FGR investiga posibles irregularidades en operativo de Chihuahua en el que estuvieron involucrados agentes de la CIA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una nueva línea de investigación para determinar si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua invadió competencias federales durante la planeación y ejecución de un operativo por un supuesto narcolaboratorio en el que estuvieron involucrados agentes de la CIA, realizado los días 17 y 18 de abril, en el municipio de Morelos, Chihuahua.

La dependencia recordó que, de acuerdo con la Ley General de Salud, corresponde únicamente a la Federación investigar, perseguir y sancionar delitos relacionados con delincuencia organizada y laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.

Señaló que los temas vinculados con seguridad nacional y política exterior son atribuciones exclusivas del gobierno de México, por lo que las entidades federativas no pueden establecer alianzas o acciones con gobiernos extranjeros.

De esta manera, la FGR integró dos carpetas de investigación, una por la posible responsabilidad de los servidores públicos que permitieron la participación de los agentes dela CIA y otra por delitos contra la salud contra los propietarios del narcolaboratorio.

FGR detecta anomalías en operativo

Asimismo, la FGR señaló que elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal detectaron diversas anomalías. Entre ellas, que autoridades estatales no entregaron formalmente la cadena de custodia ni los indicios y sustancias encontradas en el sitio.

Detalló que, hasta ahora, el lugar se mantiene resguardado por fuerzas federales y que no ha sido desmantelado, ya que actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados, en cumplimiento al marco normativo aplicable y bajo las condiciones más seguras para el personal interviniente.

“Lo más destacable al respecto es reiterar que la FGR trabaja en el esclarecimiento de los hechos para dar con las personas responsables que participaron en los mismos”, sostuvo.

La Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos informó que ya concluyeron las entrevistas ministeriales de varias personas relacionadas con el caso. Sin embargo, siete personas citadas no acudieron a comparecer, por lo que serán llamadas nuevamente en los próximos días.

La FGR también adelantó que podrían ser entrevistados otros servidores públicos estatales conforme avancen las líneas de investigación.

Versiones contradictorias por el operativo

Desde el 21 de abril pasado, el día del accidente en el que perdieron la vida los dos agentes de la CIA, el caso ha estado marcado por contradicciones. Autoridades estatales señalaron primero que los estadounidenses participaban como “instructores” en labores de capacitación. Posteriormente, se reconoció que estaban vinculados a acciones en campo, y más tarde se confirmó su pertenencia a una agencia de inteligencia.

El propio fiscal estatal César Jáuregui Moreno cambió varias veces de versión en cuestión de días, lo que erosionó la credibilidad institucional y aceleró su salida. En su renuncia, el ahora exfiscal argumentó en conferencia de prensa, que su decisión buscaba no entorpecer las investigaciones en curso, en un contexto de presión creciente tanto a nivel local como federal.

Sin embargo, los hechos exhibieron vacíos en la coordinación entre autoridades mexicanas y agencias extranjeras y expertos destacaron que e elemento central no es la muerte de los agentes, sino su presencia en territorio mexicano en tareas operativas sin autorización federal, lo que abre la puerta a una posible violación constitucional. A ello se suma la opacidad en la información, con datos que han surgido de manera fragmentada y con cambios constantes en la narrativa oficial.

Además, reportes citados en medios como Los Angeles Times apuntan a que no se trataría de un hecho aislado, sino de una posible dinámica de colaboración recurrente con agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua, lo que amplía el alcance del escándalo.

El caso también escaló rápidamente al plano político nacional. Legisladores exigieron explicaciones, se plantearon posibles comparecencias de funcionarios estatales y se abrió un debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Con información de Animal Político.