La nueva Ley de Obras y Adquisiciones representan un verdadero reto para la transparencia

La semana pasada el Senado de la República aprobó el dictamen para expedir la nueva Ley de Adquisiciones y la nueva Ley de Obras Públicas, ambas enmarcan un tema fundamental para las y los mexicanos: ¿cómo gasta el dinero y a quién contrata el gobierno?

Conocer a fondo los cambios en la Ley de Obras y Adquisiciones es clave para asegurar que la transparencia no se debilite, sino que se fortalezca. Sólo entendiendo el fondo podemos exigir con claridad.

Recordemos que en el nuevo modelo de transparencia que se ha aprobado, los contratos siguen siendo públicos y una obligación de transparencia que podremos encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual sigue funcionando, sólo a la espera de que se reactive lo relativo a inconformidades cuando no se encuentre la información o no se esté de acuerdo con las respuestas de las autoridades.

Por ello, la decisión de renovar el sistema Compranet debe darse con total transparencia y documentando ante la sociedad todo el proceso. Sí, las herramientas tecnológicas deben actualizarse y aprovechar los nuevos desarrollos para ser más útiles y eficaces, sin dejar de lado el piso básico que construyeron con su uso previo.

En esta renovación se señala que ahora Compranet funcionará con módulos, algo que en su momento hicimos en la reingeniería de la Plataforma Nacional de Transparencia y que nos permitió mejorar o reajustar ciertos componentes sin afectar otras áreas. Confío que lo mismo sucederá con esta actualización del sistema de compras del gobierno.

También se destaca que será con talento interno que se desarrollará el nuevo Compranet, algo que también es equivalente a lo que impulsé desde el INAI con la Plataforma Nacional de Transparencia. De verdad, creer e impulsar a nuestro capital humano especializado es un punto a favor, ya que en el servicio público existen servidores con gran vocación de servicio y conocimiento que debe ser aprovechado por el bien de México.

En la administración pública, las contrataciones y adquisiciones gubernamentales trascienden de sólo ser una transacción comercial. Son parte del flujo que canaliza recursos hacia la sociedad, un instrumento que materializa las promesas de servicio y desarrollo. No obstante, la opacidad puede afectar este proceso, menoscabando la confianza ciudadana y suscitando dudas sobre la integridad institucional.

A través de la transparencia en obras públicas podemos saber: ¿quiénes son los proveedores? ¿Cuáles fueron los criterios de selección? ¿Se obtuvieron las condiciones más favorables? Estas interrogantes, al encontrar respuestas claras y accesibles, fortalecen el vínculo entre el gobierno y la sociedad.

Sin embargo, la transparencia por sí sola resulta insuficiente. Debe complementarse con la rendición de cuentas, la obligación de explicar y justificar cada decisión y gasto. Todos los sectores del gobierno deben asumir la responsabilidad de sus actos, someterse al escrutinio público y estar dispuestos a rectificar errores. Cuando la rendición de cuentas se materializa, la confianza se consolida. Los ciudadanos tienen la certeza de que sus representantes no sólo administran los fondos públicos, sino que los invierten basados en principios de eficiencia y eficacia del gasto público.

En efecto las compras consolidadas generan economías, pero ojalá sea para varios la oportunidad de participar.

Por último, un cambio que llama la atención en adquisiciones es que habrá diálogo con proveedores, mismo caso en la ley de obras, con el fin de tener una retroalimentación abierta, detallar las propuestas por parte de proveedores y constructores y contar con elementos más precisos. Un gobierno que rinde cuentas es confiable porque valora la participación ciudadana y se compromete con su bienestar.

Con información de proceso.com.mx