Ley de Amparo: qué propone la reforma de Sheinbaum y por qué genera polémica
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa legislativa una ambiciosa reforma a la Ley de Amparo y a un conjunto de leyes secundarias, una iniciativa que, según el Ejecutivo, busca hacer la justicia más "rápida y expedita", pero que ha encendido las alarmas en sectores de la oposición y la sociedad civil por sus posibles implicaciones en la protección de los derechos humanos.
La propuesta, enviada al Senado de la República esta semana, forma parte de un segundo paquete de leyes derivado de la reforma constitucional al Poder Judicial y toca el corazón del sistema de defensa de los ciudadanos frente a los actos de autoridad: el juicio de amparo.
¿Qué busca cambiar la iniciativa? Los puntos clave de la reforma
El objetivo central, según ha enfatizado la presidenta Sheinbaum, es agilizar los procesos judiciales y evitar que el amparo sea utilizado como un "refugio para quienes buscan evitar la justicia".
La reforma no solo modifica la Ley de Amparo, sino que impacta al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación y otras normativas clave.
Los cambios más significativos se concentran en tres áreas:
1. Freno al descongelamiento de cuentas por "lavado": uno de los puntos más relevantes es limitar la suspensión en juicios de amparo relacionados con el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El gobierno argumenta que esta medida es crucial para combatir el lavado de dinero.
- De acuerdo con el proyecto, entre diciembre de 2018 y agosto de 2025, se han desbloqueado mediante amparos cuentas por un monto de 27,000 millones de pesos, lo que equivale al 54.4% del total bloqueado por la UIF en ese periodo.
- La iniciativa propone que la suspensión provisional nunca proceda en estos casos. Sin embargo, una persona sí podrá obtener la suspensión definitiva si logra acreditar ante un juez el origen lícito de sus recursos.
2. Agilizar el cobro de impuestos: la reforma busca poner fin a la práctica de interponer "un amparo sobre otro amparo" para postergar indefinidamente el pago de deudas fiscales, un proceso que, según las autoridades, puede extenderse por más de 20 años. La idea es que la defensa se concentre en un solo juicio de amparo contra el acto final y no se utilice para dilatar cada paso del proceso de cobro.
3. Modernización y justicia digital: la propuesta incorpora el uso de herramientas tecnológicas para crear un "juicio de amparo verdaderamente digital" con plena validez legal, sin eliminar el procedimiento documental tradicional. También se establecen plazos claros, como un máximo de seis meses para la resolución de juicios fiscales en vía sumaria.
La Polémica: ¿Parlamento Abierto o "Fast Track"?
El "cómo" se debe procesar la reforma ha generado un choque de visiones en el Senado.
Por un lado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, ha sostenido que "urge concretar" la iniciativa por ser el "andamiaje jurídico" del nuevo Poder Judicial. Afirmó que no se ha contemplado un Parlamento Abierto, argumentando que el proyecto ya es resultado de consultas previas y representa "el sentir de la población".
En el caso opuesto, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado, considera necesario un mecanismo de consulta con expertos, "llámese como se le llame".
El legislador advirtió que el amparo es el "instrumento más importante para la protección de los derechos humanos" y que abrir la discusión mejora los proyectos.
Una de sus principales preocupaciones es la modificación del "interés legítimo", pues teme que se pueda restringir el acceso a la justicia para grupos vulnerables o en la defensa de derechos colectivos, como los ambientales.
En ese sentido, el gobierno de México, a través del Coordinador General de Política y Gobiern, Arturo Zaldívar, aseguró que la reforma no limita esta figura, sino que simplemente aclara sus elementos basándose en jurisprudencia ya existente de la Suprema Corte para facilitar su aplicación.
Controversias Políticas
El debate técnico se vió salpicado por la aparición de demandas de amparo a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador,quienes negaron haberlas promovido, fue calificada por Zaldívar como un "uso abusivo, interesado para golpear" políticamente.
La presidenta Sheinbaum sugirió que este caso es un ejemplo del abuso del amparo y que "vale la pena que se incorpore este tema en la discusión" legislativa para definir mejor en qué casos una persona puede amparar a otra.
Con información de El Economista.
Tips al momento
Pediría licencia Marina del Pilar
Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.
Se estrenan Alcalde y Ramírez en la mañanera de Sheinbaum
Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.
Cláusula del TMEC y la narcopolítica sobre México
El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.
El mensaje de Pérez Cuéllar rumbo a 400 días
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
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