Acusan al gobernador de Michoacán de negarse a atender a población indígena en zona de conflicto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la situación de violencia que viven los territorios purépechas en Michoacán, la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán (RSDH-Mich) denunció la negativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de Morena, para atender a la población indígena en la zona de conflicto.

En una acción urgente divulgada en sus redes sociales, la RSDH-Mich informó que ante ataques armados contra las comunidades de Acahuén y Sevina, en los que han perdido la vida cuatro defensores del territorio, “el gobierno del estado de Michoacán se niega a sostener un diálogo coordinado con las autoridades los pueblos mencionaos, mientras  falla de manera grave en garantizar la vida y la seguridad de los pueblos P’urhépecha”.

En su mensaje, la Red de organizaciones llamó a la sociedad civil organizada a pronunciarse, establecer comunicaciones institucionales, posicionarse de manera pública y realizar acciones que garanticen condiciones humanitarias mínimas para salvaguardar a la población”.

Extienden llamado a Sheinbaum

En entrevista con Proceso, la directora de la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas de la UNAM e integrante de la RSDH-Mich, Claudia Ignacio Álvarez, alertó que detrás del asedio contra las comunidades y pueblos indígenas de Michoacán que encabezan gobiernos autónomos, estarían presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que el llamado sería extensivo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Denunció que en dos eventos ocurridos el 6 y 17 de mayo en las comunidades purépechas de Acachuén y Sevina, fueron asesinados Amador Flores y Pablo Cortés Vallejo, así como Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero.

En ambos eventos el modus operandi fue muy similar. En el primer caso, hombres armados dispararon desde un auto en movimiento contra un grupo de personas que realizaban una asamblea ordinaria y en el segundo, armados dispararon contra una caseta de la policía tradicional, conocida como Kuaricha.

“No nos parece que sean situaciones aisladas, todo lo contrario. Hemos estado recibiendo testimonios de que, en comunidades como Charapan, en la propia Cherán, Nahuatzén,  en Comachuén ha habido incidentes de seguridad vinculados con actores armados que han hecho entradas a los territorios de las comunidades. Digamos que no es que (los actores armados) no estuvieran, estaban en las partes altas, pero sí no habían estado atacando a la población o a los espacios poblados y eso cambió”, explicó la activista.

Señalan al CJNG

Ignacio Álvarez abundó que, de manera informal, se ha tenido información que los ataques “tienen que ver con estos movimientos de estructuras de poder de los grupos criminales”, en este caso, el CJNG.

“Hemos observado en las redes sociales, en chats, tanto en Whatsapp como en las páginas de Facebook, que son espacios de información a nivel comunitario relevantes, que  han estado circulando mensajes donde se señala que esto estaría siendo perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación.

“No tenemos certeza, no podemos afirmarlo certeramente, pero nosotros no tenemos ningún tipo de contacto con este tipo de actores. Lo que sí vemos es que hay una situación de enorme conflictividad por la disputa del territorio, y esto no es una disputa que sea directamente contra las comunidades, sino que las comunidades están ahí, completamente vulnerables, no es un asunto intercomunitario ni de conflicto”, explicó la directora de la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas de la UNAM.

Apuntó que, dado que en la inseguridad el factor crimen organizado estaría jugando un papel relevante, la atención debe ir más allá del gobierno estatal.

“Creo que por ser un tema de crimen organizado no alcanza solamente con el gobierno del estado. Tiene que entrar la Federación y la Fiscalía General de la República. Y yo creo que es importante que exista este diálogo entre las instituciones y las autoridades comunales, puntualizó.

La defensora resaltó que públicamente el gobernador Ramírez Bedolla ha declarado que Acahuén “no quiere sentarse a una mesa de trabajo con el gobierno”, en Morelia, cuando lo que la comunidad indígena “está pidiendo es que sean las autoridades estatales las que se trasladen al territorio para enviar este mensaje de que hay una estabilidad, de que hay Estado vigente, y las autoridades del Estado no quieren ir”.

Claudia Ignacio explicó que la justificación que ha dado el gobierno de Michoacán para no acudir a la zona de conflicto es que “no hay condiciones de seguridad, insistiendo en que representaciones de las comunidades se muevan a Morelia, y eso pues genera mucha incertidumbre en las comunidades, porque los procesos en las comunidades son asamblearios, son colectivos”.

Reprobó la respuesta del gobernador Ramírez Bedolla cuando su gobierno “ha sido progresivo en las medidas políticas públicas sobre autogobierno, y se pensaría que tendría mayor claridad de cómo hacer este tipo de procesos de justicia en los territorios, pero lo que están generando es muchísima incertidumbre y esta inacción ya no nos parece que pone en riesgo a las poblaciones de las comunidades directamente, y eso sí ya es otro nivel de urgencia”.

 Resaltó que en noviembre del año pasado, ocurrió una agresión similar en Santa Fe de la Laguna, donde un grupo armado proveniente de Quiroga, al circular por la carretera atacó a un grupo de personas que estaban a pie de carretera “conmemorando años de aniversario de su defensa del territorio histórico y estaban a pie de carretera”, evento en el que una de las víctimas fue la sobrina de la defensora, Roxana Valentín Cárdenas.

Sin dejar de reconocer que en la región hay una gran riqueza en recursos naturales, la defensora consideró que “la respuesta de estos grupos criminales choca con la dinámica de las comunidades y si las comunidades se interponen en alguno de los procesos, atacan”.

Impacto en proyectos comunitarios

Añadió que la falta de atención del Estado a la situación de violencia en la región, ha impactado en los proyectos comunitarios y de defensa del territorio indígena, ante la “desesperación de que no hay seguridad”, lo que ha derivado que haya comunidades que “están avalando la presencia de estos actores, porque no los corren como si fuera algo que entre los pueblos se pudiera resolver”.

Claudia Ignacio apuntó que el llamado de urgencia se debe a que en todo este proceso de inseguridad en la Meseta Purépecha, “es porque aquí nos falta un actor, que es el Estado, que es quien tiene el uso exclusivo de la fuerza”.

Desde la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, apuntó “estamos haciendo este llamado de urgencia, porque lo que vemos es que esta situación donde los pueblos no logran resolver los temas de seguridad, está paralizando a los territorios, tenemos bloqueos en comunidades de distintos puntos, porque hay mucho pues temor, zozobra y muchísima desconfianza porque no se acercan las autoridades”.

La defensora lamentó que las autoridades de Michoacán no estén a la altura de la problemática.

“Las autoridades están perdidas, hay una negación persistente, dicen que no pasa nada y queremos romper ese silencio, porque el silencio institucional ha sido a costa de desplazamiento forzado, desapariciones de personas y un número de asesinatos altísimo”, sentenció Claudia Ignacio Álvarez. 

Con información de: Proceso.