CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Institución blindada para garantizar su opacidad, con un patrimonio en torno a los 45 mil millones de pesos, el Nacional Monte de Piedad se ha convertido en un negocio que, lejos de la asistencia social que constituye su objeto y razón de ser, genera ingresos millonarios para un puñado de hombres de empresa.
En medio de una huelga detonada tras demandar la terminación de la relación laboral con sus trabajadores sindicalizados por mala situación económica, una revisión realizada por Proceso en datos abiertos, permite advertir que, en la institución que por definición fue creada para la asistencia privada, lo destinado a hacerlo es irrisorio.
Además, existen excesos, sueldos millonarios, gastos desproporcionados de los integrantes del Patronato, quienes además actúan en posibles conflictos de intereses, todo como parte de un notable desvío del propósito social de la institución a la que el sindicato ha exigido transparencia y rendición de cuentas, algo que sus directivos no parecen dispuestos a ofrecer y optan por deshacerse del sindicato.
De acuerdo con información consultada en la Plataforma de Transparencia correspondiente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto a Instituciones Donatarias, la mala situación económica parece una falacia tanto como la actividad de la institución en su calidad de donante de recursos.
La información que se puede identificar en la mencionada Plataforma, una especie de estado financiero sin suficiente nivel de desagregación, refleja por ejemplo que, en 2024, el Nacional Monte de Piedad obtuvo ingresos por casi 12 mil millones de pesos, pero sus donativos sólo fueron por 271 millones de pesos, una cifra que representa aproximadamente el 2.26% de lo que ingresó.
Ese monto irrisorio respecto a sus ingresos se destina principalmente a tres instituciones: 68 millones para la propia Fundación del Nacional Monte de Piedad; 12.2 millones para la Cruz Roja y 9.7 millones para el Teletón. El resto, se distribuye en numerosas beneficencias con montos modestos que, en la mayoría de los casos, no llegan ni al millón de pesos.
Con transparencia limitada, el mencionado informe exhibe un concepto: “Gastos”, sin especificar en qué se gasta, suma 10 mil 393 millones de pesos. Esto es que, la operación del Nacional Monte de Piedad cuesta casi 10 mil 400 millones y tiene una ganancia de 271 millones, algo que bajo cualquier óptica es mal negocio, con mil 329 millones sin explicación suficiente.
Fundado en 1775 por Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, el Nacional Monte de Piedad es una institución financiera no bancaria considerada la más antigua del continente. Como se sabe, funciona proporcionando financiamiento accesible a la población que, por el tipo de institución, se supone se ve protegida de usureros, bajo un modelo de préstamo prendario, lo que coloquialmente se conoce como casa de empeño.
Actualmente, la institución cuenta con poco más de 300 centros de atención en todo el país que, por la supuesta utilidad pública de sus servicios, goza de exenciones fiscales, reducciones y estímulos.
Su antigua sede frente al Zócalo capitalino alberga todo tipo de objetos de valor, muchos de los cuales quedan bajo su propiedad al vencerse los pagarés.
Pero la función de financiar a los necesitados también se pone en entredicho porque sus intereses rondan entre el 5% y el 6.8% mensual, esto es, entre 60% y 81% anual de intereses, lo que para la mayoría de los pignorantes, suele resultar impagable.
Los ingresos en buena medida son porque gozan de subsidio, o para mayor precisión, de una exención de obligaciones fiscales por un 40 por ciento, debido a su figura jurídica, Institución de Asistencia Privada, cuyas ganancias se supondría deben ir a la beneficencia.
Empero, a la vista de los datos, el Nacional Monte de Piedad y con números en mano, no está cumpliendo con el objeto de financiar a los pobres ni tampoco con su función asistencial.
El exceso en los “gastos” es apreciable tanto en la nómina como en las condiciones en que se desempeñan los integrantes del patronato del Nacional Monte de Piedad, que son siete.
El pasado 9 de octubre, Carmen Aristegui entrevistó al vocero de la institución, Aldo Torres Villa y, precisamente, le cuestionó sobre los salarios de los integrantes del patronato, así como sobre sus lujosas oficinas. El entrevistado se limitó a negar la información, afirmando que no era objeto de la entrevista pues se trataba de hablar de la huelga. En tanto, quiso mantener en la opacidad la remuneración a los integrantes del patronato.
Las oficinas referidas se ubican en Plaza Antara, el complejo comercial y de negocios localizado en Polanco que el patronato rentó, abandonando sus propios espacios en el histórico inmueble cercano al Zócalo.
Al consultar los precios de arrendamiento de un inmueble en ese lugar, se pudo saber que la renta se cotiza en 28.50 dólares por metro cuadrado y que, los espacios disponibles miden entre 500 y 3 mil 400 metros cuadrados. De ahí que, en la conversión, las oficinas pueden costar entre 262 mil pesos y un millón 786 mil pesos mensuales, dependiendo del tamaño, esto es que, cada año podría erogar entre 3 millones 144 mil y 21 millones 442 mil pesos sólo de renta para el patronato.
El asunto de las oficinas ha sido referido por el sindicato como parte de los excesos en gastos que hacen onerosa la operación del patronato y los directivos, mientras que por otro lado reclaman por la supuesta crisis la terminación del contrato colectivo de trabajo, donde los trabajadores en muchos casos ni siquiera llegan a ganar dos salarios mínimos y no han tenido incrementos laborales por años, de acuerdo a lo expuesto en sus diferentes comunicados desde el día que estalló la huelga.
La cuestión de los ingresos y las prestaciones de los trabajadores contrastan con los miembros del patronato: Dionisio Hilario García Silva; Margarita Hugues Vélez; Juan Miguel Guerra Dávila; Jorge Eduardo Alonso Olivares; Carlos Antonio Zozaya Gorostiza; Pedro Romero de Terreros Gómez Morín y Juan Antonio Palacios Pérez.
El patronato es presidido por Zozaya Gorostiza, quien obtuvo ingresos millonarios durante el 2024. El monto de las remuneraciones es un dato relevante toda vez que la mayoría de las Instituciones de Asistencia Privada no tienen montos elevados para los miembros de sus patronatos, e inclusive, en muchos casos trabajan de manera voluntaria.
Al consultar datos de la Junta de Asistencia Privada, que es el órgano desconcentrado del gobierno de la Ciudad de México, adscrito a la jefatura de gobierno, se puede advertir que en organizaciones como la Alianza Mexicana de Fondos y Empresas Sociales, y en general, los directivos de las IAP, en muy raras ocasiones perciben más de 500 mil pesos anuales.
En contraste, las remuneraciones al patronato del Nacional Monte de Piedad tienen un monto declarado por 29 millones 705 mil pesos, con variaciones en las percepciones de sus integrantes.
El que tiene las percepciones más elevadas es el vocal Jorge Eduardo Alonso Olivares, quien percibe casi 6 millones de pesos cada año. Esto es, aproximadamente 500 mil pesos mensuales.
El segundo más alto es José Antonio Palacios Pérez, quien percibió durante 2024, 5 millones 322 mil pesos; le sigue el ya mencionado Zozaya Goroztiza, con 4 millones 36 mil pesos; luego, Dionisio Hilario García Silva, con 4 millones 6 mil pesos; mientras que Pedro Romero de Terreros, 3 millones 624 mil; Juan Miguel Guerra Dávila recibió 3 millones 451 mil; y Margarita Hugues, 3 millones 272 mil pesos.
No obstante, se desconoce si la nómina de Juan Miguel Guerra y Margarita Hugues, es más abultada, toda vez que participan dentro del Comité de Inversión Social del Nacional Monte de Piedad.
Aún peor, mientras que en los últimos cinco años han escamoteado un incremento salarial para los trabajadores sindicalizados, la evolución de los salarios del patronato y de los miembros del consejo ha sido al alza.
De 2020 a 2024, por ejemplo, de los integrantes del consejo, siendo el más notable el de José Antonio Palacios Pérez, quien obtuvo del Nacional Monte de Piedad un ingreso por un millón 54 mil pesos en 2020, para 2021 ya había quintuplicado su remuneración al obtener 5 millones 322 mil pesos.
Carlos Antonio Zozaya Gorostiza, ganaba en 2021 un millón 5 mil pesos anuales, pero para 2024 ya estaba en poco más de 4 millones.
Otro caso es el de Margarita Hugues Vélez, quien incremento en seis veces su salario en el período; Dionisio Hilario García Silva que los hizo en 10 veces el salario mínimo para un ingreso anual en 2024 de los mencionados 4 millones 6 mil y, el caso más extremo ya mencionado de Jorge Eduardo Alonso Olivares, quien, conforme a los datos, no ganaba nada en 2023 pero al año siguiente ya estaba en casi 6 millones de pesos.
Más allá de las remuneraciones, hay una condición particular en cada uno de los mencionados: todos tienen empleos de alta dirección en corporativos privados.
Por ejemplo, Carlos Zozaya Gorostiza, de director de Servicios Corporativos de Grupo Bal. El actual presidente del patronato del Nacional Monte de Piedad, por lo tanto, está al frente de una de las razones sociales que conforman el imperio de la familia Bailleres, una de las más acaudaladas del país. Y se trata nada menos que de la sociedad controladora operativamente del grupo.
Grupo Bal tiene entre sus subsidiarias a varias empresas de servicios bancarios, financieros, de valores y mineras. Es decir, a GNP Seguros, la casa de bolsa, Valores Mexicanos; Profuturo; Médica Móvil y Crédito Afianzador. En tanto, en el mencionado grupo se encuentran Peñoles y Fresnillo, dos empresas importantes del sector minero-metalúrgico, especializado en oro y plata, con fundiciones de gran calado.
La cuestión es que el Nacional Monte de Piedad tiene como función prestar servicios financieros inmediatos, si bien a partir de préstamos prendarios que, coincidentemente, suele acumular numerosos objetos de oro y plata que llegan a sumar toneladas mensuales cuya disposición es opaca.
Otro funcionario de la banca privada es José Antonio Palacios, quien es director general de Seguros BBVA Bancomer, institución donde además forma parte del consejo de administración. En tanto, Juan Miguel Guerra Dávila es el CEO de Revolut de México, una neobanca de origen británico que opera a través de una app.
Margarita Hugues Vélez, es una abogada que se desempeña como directora corporativa de Grupo Kaluz, el conglomerado empresarial que dirige Juan Pablo del Valle Perochena, que entre sus empresas posee el Grupo Financiero Ve por Más (BX+), la petroquímica Orbia (antes Mexichem) y el banco estadunidense Byline Bank.
Las condiciones en que está integrado el patronato del Nacional Monte de Piedad resulta en un eventual conflicto de intereses pues al ser altos directivos de instituciones financieras con fines de lucro, la toma de decisiones se puede contraponer con el objeto presuntamente asistencial de la institución.
Con información de: Proceso.