Pío López Obrador libra sanción del INE por caso donde recibe dinero de David León Romero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió hoy no sancionar a Pío López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por el dinero que recibió de David León Romero, entonces funcionario del gobierno chiapaneco de Manuel Velasco, en una célebre escena que fue grabada y difundida por el medio Latinus en agosto 2020. 

Los consejeros denunciaron que varias instituciones, incluyendo la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) –la cual determinó el no ejercicio de la acción penal en 2022-- y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se negaron a entregar información al INE en el marco de su investigación. 

En el caso del dinero entregado a Pío López Obrador, que el expresidente calificó como “aportaciones al movimiento”, la consejera Carla Humphrey recalcó que la Unidad de Fiscalización del INE pidió información a diversas instituciones, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no encontró irregularidades financieras ni evidencias de que los recursos eran aportaciones prohibidas en efectivo, y no reportadas por Morena. 

Los representantes de los partidos de oposición aprovecharon el tema para denunciar la corrupción en Morena y la complicidad de la fiscalía para cubrir el caso con impunidad; los representantes del oficialismo, por su parte, negaron que la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) fuera un “fallo político”, pues afirmaron que se trató de una “resolución plenamente jurídica” que respetó la presunción de inocencia. 

El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón Saavedra, denunció por su parte que los videos muestran la “clara finalidad” de destinar el dinero “al movimiento de Morena y en consecuencia a actividades político-electorales”, y recalcó que se trata de “corrupción a la vista de todos”. Momentos más tarde, enumeró los casos de figuras de Morena envueltas en controversias, desde Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador, hasta el senador Adán Augusto López Hernández. 

Marcela Guerra, del PRI, recordó que el propio presidente reconoció que se trataba de dinero para el movimiento, por lo que denunció “uso indebido del poder, pues son influencias, es el hermano del señor Presidente y hay un recursos ilícito que no se sabe el origen y tampoco se sabe el destino”. 

“El INE ahora, bajo su propia autonomía, en su propio procedimiento, coincide en que en este asunto no se configuró alguna irregularidad”, presumió el diputado de Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, quien aseveró que concluir el expediente “es un acto de institucionalidad, imparcialidad”. 

Sin embargo, del lado de los consejeros, el discurso estuvo más bien enfocado en que la Unidad de Fiscalización no pudo ir hasta el fondo del asunto. El consejero Jaime Rivera deploró el actuar de la FISEL, la cual dio carpetazo al caso de Pío López Obrador sin aclarar el origen y el destino del dinero que se observa en el video, bajo el pretexto que dichos videos fueron “alterados en el proceso de posproducción”. “Ante esta conclusión, ¿Qué puede hacer el INE?”, lamentó el consejero. 

En el mismo tono, la consejera Dania Ravel criticó la levedad del peritaje de la FISEL que desvirtuó la autenticidad de los videos por no acreditar su origen, con lo que desestimó “la prueba más importante”, deploró, y agregó que las autoridades financieras no reportaron investigaciones ni movimientos irregulares en Morena. “No tenemos mayores elementos para poder hacer un pronunciamiento distinto al que se está haciendo en este proyecto”, dijo. 

Durante su exposición, Carla Humphrey recalcó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se negó a entregar al INE la información que solicitó, lo que “representó un obstáculo importante para profundizar ciertas líneas de investigación”. 

Y después de una investigación de cinco años, abundó Humphrey, el área del INE determinó que el video no podía acreditaba el uso irregular de recursos, aunque la consejera sostuvo que el caso “nos llama a la urgencia de fortalecer nuestras herramientas en materia de fiscalización y la obligación legal de todas las autoridades aportar información cuando esta autoridad lo solicite en materia de fiscalización”. 

Con información de: Proceso.