Empresa de cercano a Adán Augusto logra suspender sanción y podrá participar en procesos de contratación gubernamental

Avacor SA de CV, propiedad de Carlos Prats García, empresario cercano al senador Adán Augusto López, logró librar, por ahora, la inhabilitación de dos años y medio que le había impuesto el gobierno federal.

El 29 de enero pasado, la Séptima Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó una suspensión definitiva en contra de la inhabilitación, por lo que la empresa podrá seguir participando en procesos de contratación gubernamental.

De acuerdo con la resolución del Tribunal, la Secretaría Anticorrupción no podrá registrar a la empresa en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados y en Compranet hasta que la autoridad judicial “resuelva sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado en el juicio en que se actúa y la misma quede firme”.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó el 17 de febrero en el Diario Oficial la suspensión del registro de inhabilitación, impuesta a Avacor en julio de 2025.

La autoridad argumentó que Avacor había proporcionado información falsa en la licitación LA-27-703-027703982-N-15-2024 para la adquisición de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección, solicitado por la Secretaría de Hacienda.

En diciembre de 2024, Latinus publicó un reportaje en el cual reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana habían entregado 32 contratos por más de mil millones de pesos a Avacor y Grupo Servicorvel, empresas que inflaron precios y simularon competencia.

Las compañías están vinculadas a Carlos Prats García, empresario cercano a Adán Augusto López Hernández, excoordinador de los senadores de Morena.

Prats García es hijo de Carlos Prats Pérez, secretario de Educación estatal cuando Adán Augusto López era parte de la administración de Manuel Gurría Ordóñez, gobernador de Tabasco de 1992 a 1994.

Las empresas vendieron boinas, fornituras, equipo antimotín y escudos para el Ejército y la Guardia Nacional.

Avacor es propiedad del matrimonio formado por Prats García y Anna Viesca Sánchez, quien también compitió en licitaciones como persona física. Mientras que en Servicorvel, el socio mayoritario es Carlos Manuel Velázquez Rosillo, empleado de Avacor.

 

Con información de Latinus 

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Más dinero a cuba

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Calma en el Centro: calles vacías este Viernes Santo

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Circula en redes presunto incidente de Andrea Chávez en aeropuerto de Ciudad Juárez

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De acuerdo con el testimonio compartido por un usuario, algunos pasajeros habrían presenciado una actitud “prepotente y altanera” por parte de la legisladora hacia personal del aeropuerto y la tripulación. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial ni confirmación por parte de la propia senadora o autoridades aeroportuarias.

La publicación ha generado reacciones divididas entre usuarios, quienes cuestionan la veracidad de los hechos. Otros, en cambio, han retomado el tema para criticar la imagen pública de la funcionaria.

 


Noroña afirma que políticos de la 4T no están obligados a ser austeros

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Señaló que la austeridad debe ser una norma para el gasto gubernamental y el ejercicio del poder, mas no una restricción para la vida privada.

Esto en defensa sobre los cuestionamientos sobre el patrimonio y los negocios de los hijos del exmandatario López Obrador.


Cuestionan en redes uso de camión ligado a ruta alimentadora en Juárez

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El mensaje, acompañado de una fotografía, señala: “Ayer viernes 27 de marzo me tocó tomar un Riveras y que me encuentro con la unidad T-001 que antes servía de ‘ruta alimentadora’ de la Gómez Morín. La duda es ¿Estos camiones no pertenecían a gobierno del estado? Aquí se da uno cuenta de las tracalas que tiene el gobierno con los concesionarios”.

La imagen muestra una unidad siendo utilizada como transporte público de concesionarios, lo que ha despertado dudas sobre si se trata de un vehículo que anteriormente formaba parte del sistema de transporte operado por el Gobierno del Estado, particularmente en el esquema de rutas alimentadoras vinculadas al corredor Gómez Morín. 

El tema ha generado reacciones entre usuarios, quienes por un lado cuestionan la posible falta de transparencia en el manejo de unidades públicas, mientras que otros señalan la necesidad de mejorar la cobertura del servicio.

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