Reportan irregularidades en contrato del DIF de Sinaloa de 356 millones; Rocha Moya defiende a dependencia a cargo de su hija

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 356 millones de pesos en el DIF estatal, dependencia encabezada por su hija, Eneyda Rocha Ruiz. 

En conferencia de prensa, el mandatario local fue preguntado sobre la licitación y los indicios de que podría tratarse de una empresa fantasma, a lo que se limitó a decir que estaba seguro de que existía. 

"Sí existe, tengo la plena seguridad de que exista y que todo esté bien (...) yo voy en el quinto año de mi gobierno y todo lo compramos con las debidas reglas", contestó. 

De acuerdo con el acta de licitación, fechada al 10 de marzo, la empresa Mercadeo Getrevano S.A. de C.V. fue la ganadora de la licitación al considerar que daba las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

El contrato es por 356 millones 32 mil 853 pesos para la adquisición y distribución de canastas alimenticias de programas como atención de alimentación escolar, en los primeros mil días y primera infancia, atención a personas en situación de vulnerabilidad y a personas en situación de emergencia o desastre para el 2026. 

La licitación fue firmada por Marcos Martínez López, jefe de departamento de bienes y suministros del sistema DIF Sinaloa; Yadisabel López Velázquez, directora de asistencia alimentaria del sistema DIF Sinaloa; Joshua Normando Patraca Meza, titular del órgano interno de control y evaluación, y Gerardo García Valenzuela, jefe del departamento jurídico.  

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, Mercadeo Getrevano S.A. de C.V. fue constituida el 25 de septiembre de 2025 en Jalisco y tiene como accionistas a María del Carmen Ibarra López y Chermiee Yaqueline Arizaga Domínguez, en 48 mil y 32 mil títulos, respectivamente. 

La empresa tiene domicilio en el área metropolitana de Guadalajara y su objeto social es la fabricación, producción, elaboración, embotellamiento, enlatado, distribución e importación de todo tipo de productos alimenticios; de subproductos alimentacions y no alimenticios; servicio especializado para empresas; procesos de reciclaje; arrendamiento y subarrendamiento de instalaciones, mobiliario, maquinaria y equipo para eventos. 

De acuerdo con el medio local RíoDoce, Mercadeo Getrevano obtuvo su registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) días antes de ganar la licitación y sólo tiene a dos empleados dados de alta. 

Asimismo, el medio señaló que la empresa envió imágenes de las bodegas de almacenamiento en las que se ve una bodega con seis tráileres, pero presuntamente esta fotografía fue bajada de internet. 

 

Con información de: LatinUs.

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Noroña afirma que políticos de la 4T no están obligados a ser austeros

En una reciente declaración el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña afirmó que pertenecer a la 4T no implica un compromiso de vida austera para sus integrantes.

Señaló que la austeridad debe ser una norma para el gasto gubernamental y el ejercicio del poder, mas no una restricción para la vida privada.

Esto en defensa sobre los cuestionamientos sobre el patrimonio y los negocios de los hijos del exmandatario López Obrador.


Cuestionan en redes uso de camión ligado a ruta alimentadora en Juárez

Una publicación en redes sociales comenzó a circular este fin de semana, generando cuestionamientos entre usuarios del transporte público en Ciudad Juárez, particularmente en torno al origen y uso de algunas unidades.

El mensaje, acompañado de una fotografía, señala: “Ayer viernes 27 de marzo me tocó tomar un Riveras y que me encuentro con la unidad T-001 que antes servía de ‘ruta alimentadora’ de la Gómez Morín. La duda es ¿Estos camiones no pertenecían a gobierno del estado? Aquí se da uno cuenta de las tracalas que tiene el gobierno con los concesionarios”.

La imagen muestra una unidad siendo utilizada como transporte público de concesionarios, lo que ha despertado dudas sobre si se trata de un vehículo que anteriormente formaba parte del sistema de transporte operado por el Gobierno del Estado, particularmente en el esquema de rutas alimentadoras vinculadas al corredor Gómez Morín. 

El tema ha generado reacciones entre usuarios, quienes por un lado cuestionan la posible falta de transparencia en el manejo de unidades públicas, mientras que otros señalan la necesidad de mejorar la cobertura del servicio.

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