Gobierno de Mara Lezama acelera permisos con vicios legales para Royal Caribbean
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Proceso).- El gobierno de la morenista Mara Lezama Espinosa en Quintana Roo inició la defensa legal de los intereses de la transnacional estadunidense Royal Caribbean, que busca construir en la localidad costera de Mahahual el parque acuático Perfect Day sobre una zona de alta sensibilidad ecológica, proyecto representado por un exfuncionario estatal.
Para lograr su objetivo, la empresa de origen extranjero, gigante en la industria de los cruceros, logró en alrededor de 30 días, entre noviembre y diciembre, el aval de autoridades estatales y municipales para un cambio de uso de suelo sobre 107 hectáreas de ecosistema costero, en medio de vicios legales denunciados por activistas ante la falta de consulta pública a la población local, como establece la normativa en materia ambiental y de desarrollo urbano.
El proyecto fue presentado en agosto de 2025 frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, donde la gobernadora Lezama Espinosa expuso una inversión por más de 260 millones de dólares para la ejecución del proyecto, que hasta ahora no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Pese a la falta de este último requisito se han señalado trabajos adelantados, que el pasado 30 de enero fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con el propósito de frenar las obras consentidas por las autoridades de esta entidad, en una localidad costera al sur de Quintana Roo, donde se busca detonar un nuevo polo turístico alejado de Cancún y la Riviera Maya.
Autoridades meten las manos por Royal Caribbean
Entre los últimos días de enero y los primeros de este mes, la jueza federal Reyna Oliva Fuentes López, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Chetumal, determinó frenar la entrega de cualquier anuencia en favor de la empresa estadunidense, tras dos suspensiones de amparo tramitadas por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Las medidas, en vez de ser impugnadas por la propia Royal Caribbean, fueron inmediatamente apeladas primero por Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco (Chetumal) de extracción morenista, donde se ubica Mahahual; y luego por José Alberto Alonso Ovando, que ocupó puestos importantes durante la administración del exgobernador priista Roberto Borge Angulo, hoy preso, y que ahora se encarga de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del gobierno de Mara Lezama.
Entre los argumentos presentados ante la jueza federal para anular las suspensiones, exponen que la asociación civil no se encuentra afectada al no habitar a un lado del terreno objeto de la controversia, es decir, no cuentan con el interés legítimo para impugnar el aval entregado en favor de Royal Caribbean por ambas autoridades.
En contraparte, DMAS expone que sí están legitimados porque su fin es defender derechos ambientales. Reclama la celeridad con la que se autorizó la sobredosificación de Mahahual para la ejecución del proyecto, en una comunidad costera de apenas dos mil 600 habitantes con escasez de servicios públicos y frágil ecosistema costero, que prevé se verá impactada por las obras del parque acuático con la construcción de edificios de hasta 63 metros de altura.
En el expediente 4/2026 de demanda de amparo indirecto, de donde se desprende la paralización de las obras, se establece que tanto el ayuntamiento de Othón P. Blanco como la Sedetus guardan importante relación en la modificación del cambio de uso de suelo.
Lo anterior porque se hizo sin la participación de los habitantes de dicha localidad, es decir, en fast track y sin anunciarse a la población interesada, como establece la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.
Con esto, Royal Caribbean, tal como ha denunciado DMAS, busca acaparar la poca infraestructura de drenaje con la que cuenta la localidad y el recurso hídrico para el parque acuático, además del probable daño ambiental que ocasionará.
Hasta ahora la Semarnat no ha aprobado el proyecto, tras la solicitud de permisos efectuada por la empresa en enero último.
Al cierre de esta información, el 3 de febrero último, la impugnación presentada por la presidenta municipal de Othón P. Blanco fue desechada por magistrados federales de Quintana Roo, mientras que el otro recurso promovido por el gobierno del estado aún persiste.
El martes 3 la gobernadora Mara Lezama declaró en Cancún que el proyecto Perfect Day es una gran inversión financiera con actores en favor y otros contra su ejecución.
“Les daremos siempre sí a los desarrollos sostenibles y sustentables, cuidadosos del medio ambiente. Es una gran inversión, lo hemos platicado y estaremos en espera de que se dé la resolución”, dijo Lezama Espinosa, aunque no habló sobre la intervención de su gobierno en favor de Royal Caribbean.
Exfuncionario de Mara Lezama, ligado a Royal Caribbean
No obstante, en el entramado en favor de Perfect Day de la naviera Royal Caribbean sale a relucir el nombre de Ari Adler Brotman, quien hasta julio de 2025 se desempeñaba como director general del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, con un sueldo mensual de 28 mil 510 pesos.
En agosto del año pasado, según notas de prensa de medios de comunicación quintanarroense, Adler Brotman fue nombrado presidente de Royal Caribbean Group México para verificar la ejecución del proyecto Perfect Day.
De acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía de México, el 27 de octubre el exfuncionario del gobierno de Mara Lezama fue nombrado apoderado legal de Promociones Turísticas Mahahual, SA de CV, una de las sociedades mercantiles con las que Royal Caribbean hace frente a sus intereses legales.
Documentos consultados por Proceso confirman que el 3 de noviembre de 2025 Brotman solicitó el cambio de uso de suelo y modificación del PDU de Mahahual para permitir la ejecución de Perfect Day; ocho días después se aprobó el dictamen en favor de la trasnacional, el cual fue publicado para su entrada en vigor el 5 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
El proceso legal, se prevé, tardará varios meses más en resolverse.
Con información de Proceso.
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Más dinero a cuba
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Calma en el Centro: calles vacías este Viernes Santo
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Circula en redes presunto incidente de Andrea Chávez en aeropuerto de Ciudad Juárez
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De acuerdo con el testimonio compartido por un usuario, algunos pasajeros habrían presenciado una actitud “prepotente y altanera” por parte de la legisladora hacia personal del aeropuerto y la tripulación. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial ni confirmación por parte de la propia senadora o autoridades aeroportuarias.
La publicación ha generado reacciones divididas entre usuarios, quienes cuestionan la veracidad de los hechos. Otros, en cambio, han retomado el tema para criticar la imagen pública de la funcionaria.
Noroña afirma que políticos de la 4T no están obligados a ser austeros
En una reciente declaración el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña afirmó que pertenecer a la 4T no implica un compromiso de vida austera para sus integrantes.
Señaló que la austeridad debe ser una norma para el gasto gubernamental y el ejercicio del poder, mas no una restricción para la vida privada.
Esto en defensa sobre los cuestionamientos sobre el patrimonio y los negocios de los hijos del exmandatario López Obrador.
Cuestionan en redes uso de camión ligado a ruta alimentadora en Juárez
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El mensaje, acompañado de una fotografía, señala: “Ayer viernes 27 de marzo me tocó tomar un Riveras y que me encuentro con la unidad T-001 que antes servía de ‘ruta alimentadora’ de la Gómez Morín. La duda es ¿Estos camiones no pertenecían a gobierno del estado? Aquí se da uno cuenta de las tracalas que tiene el gobierno con los concesionarios”.
La imagen muestra una unidad siendo utilizada como transporte público de concesionarios, lo que ha despertado dudas sobre si se trata de un vehículo que anteriormente formaba parte del sistema de transporte operado por el Gobierno del Estado, particularmente en el esquema de rutas alimentadoras vinculadas al corredor Gómez Morín.
El tema ha generado reacciones entre usuarios, quienes por un lado cuestionan la posible falta de transparencia en el manejo de unidades públicas, mientras que otros señalan la necesidad de mejorar la cobertura del servicio.
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