Pakales, el grupo de élite encargado de la ‘pacificación’ en Chiapas, enfrenta acusaciones por abusos policiales

Un convoy de 41 vehículos llegó a la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas, con el objetivo de detener a dos personas: José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, ambos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

Era la tarde del 24 de abril de 2025 cuando los habitantes de esta comunidad tzotzil, ubicada en Los Altos de Chiapas, se percataron de que dos camionetas Nissan tipo estaquitas, con apariencia de vehículos civiles, se acercaban a Aldama transportando agentes del nuevo cuerpo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Detrás de ellas avanzaban 39 vehículos más pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a otras corporaciones federales y estatales.

De acuerdo con el testimonio de un poblador de San Pedro Cotzilnam, un hombre que no pertenece a la comunidad acompañaba el convoy y señaló cuatro casas donde sucesivamente los agentes entraron por la fuerza. Sin órdenes judiciales las catearon y presuntamente se robaron vehículos, objetos y dinero. “Había niños, ancianos, fueron maltratados y quedaron con mucho miedo”, dice el poblador.

“Los acusan de secuestro agravado sin prueba alguna”

Los uniformados también se llevaron de sus casas a José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, que quedaron incomunicados durante 55 horas, haciendo temer a sus familiares y compañeros que fueran víctimas de desaparición forzada. 

“Los acusan de secuestro agravado sin prueba alguna”, dice el poblador de San Pedro Cotzilnam. “Es un ataque a la autonomía de los pueblos originarios, no sólo de los zapatistas”.

El 27 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado donde afirma haber detenido en Aldama a José “N” y Andrés “N”, junto con otro hombre, por haber supuestamente secuestrado a una persona y exigido el pago de 6 millones de pesos por su libertad. Sin embargo, dos días antes la Secretaría de Seguridad del Pueblo afirmó haber arrestado a las mismas personas -José “N” y Andrés “N”- en la carretera entre Aldama y Larrainzar mientras viajaban en un Volkswagen de color rojo. Según el comunicado, “al notar la presencia policial mostraron una actitud evasiva e intentaron darse a la fuga” y en su carro encontraron armas, cartuchos, pasamontañas y paliacates.

Menos de una semana antes de la detención de los dos zapatistas de Aldama, durante un encuentro convocado por el EZLN en San Cristóbal de Las Casas, el subcomandante Moisés había denunciado que la Guardia Nacional y la FRIP se encontraban afuera de la sede del evento, vigilando sus instalaciones.

“Los Pakales llegaron ya”

La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), también llamados Pakales, es un cuerpo de élite lanzado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar el 8 de diciembre de 2024, día de su toma de protesta, para supuestamente restablecer el orden y pacificar un estado que se hundió en el caos a partir de mediados de 2021, cuando recrudeció el conflicto entre organizaciones criminales. 

“El gobernador de Chiapas ha fortalecido las instituciones de seguridad y su coordinación. Entre otras cosas hizo este grupo especial”, dijo Claudia Sheinbaum durante una rueda de prensa mañanera.

La FRIP está integrada por 701 elementos que ganan 50 mil pesos al mes, con el argumento de que con un buen sueldo no pueden ser corrompidos. Además, están bien equipados: de acuerdo con las autoridades, gracias a una inversión de mil millones de pesos en equipamiento y tecnología, disponen de 200 vehículos, 10 unidades blindadas, cuatro helicópteros y dos drones. Sus integrantes vienen de la Policía Federal, de la Guardia Nacional, de la Semar y de la Defensa.

La llegada de los Pakales fue acompañada por una campaña de comunicación bien planeada: están en los espectaculares de las orillas de las carreteras de Chiapas, en los comerciales de las emisoras locales y protagonizan hasta una canción, cuyo refrán dice: “Los Pakales llegaron ya, llegaron para darnos la paz”. A veces se muestran en video jugando con los niños y otras veces tienen una actitud mucho más militar.

Los mandos de la FRIP conocida como los Pakales

El director de la FRIP es Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, exmando de la Policía Federal implicado en la masacre ocurrida en 2015 en Tanhuato, Michoacán, donde los agentes habrían ejecutado de forma arbitraria a 22 civiles y alterado la escena del crimen. Cuando en 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) lo buscó para cumplir la orden de aprehensión en su contra, Serrano Escobedo había huido. Reapareció en marzo de este año en Chiapas, cuando fue nombrado al mando de los Pakales.

La FRIP depende de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que tiene la facultad de investigar delitos en coordinación con la FGE. Está a cargo de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, que hasta finales de 2024 fungía como subsecretario de Operación Policial de la SSP en Zacatecas, donde formó un grupo muy parecido a la FRIP: la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), que es señalada por detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y homicidio. También en Chiapas el nuevo grupo de élite está acumulando denuncias y señalamientos por violaciones a los derechos humanos.

Preocupa a organizaciones y a la Iglesia Católica el actuar de los Pakales

El EZLN no es la única organización chiapaneca que ha señalado abusos por parte de los Pakales. “Se están llevando a inocentes a la cárcel”, escribe en un comunicado la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, al mismo tiempo que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) habla de “señalamientos de sus mandos por colusión con la delincuencia organizada”.  “Las violaciones cometidas por este grupo, que se posiciona como la solución al problema de la violencia e inseguridad en Chiapas, son privación arbitraria de la libertad, uso excesivo de la fuerza pública y tortura”, afirmó durante una entrevista Pedro Faro, coordinador de sistematización e incidencia del Frayba.

También el obispo de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, dijo en rueda de prensa que los Pakales están agarrando a gente que no debe, mientras que el vicario de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Miguel Montoya Moreno, señaló que existe un subregistro de los casos, pues la población tiene miedo a denunciar. 

Denuncian abusos de Pakales en medios locales y redes sociales

Las redes sociales y los medios locales han servido para difundir denuncias hacia los Pakales. Empezaron a circular tras su primer operativo, que se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2024 en Comitán, ciudad natal del nuevo gobernador. Ese mismo día, en Facebook se denunció que una joven fue arrestada mientras circulaba en su motocicleta durante el operativo, y que siete jóvenes, ayudantes de albañil, fueron detenidos cuando regresaban a sus hogares tras un partido de futbol.

El operativo de Comitán llevó a la detención de 92 policías municipales y de 30 personas que supuestamente estaban participando en los bloqueos de los grupos criminales. Sin embargo, los arrestos en los bloqueos preocupan a los habitantes de la región, pues quienes participan en muchos casos son pobladores obligados por la delincuencia organizada, que al ser detenidos sufren además la criminalización por parte de las autoridades. 

Semanas después del operativo de Comitán, el medio Chiapas Noticias al Momento publicó que los Pakales entraron a la casa de la señora Enedina en Cintalapa y, sin orden de cateo, revisaron y destrozaron su domicilio. La nota afirma que la mujer fue encapuchada y golpeada por los agentes, que le preguntaban por un tal José. Antes de irse, se llevaron televisores, perfumes, aretes y hasta la alcancía de su nieto. 

Una experiencia parecida le tocó a Elmer Eliud Godinez López, propietario de un estacionamiento y taller mecánico en Tuxtla Gutiérrez, que en redes sociales denunció que la FRIP entró a su negocio sin orden de cateo, golpeó a un trabajador y se llevó unos vehículos. 

En la capital chiapaneca, hasta los Policías Municipales usaron las redes sociales para denunciar el abuso de autoridad de los Pakales, que les exigieron no detener al conductor de un carro que iba a toda velocidad. Los policías se negaron y, después de una discusión, los Pakales se llevaron a ocho de ellos.

Abusos de los Pakales hacia las infancias

También las infancias han sido víctimas de abusos por parte del cuerpo de élite chiapaneco. Según la organización Melel Xojobal, en los primeros 100 días de gobierno por lo menos ocho niños, niñas o adolescentes han sido detenidos en San Cristóbal de Las Casas, Teopisca y Paraíso Grijalva; algunos por supuestamente llevar droga o armas largas.

“Las niñas y niños que están siendo utilizados y reclutados en las economías ilegales son víctimas de un sistema que ha perpetuado su vulneración de derechos. No son criminales, narconiños o menores infractores. Son niñas y niños que la corrupción y el crimen organizado han utilizado para sus propios intereses”, afirmó en conferencia de prensa Melel Xojobal.

Otra denuncia de violaciones hacia las infancias fue publicada a finales de marzo por el ejido de Tila, municipio donde operan grupos de la criminalidad organizada, que en junio de 2024 desplazaron a más de 4 mil personas. Los ejidatarios informaron que el grupo Pakal iba acompañado del grupo criminal Karma y que cateó casas sin órdenes judiciales y detuvo a 20 personas sin órdenes de aprehensión. Entre ellos 5 niños, que permanecieron 4 días en la cárcel antes de ser liberados.

“Los Pakales y los narcokarmas golpearon a personas de la tercera edad y lesionaron a otras con armas exclusivas del Ejército”, afirma el ejido Tila. “Hostigaron, intimidaron, allanaron viviendas, actuaron con abuso de autoridad y violaron los derechos humanos indígenas, además de que robaron un ahorro de 20 mil pesos a una anciana”. 

Pacificar no es lo mismo que construir paz en Chiapas

Las organizaciones de derechos humanos señalan que la propaganda del gobierno chiapaneco usa las palabras “pacificación” y “construcción de paz” como si fueran sinónimos, pero no lo son. “Pacificar es realizar acciones visibles con el fin de crear una imagen de control y calma, mientras que la construcción de paz es un proceso de largo plazo que implica un diálogo que reconozca a los actores y su historia, con la finalidad de atender las fuentes de la violencia estructural”, dice Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (TDT).

“El gobierno tampoco usa oportunamente el concepto de ‘estado de derecho’: se trata del reconocimiento de todos los sujetos de derecho, mientras que para el gobierno tiene que ver con la implementación de un estatus quo, de un orden impuesto”.

Para Víctor Hugo López, el gobierno usa el grupo de élite Pakales como parte de las acciones mediáticas con la finalidad de cambiar la percepción de la gente, sin atender problemas estructurales como la impunidad, el control del territorio por parte del crimen organizado y el despojo que sufren las comunidades.

Con información de: Animal político.