Congreso de Chiapas aprueba penas por uniones forzadas de menores

Tras la presión de denuncias públicas por matrimonios infantiles y uniones informales obligadas en pueblos y comunidades indígenas, el Congreso del estado de Chiapas aprobó reformas al Código Penal para sancionar estas prácticas, con penas de 8 a 15 años de prisión y multas de mil a 2 mil 500 días de salario mínimo, que aumentan cuando la víctima pertenece a comunidades indígenas o afro mexicanas.

Las reformas castigan a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho a vivir de manera informal con otra persona. El dictamen reconoce que estas prácticas, justificadas bajo los llamados “usos y costumbres”, vulneran derechos, libertades y la dignidad humana, además de afectar de forma directa a niñas y adolescentes.

Desde tribuna se señaló que la iniciativa responde a una de las demandas ciudadanas más sentidas y que no se dirige contra las tradiciones comunitarias, sino contra prácticas que encubren violencias graves. “Las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia”, se afirmó durante la discusión, al advertir que ninguna costumbre puede colocarse por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez.

La aprobación de las reformas ocurrió casi un mes después de que una niña tsotsil de 13 años dio a luz en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, tras un embarazo de alto riesgo que puso en peligro su vida y la del recién nacido, un caso que evidenció las consecuencias de estas uniones y reavivó la exigencia de sanciones claras frente a esta realidad.

Tips al momento

Circula en redes presunto incidente de Andrea Chávez en aeropuerto de Ciudad Juárez

En redes sociales comenzó a difundirse una publicación en la que se señala a la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, de haber protagonizado un momento incómodo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, luego de presuntamente perder un vuelo con destino a Cancún.

De acuerdo con el testimonio compartido por un usuario, algunos pasajeros habrían presenciado una actitud “prepotente y altanera” por parte de la legisladora hacia personal del aeropuerto y la tripulación. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial ni confirmación por parte de la propia senadora o autoridades aeroportuarias.

La publicación ha generado reacciones divididas entre usuarios, quienes cuestionan la veracidad de los hechos. Otros, en cambio, han retomado el tema para criticar la imagen pública de la funcionaria.

 


Noroña afirma que políticos de la 4T no están obligados a ser austeros

En una reciente declaración el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña afirmó que pertenecer a la 4T no implica un compromiso de vida austera para sus integrantes.

Señaló que la austeridad debe ser una norma para el gasto gubernamental y el ejercicio del poder, mas no una restricción para la vida privada.

Esto en defensa sobre los cuestionamientos sobre el patrimonio y los negocios de los hijos del exmandatario López Obrador.


Cuestionan en redes uso de camión ligado a ruta alimentadora en Juárez

Una publicación en redes sociales comenzó a circular este fin de semana, generando cuestionamientos entre usuarios del transporte público en Ciudad Juárez, particularmente en torno al origen y uso de algunas unidades.

El mensaje, acompañado de una fotografía, señala: “Ayer viernes 27 de marzo me tocó tomar un Riveras y que me encuentro con la unidad T-001 que antes servía de ‘ruta alimentadora’ de la Gómez Morín. La duda es ¿Estos camiones no pertenecían a gobierno del estado? Aquí se da uno cuenta de las tracalas que tiene el gobierno con los concesionarios”.

La imagen muestra una unidad siendo utilizada como transporte público de concesionarios, lo que ha despertado dudas sobre si se trata de un vehículo que anteriormente formaba parte del sistema de transporte operado por el Gobierno del Estado, particularmente en el esquema de rutas alimentadoras vinculadas al corredor Gómez Morín. 

El tema ha generado reacciones entre usuarios, quienes por un lado cuestionan la posible falta de transparencia en el manejo de unidades públicas, mientras que otros señalan la necesidad de mejorar la cobertura del servicio.

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