
La Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) informó que la menor con síndrome de Down que presuntamente fue agredida por su madre, actualmente se encuentra bajo resguardo del DIF Estatal, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con la autoridad, la menor permanece en un Centro de Asistencia Social, donde recibe atención médica constante, así como acompañamiento psicológico para garantizar su bienestar integral.
Se detalló que, por el momento, la niña no ha sido entregada a ningún familiar, ya que primero debe concluir el procedimiento legal que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la madre.
Una vez que dicho proceso jurídico se agote, se evaluará la posibilidad de que la menor quede bajo el cuidado de algún familiar que cumpla con las condiciones adecuadas para su protección.
Mientras tanto, la menor continúa bajo la tutela y cuidado del DIF Estatal, en un entorno seguro y supervisado por personal especializado.

En una reciente declaración el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña afirmó que pertenecer a la 4T no implica un compromiso de vida austera para sus integrantes.
Señaló que la austeridad debe ser una norma para el gasto gubernamental y el ejercicio del poder, mas no una restricción para la vida privada.
Esto en defensa sobre los cuestionamientos sobre el patrimonio y los negocios de los hijos del exmandatario López Obrador.

Una publicación en redes sociales comenzó a circular este fin de semana, generando cuestionamientos entre usuarios del transporte público en Ciudad Juárez, particularmente en torno al origen y uso de algunas unidades.
El mensaje, acompañado de una fotografía, señala: “Ayer viernes 27 de marzo me tocó tomar un Riveras y que me encuentro con la unidad T-001 que antes servía de ‘ruta alimentadora’ de la Gómez Morín. La duda es ¿Estos camiones no pertenecían a gobierno del estado? Aquí se da uno cuenta de las tracalas que tiene el gobierno con los concesionarios”.
La imagen muestra una unidad siendo utilizada como transporte público de concesionarios, lo que ha despertado dudas sobre si se trata de un vehículo que anteriormente formaba parte del sistema de transporte operado por el Gobierno del Estado, particularmente en el esquema de rutas alimentadoras vinculadas al corredor Gómez Morín.
El tema ha generado reacciones entre usuarios, quienes por un lado cuestionan la posible falta de transparencia en el manejo de unidades públicas, mientras que otros señalan la necesidad de mejorar la cobertura del servicio.
