El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, sostuvo que cuando existen algunas imprecisiones procesales legislativas es la Junta de Coordinación Política del Congreso la que resuelve, como es el caso de llamar a reunión informativa al alcalde de Juárez, Guillermo Ramírez, pues no existe facultad de llamarlo a comparecer.
“Es un tema que tiene la Junta de Coordinación Política, se tomó un acuerdo de revisar los videos y algunos acuerdos que se tomaron ahí para actuar en consecuencia, dependiendo de eso, pero está en la Junta de Coordinación Política”, dijo el legislador.
Respecto a que Cuauhtémoc Estrada dijo que compete a la presidencia llamar a comparecer, el presidente del Congreso aclaró “hay ciertas lagunitas por ahí, por decirlo de esa manera, en donde no se acordó bien en el pleno, cuándo, fecha, en dónde, ese es un tema que tiene que resolver la Junta de Coordinación Política y que lo está resolviendo y que a la brevedad estaremos, creo yo, citando para poder hablar del tema de la comparecencia”.
Confirmó que el Congreso no tiene facultades para llamar a comparecer un alcalde, “no tenemos facultades para que venga a comparecer el alcalde, de manera vinculante, no”.
En relación a si el alcalde Cruz Pérez Cuéllar vino al Congreso a retar a los diputados, el congresista Guillermo Ramírez refirió, “no, yo no diría eso, yo creo que el alcalde vino de visita al Congreso”.

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
