Hijos de Rocha en la mira de la UIF: vigilan empresas por presunto lavado de dinero

La presión sobre el entorno del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a llegado a su entorno familiar. Tras ordenar el bloqueo de las cuentas bancarias del mandatario estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una revisión de todos los movimientos financieros de las compañías pertenecientes a sus hijos.

De acuerdo con solicitudes dentro del sistema bancario nacional a las que tuvo acceso Milenio, las firmas operadas por José de Jesús, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz están bajo sospecha por supuestas operaciones de triangulación financiera y presunto lavado de dinero.

Las alertas de los sistemas antilavado se encendieron luego de que Estados Unidos formalizara un proceso judicial contra el entonces gobernador por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’.

“Esas operaciones encendieron las alertas de los sistemas antilavado una vez que Estados Unidos formalizó el proceso contra el entonces gobernador en funciones. Aunque los protocolos establecen que son procesos preventivos, las investigaciones están en marcha”, revela el medio.

Las firmas de la familia Rocha Ruiz bajo la lupa

Según el medio, las investigaciones apuntan a que estas empresas obtuvieron contratos directos o a través de terceros con dependencias como la Secretaría de Obras Públicas, el DIF estatal y los Servicios de Salud de Sinaloa durante la gestión de Rubén Rocha Moya.

La lista de las empresas investigadas incluye a:

• A&R Inyecta Soluciones
• A&R Soluciones y Estadísticas
• Agronegocios y Servicios El Águila del Norte
• Chocosa Ranch
• Construcciones Suaqui
• Constructora Chocosa
• Grupo Rofcar

Esta última fue constituida por José de Jesús Rocha Ruiz y se dedica a la comercialización de acumuladores y aceites.

Las indagatorias alcanzan a otros funcionarios locales que presuntamente operaban como socios en dichos negocios. José Carlos Cárdenas Mellado, titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), aparece como accionista en Grupo Rofcar y se le asocia con El Águila del Norte.

Asimismo, las firmas de Ricardo Rocha Ruiz son vinculadas por las autoridades con Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los Servicios de Salud de la entidad.

Por su parte, el exsecretario de Finanzas estatal, Enrique Alfonso Díaz Vega. quien ya se entregó a la justicia estadounidense, presuntamente realizó negocios con los hijos del mandatario a través de su firma Housesin Desarrollos.

Si bien la investigación en torno a las cuentas personales de los hijos de Rubén Rocha Moya inició desde el 13 de mayo, hasta el momento la autoridad hacendaria no ha ordenado congelar de forma directa sus activos personales, manteniéndose únicamente la fiscalización sobre sus empresas.

Mandos policiales de Sinaloa también son fiscalizados

Según la información, el rastreo financiero de la Secretaría de Hacienda se extendió a exjefes policiacos y mandos operativos señalados por Washington de recibir dinero a cambio de protección institucional para el Cártel de Sinaloa.

Las solicitudes bancarias buscarían conocer los movimientos de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía local, acusado de aceptar sobornos para perseguir a rivales de ‘Los Chapitos’.

Bajo el mismo criterio se fiscalizaron, supuestamente, los activos de Alberto Contreras Núñez, quien relevó a Almanza en el cargo hasta febrero de 2026, y de José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal.

Este último, conocido presuntamente bajo el alias de “Tornado”, es señalado por la justicia norteamericana de recibir pagos de 6 mil dólares para facilitar el libre tránsito de la organización criminal entre 2017 y 2022.

En la mira hacendaria también se encuentra Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía de Culiacán. El gobierno estadounidense lo identifica como supuesto pistolero de dicha facción y se presume su participación en el homicidio de un informante de la DEA vinculado al caso del gobernador con licencia.

UIF bloqueas cuentas a señalados por EUA

Este lunes, la UIF aclaró en un comunicado que la inmovilización de los activos de Rubén Rocha Moya y de otros políticos obedece a adiciones en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con un carácter estrictamente preventivo, derivadas de reportes emitidos por las propias instituciones financieras mexicanas.

Al mantener relaciones de corresponsalía con bancos de Estados Unidos, las entidades bancarias nacionales emitieron alertas sobre estos clientes al ser considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP) dentro del expediente de la Corte Sur de Manhattan.

Entre los señalados en dicha acusación también se encuentran el senador de Morena, Enrique Inzunza, y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez. El organismo dejó claro que los implicados mantienen a salvo sus derechos de audiencia y defensa legal.

Con información de Proceso.