Desapariciones forzadas en México alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad: ONU
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por considerar que el nivel de desapariciones en México ha alcanzado niveles de crímenes de lesa humanidad, el Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) turnó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres una resolución sobre la situación del país para someterla a la Asamblea General para “para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
En su resolución dada a conocer este jueves, el CED concluyó que hay “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, sostiene un comunicado emitido desde Ginebra, Suiza, sede del CED.
En apego a la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el CED tomó la determinación de elevar el caso México a la Asamblea General de la ONU, tras haber dado seguimiento a la situación desde 2012, a través de exámenes periódicos, de la visita al país en 2021 y las acciones de solicitudes de acciones urgentes presentadas por familiares de las víctimas, a lo que se suma información presentada por el Estado Parte y la sociedad civil.
Sobre la posición del Estado mexicano, que se había mantenido oculta hasta ahora, se advierte que fue presentada el 18 de septiembre de 2025, documento en el que argumentó que “no existe en México un plan, política o línea de conductas atribuibles al Estado que busque atacar a la población civil”, y consideró que las desapariciones “se deben a acciones criminales aislado de grupos armados y no constituyen una política generaliza o sistemática del Estado”.
El Estado mexicano desestimó información presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una de decenas de organizaciones que aportaron información al CED, que presentó casos de Coahuila, Nayarit y Veracruz, mismos que están siendo litigados en la Corte Penal Internacional, y que las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mismo que no distingue “entre desapariciones y desapariciones forzadas (…), no pueden usarse para sostener que existen desapariciones forzadas generalizadas en el país”.
Para el Estado mexicano, “no se satisfacen los requisitos de generalización ni sistematicidad y que no hay indicios de aquiescencia o conocimiento por parte de las autoridades”.
Cabe destacar que el RNPDNO contempla más de 130 mil personas desaparecidas, y que una de las recomendaciones que Mexico no acató del CED fue precisamente hacer la distinción entre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares.
El Comité reconoció que, si bien el RNPDNO tiene esas características, “la magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación”, más aún si se considera “el continuo hallazgo de osas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de que unos 72 mil restos humanos no identificados”.
En sus consideraciones, el CED advirtió que, a pesar de las medidas tomadas a partir de 2021 por el Estado mexicano después de su visita en 2021, “la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles”.
El Comité advirtió que “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”.
Aun cuando el CED reconoce en sus conclusiones que no hay indicios de una directriz para que se cometan desapariciones ni que haya una “omisión deliberada”, se advierte “la falta de medidas eficaces para prevenir las desapariciones forzadas en el territorio nacional y sancionar a los perpetradores que ha contribuido a fomentar un clima e inseguridad e impunidad y a crear las condiciones en las que se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad”.
El Comité puso a consideración de la Asamblea General de la ONU la necesidad de adoptar acciones dirigidas a “brindar cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado”.
Asimismo, pidió a la Asamblea General, “establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
En su resolución, el CED reiteró su compromiso de cooperación con México y seguir manteniendo un diálogo permanente con las autoridades y la sociedad civil.
Con información de: Proceso.
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