Veracruz: ataques, secuestros y amenazas contra candidatos paralizan campañas electorales

XALAPA, Ver. (Proceso).- Las campañas en Veracruz rumbo a las elecciones del 1 de junio se iniciaron este martes 29 de abril con saldo rojo.

Germán Anuar Valencia, candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, en el norte del estado, se alistaba para iniciar su primer recorrido cuando un comando irrumpió en su vivienda y lo atacó a balazos. En el lugar, seis personas, entre ellas un bebé de diez meses, fueron lesionadas.

Anuar Valencia, conocido como El Napo en la región, no había solicitado seguridad ni había denunciado amenazas previas.

El programa Votar entre balas, de la organización Data Cívica, documentó entre el 1 de noviembre de 2024 —cuando inició el proceso electoral— y hasta el 30 de marzo de 2025 un total de 18 víctimas de violencia electoral, incluyendo asesinatos, secuestros, ataques armados y amenazas contra funcionarios, candidatos y fuerzas de seguridad.

Al arranque de las campañas, 23 candidatos han solicitado medidas de seguridad para recorrer el territorio. El secretario de gobierno, Ricardo Ahued, confirmó que el protocolo es designar entre uno y dos elementos de seguridad pública estatal para que acompañen a los candidatos en sus recorridos por los municipios.

A pesar de los hechos de violencia y la denuncia de dirigentes locales, el secretario de gobierno aseguró que no hay focos rojos y afirmó que se brindará seguridad y acompañamiento tanto a autoridades como a candidatos, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, para garantizar certeza y resguardo durante toda la jornada electoral.

Aspirantes se repliegan

Antes del asesinato de Germán Anuar, otros candidatos fueron obligados a renunciar. Uno de ellos es Crispín Hernández, aspirante del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Mixtla de Altamirano, en la sierra de Zongolica.

Unas horas antes de que su camioneta fuera atacada a balazos e incendiada (en la madrugada del 1 de abril) fue citado a una reunión sobre cuyos otros participantes no da detalles, pero en la que, según relató, se le pidió declinar su candidatura y sumarse al proyecto de una aspirante del PRI. A cambio, le ofrecieron “tranquilidad”.

“No hice caso. Pero después del ataque entendí que ninguna candidatura vale una vida”, declaró tras su ataque a principios de abril. Hernández también presidió en 2019 el concejo municipal de Mixtla, tras el asesinato de la alcaldesa Marisela Vallejo. Tras el atentado, anunció su retiro de la contienda.

Su caso refleja el escenario que enfrentan diversos aspirantes: amenazas, hostigamiento y actos de violencia dirigidos a presionarlos para que renuncien a sus aspiraciones políticas.

Es el mismo caso de Anell Acevedo, candidata del Partido del Trabajo en La Antigua, quien renunció tras recibir una advertencia. En un video publicado en sus redes sociales declaró

Recibí una sugerencia para que me retirara de la contienda electoral. Fue difícil. Sentí mucho miedo, porque eso no es política. La política no debe hacerse bajo amenazas. Tengo hijos, y por eso decidí hacer caso y salirme. No sé de dónde vino la amenaza.

El dirigente del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar, solicitó públicamente la intervención de la Guardia Nacional para proteger a sus candidatos, mientras que otro (cuya identidad fue reservada), quien sufrió un secuestro, fue llamado por la fiscalía a declarar, pues al parecer simuló la privación ilegal de la libertad.

Todos en la mira

Pese a que el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, negó públicamente que existan amenazas contra candidatos de su partido, los hechos documentados demuestran lo contrario.

Elvia Merlín Castro, aspirante en Cosoleacaque, renunció a su candidatura tras recibir amenazas. En Jilotepec, José Antonio Olivares Solano denunció que su vivienda fue atacada a balazos.

El 9 de febrero, Vicente Domínguez, un empresario que participaba en el proceso interno de Morena en Cotaxtla, fue secuestrado mientras pintaba bardas. Tres días después apareció golpeado, pero con vida.

Ayer martes 29, la presidenta de Morena, María Luisa Alcalde, estaba en Veracruz cuando Germán Anuar fue asesinado. En sus redes sociales condenó el asesinato. Horas después la Fiscalía de Veracruz informó a través de un comunicado de prensa que el candidato asesinado era investigado por estar involucrado en el asesinato reciente de dos personas.

Desde noviembre de 2024, cuando arrancó el proceso electoral para renovar 212 alcaldías, los partidos políticos han denunciado múltiples hechos de violencia. Luis Carbonell, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, afirmó que el partido ha presentado diez solicitudes de protección para sus aspirantes.

El caso más grave ocurrió en Naranjos Amatlán, donde Carlos Antonio Salinas Guerrero, comisionado municipal de Movimiento Ciudadano, desapareció el 3 de enero. Era considerado el perfil más fuerte para la candidatura a la alcaldía. Hasta ahora continúa desaparecido.

Carbonell también reportó amenazas contra aspirantes en municipios como Pánuco, Soteapan, Misantla, Acayucan, Pueblo Viejo, Isla, Coxquihui y Papantla. “A muchos les pidieron dejar la contienda, o de lo contrario pondrían en riesgo su vida. Algunos siguen en campaña, pero bajo protocolo de seguridad”, afirmó.

Movimiento Ciudadano es el partido con mayor crecimiento en Veracruz y según sus cifras ha postulado más de 2 mil candidaturas. En varios casos los aspirantes recorren sus municipios acompañados de escoltas o personal de seguridad.

Ayer martes, el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez señaló en Veracruz que no pedirán un trato especial para sus candidatos, sino que se garantice una elección que se dé en paz y tranquilidad.

El PAN también ha denunciado amenazas, como en el caso de José Antonio Marín, aspirante a la alcaldía de Río Blanco, quien solicitó protección tras sufrir amenazas.

Federico Salomón, líder estatal del PAN, afirmó que 17 municipios del estado son considerados “focos rojos” por la violencia política. “Nos piden denunciar, pero no vemos acciones inmediatas. Hay temor real de participar. El gobierno debe actuar y generar condiciones seguras para todos”, dijo.

Uno de los casos más recientes fue el de Iván López, candidato del PAN a la presidencia municipal de Cosautlán de Carvajal, quien renunció tras recibir amenazas contra él y su familia.

“Valoro mucho mi paz y estabilidad emocional. No puedo poner en riesgo la integridad de los míos ni de quienes me apoyan. Por eso he decidido no participar”, declaró en redes sociales.

El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, exigió en conferencia de prensa la intervención de la Federación y del gobierno del estado. Desde la Cámara de Diputados, y a través de la diputada federal Lorena Piñón Rivera, el partido solicitó al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, la creación de una Comisión Interinstitucional de Seguridad Electoral Municipal y la implementación de un protocolo estatal de protección a candidaturas en riesgo.

Ramírez anunció que presentará una denuncia formal por amenazas contra María Anel Poizot Irisson, aspirante en Tecolutla. “Le han dicho que no debió meterse al proceso y que se baje de la contienda”, señaló.

Reconoció que varios aspirantes han evitado denunciar por miedo a represalias. “Les pedimos que acudan a las autoridades, pero muchos temen que las amenazas escalen”, agregó.

Las víctimas

Entre los casos más graves de la violencia electoral en Veracruz está el de Carlos Ramsés Neri, secretario del ayuntamiento de Paso del Macho y aspirante a la presidencia municipal por el Partido Verde.

Él y su hermano Daniel fueron secuestrados el 6 de febrero. Un día después, sus cuerpos fueron hallados con huellas de tortura.

En Poza Rica, el regidor priista Víctor Manuel Benavides Cobos fue secuestrado semanas después de haber sobrevivido a un atentado armado. En esta ocasión su familia pagó por su liberación. Tras el episodio, anunció su retiro de la contienda.

En diciembre, el diputado federal de Morena por Zongolica, Benito Aguas, fue atacado y asesinado a balazos.

Sobre el tema, Marisol Delgadillo, consejera presidenta del OPLE, dijo que los casos de protección son enviados a la mesa de coordinación por la paz, donde participan autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad de los aspirantes.

Sin embargo, dijo que hay casos donde las denuncias son públicas, pero no han llegado a la mesa del consejo general, como es el caso de los ataques a aspirantes del Partido del Trabajo.

“Sabemos que están atendidas todas las solicitudes y han recibido acompañamiento. Las campañas iniciaron y la intención del OPLE es ser el conducto para canalizar las solicitudes a las instancias de seguridad y dar certeza a la elección”, señaló.

Con información de proceso.com.mx