un médico especialista que dio cuenta de su óptima integridad física; y con pleno respeto a sus derechos humanos, se le dio acceso a la defensa que designe, a la carpeta de investigación que se le inició.
Con información de El Financiero.

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
