Al argumentar falta de pruebas y de colaboración por parte de autoridades fiscales y jurisdiccionales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró, por unanimidad, infundado el procedimiento sancionador contra Pio López Obrador por haber recibido fajos de dinero en 2015 de parte de David León.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, indicó que este asunto —que data del 2020— se resolvió en esta fecha debido a que el instituto se encontraba al límite de la prescripción de los delitos investigados.
Afirmó que tras revisar diversa información con la que pudo contar el INE, no se encontraron elementos para determinar que el dinero recibido por Pio López Obrador fue destinado a campañas políticas de Morena, toda vez que no hubo rastro bancario en cuentas de David León y del hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijo que la Unidad Técnica verificó documentación soporte, registros contables, consideró peritajes técnicos al material audiovisual, “y de nada de ello se obtuvo lo suficiente para acreditar la conducta denunciada, no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto y carácter partidista del efectivo observado, por lo tanto, la conducta no se acredita”.
El consejero Jaime Rivera votó a favor del acuerdo, aunque resaltó “hay casos en que la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica”.
Recordó que en un video —difundido por Latinus en 2020— se mostró la entrega de dinero en efectivo de David León a Pío López Obrador; “muchos miramos y escuchamos y vimos el diálogo por medio de una prueba técnica que deja en evidencia un hecho”, aseveró.
Resaltó que días después, un testigo de calidad —en referencia a David León— dijo públicamente que ese dinero eran aportaciones al movimiento.
Jaime Rivera resaltó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales se resistió a entregar sus investigaciones, aunque un juez le ordenó entregar la información, por lo que el 15 septiembre 2022 remitió al INE su carpeta de investigación de este caso, aunque no había información sobre el destino del dinero.
Dijo que dicha fiscalía tiene más facultades y medios de investigación que el INE, pero en noviembre del 2022 la FGR decidió no ejercer acción penal porque argumentó que los videos fueron alterados en el proceso de postproducción.
El consejero indicó que el INE hizo sus diligencias, pero resultaron infructuosas.
La consejera Dania Ravel destacó que el órgano electoral nacional solicitó información de este caso al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría de Chiapas, pero negaron tener información.
Con información de Latinus.