Washington D.C. 05/05/26 (Más).- El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia a México a través de su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que exige mayores resultados en el combate al narcotráfico, incluyendo más detenciones y extradiciones de líderes criminales.
El documento establece que la cooperación y ayuda estadounidense estarán condicionadas a “resultados tangibles”, en una creciente presión para frenar la producción y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.
La información, contenida en el Documento Estrategia Nacional Antidrogas 2026 emitido por la Casa Blanca, detalla que las autoridades estadounidenses buscan una colaboración más estricta y medible por parte del gobierno mexicano, particularmente en la incautación de precursores químicos, la reducción de la producción de drogas y el combate directo a los cárteles.
El plan señala que el Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra, encabezará los esfuerzos diplomáticos y judiciales para garantizar que México intensifique sus acciones contra las organizaciones criminales transnacionales.
Según el documento, se pretende “asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible” para desmantelar estas estructuras delictivas.
Entre las medidas planteadas, se contempla fortalecer la coordinación bilateral mediante programas de capacitación para funcionarios mexicanos, intercambio de inteligencia, mejoras en seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas.
No obstante, el gobierno estadounidense advierte que “esta ayuda estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes” de organizaciones criminales.
La estrategia también plantea endurecer las sanciones económicas contra empresas o entidades que faciliten el tráfico ilícito de drogas. En ese sentido, advierte que se impondrán castigos significativos a quienes no protejan sus cadenas de suministro frente a la infiltración de organizaciones criminales, como parte de un enfoque que busca combatir el problema “desde su origen”.
Otro de los ejes centrales es el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en territorio mexicano, especialmente aquellos dedicados a la producción de drogas sintéticas.
El documento destaca que un componente fundamental será impedir el acceso a equipos utilizados en la fabricación de estupefacientes, como prensas de pastillas y moldes empleados por los cárteles.
La estrategia incluye además una “campaña mundial contra las amenazas de la delincuencia transnacional y el terrorismo extranjero”, en la que se subraya que los involucrados en el narcotráfico serán perseguidos también como terroristas, tras la designación de varios cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
El gobierno estadounidense advierte que buscará desmantelar estas redes “desde los líderes hasta los distribuidores de bajo nivel”, así como incautar sus activos y destruir sus estructuras logísticas.
En materia de control de armas, el documento reconoce la necesidad de frenar el flujo de armamento desde Estados Unidos hacia México, al considerarlo un factor clave en el fortalecimiento de los grupos criminales. Para ello, se impulsará la iniciativa “Crime Gun”, que contempla el rastreo de armas mediante sistemas de inteligencia balística y la identificación de rutas de tráfico ilegal.
Finalmente, la estrategia establece metas concretas hacia 2026 y 2029, como el incremento en la incautación de drogas, armas y precursores químicos, así como el aumento en el número de organizaciones criminales desmanteladas.
El documento advierte que la producción y tráfico de drogas sintéticas desde México representa un desafío serio para la salud pública en Estados Unidos, mientras que la frontera entre ambos países continúa siendo la principal vía de entrada de estas sustancias ilícitas.
Con información de Massinformación.
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Pediría licencia Marina del Pilar
Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.
Se estrenan Alcalde y Ramírez en la mañanera de Sheinbaum
Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.
Cláusula del TMEC y la narcopolítica sobre México
El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.
El mensaje de Pérez Cuéllar rumbo a 400 días
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
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