Recibe la Cámara de Diputados iniciativas presidenciales en materia de adquisiciones y obras públicas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ricardo Monreal Ávila, informó que este jueves la Cámara de Diputados recibió de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dos iniciativas.

Una, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, de la Ley de Economía Social y Solidaria y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

La otra, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Mediante sus redes sociales, Monreal Ávila precisó que “en las próximas semanas las analizaremos para contar con herramientas legales que permitan manejar los recursos públicos con eficacia, honestidad y austeridad”.

Matiz social a las contrataciones públicas

La iniciativa que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal de Austeridad Republicana, de Economía Social y Solidaria y la General de Sociedades Cooperativas, de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, tiene la finalidad de darle un matiz social a las contrataciones públicas en México, así como combatir la corrupción en los procedimientos.

Con la expedición de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se crea la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, la cual sustituye el Sistema CompraNet, con el objetivo primordial de automatizar todo el proceso de contratación pública.

La Plataforma brindará mayor agilidad y transparencia a todos los procedimientos de contratación que se implementan en la Administración Pública Federal, tanto los vigentes como los que se proponen con la presente iniciativa, permitirá la suscripción de contratos por los medios electrónicos y será el parteaguas para la interconexión entre sistemas electrónicos relacionados con las contrataciones públicas.

Además, establece la Tienda Digital del Gobierno Federal como un módulo de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, mediante la cual se realizarán adquisiciones de bienes o servicios de manera ágil y expedita a través de órdenes de suministro o servicio.

Las adquisiciones que se lleven a cabo a través de la Tienda Digital tendrán como principal atributo la agilidad e inmediatez. Este mecanismo de contratación está dirigido a aquellos bienes y servicios de uso común y generalizado, como lo es el agua o los artículos de oficina.

Hace referencia a las compras consolidadas, modifica los contratos marco por acuerdo marco, establece el Comité de Compras Estratégicas, considera la implementación de la oferta subsecuente de descuento como política prioritaria en los procedimientos de contratación, prevé el diálogo competitivo, e incluye la figura de adjudicación directa con estrategia de negociación.

En lo que respecta a la Ley Federal de Austeridad Republicana se plantea derogar el segundo párrafo del artículo 10, sobre las referencias a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; reforma el artículo 12, párrafo segundo, fracción V, a fin de incorporar que la contratación de servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y recomendaciones, se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La reforma a los artículos 14, fracciones XVII y XXI; 44, fracción I, y 45, fracciones I y XVII, y adición de la fracción XXI Bis al artículo 14, de la Ley de Economía Social y Solidaria, tiene el propósito de definir e implementar el modelo de certificación de las Sociedades Cooperativas y de los demás Organismos del Sector Social de la Economía, los cuales se deberán regir por valores, principios y prácticas del cooperativismo y de la Economía Social y Solidaria.

Para la implementación de este modelo, el Instituto podrá suscribir convenios de coordinación con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.

En lo relativo a la Ley General de Sociedades Cooperativas se plantea reformar los artículos 3; 11, fracciones IV y V; 12; 13 y 17 y se adicionan las fracciones VI y VIl al artículo 11, y el artículo 17 Bis con el objetivo de incluir los conceptos de organismos cooperativos, sistema cooperativo e Instituto Nacional de la Economía Social, y que en la constitución de las sociedades no se podrá rechazar la integración de socios por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio, así como formar parte ni depender de partidos políticos o de asociaciones religiosas

Testigo social en las contrataciones públicas

La iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, busca ajustar los esquemas en las contrataciones públicas con nuevas herramientas, tener una estrategia eficaz para reducir el fenómeno de la corrupción y generar valor para el Estado, al modificar la manera de realizar las contrataciones públicas, e implementar nuevas estrategias de contratación, así como recursos tecnológicos que representen un cambio de paradigma y una transformación cultural en cuanto a la contratación de obras públicas y sus servicios.

Refiere que la modernización de las normas que rigen el sistema de contrataciones públicas constituye uno de los ejes centrales que permitirá cumplir con los objetivos trazados en esta administración, como lo es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de contribuir a alcanzar una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en los procedimientos de contratación, así como mayores elementos para combatir la corrupción que históricamente ha acompañado a dichos procedimientos.

Su finalidad es renovar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para continuar con el combate a la corrupción y buscar un equilibrio con los mejores estándares internacionales, así como priorizar el desarrollo integral, equitativo, incluyente y sustentable de nuestro país, estimulando la actividad económica y social en las contrataciones públicas.

Se contempla, entre otras cuestiones, incluir la oferta subsecuente de descuento y los diálogos estratégicos: elementos de justificación para las contrataciones entre entes públicos, planeación de obras, investigación de mercado, obras públicas asociadas a programas prioritarios o proyectos estratégicos, testigo social en las contrataciones públicas y regular el procedimiento de contrataciones, la ejecución y supervisión.

También, incluye el uso de bitácora y anticipo, se elimina la celebración de convenios, regula el factor de actualización de las proposiciones, reforma los ajustes de costos directos, crea un capítulo de medidas de apremio, modifica los parámetros de la imposición de multas y los periodos de inhabilitación.

Con todas estas acciones preventivas, abunda el documento, se pretende cerrar la puerta a la corrupción y combatir la impunidad, fortaleciendo la transparencia, competencia y eficacia e involucrar a la sociedad para que evalúe lo que el gobierno hace.