Guerrero: a las niñas las casan, las encarcelan, las explotan

Se puede llamar María, Guadalupe, Carmen, el nombre no importa. Lo que importa es que tenía 14 años cuando fue obligada a casarse con un hombre que no conocía. Eso ocurrió hace dos años. Este 15 de abril salió huyendo de su pueblo, San Antonio, en Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero. Lo hizo después de tres días de encarcelamiento.

El 12 de abril, la menor fue encerrada en la cárcel del pueblo porque ni ella ni su madre tuvieron en la mano los 700 mil pesos que la familia de su pareja exigía que le devolviera porque fue lo que pagaron por la “dote”.

Todo comenzó cuando su pareja pidió a la Policía Comunitaria de su pueblo que la detuviera. El hombre dijo que “descubrió” en el celular de la menor fotografías de su exnovio.

Los policías comunitarios la detuvieron y también a Samuel, el exnovio.

El hombre le pidió el favor a su tío, Lorenzo Moreno Ventura, el presidente del Consejo de Justicia y Certeza de los Pueblos Originarios.

La menor fue liberada tres días después, luego de que el padre de Samuel y la madre del menor se comprometieron a pagar los 700 mil pesos. El padre pagará 250 mil y la madre el resto, 450 mil.

El plazo del pago se cumple justo hoy, 30 de abril.

Después de la firma del trato, la menor salió huyendo de su pueblo, se desterró y de no cumplirse con el pago, la encarcelada ahora podría ser su madre.

La familia de exigió el pago de los 700 mil pesos pese a que durante los dos últimos dos años, la menor fue sometida a trabajos sin pago, trabajó de jornalera en Sinaloa y todo su salario se lo quitaron los padres de la pareja con el pretexto de que tenía que recuperar algo de lo que pagaron por la dote.

La dote es una tradición ancestral de los pueblos originarios, aunque ahora es una simple transacción económica. Antes, era una ofrenda que una familia brindaba a otra por la felicidad de la nueva pareja. Entregaban flores, panes, cerveza, algunos animales y dinero, sin tarifas.

Era una manera de agradecer por la crianza de la mujer y una forma de apaciguar la tristeza que provocaba a la familia dejar ir a una de sus hijas, que son “la alegría de la casa”. Ahora no, las familias se meten en intensas negociaciones hasta llegar a un precio y la ofrenda la dejan en segundo plano. Los precios varían entre los 40, 80 hasta 150,000 pesos por una niña.

El precio, según la tradición, se establece en tres aspectos: la edad [mientras más niña más vale], el comportamiento [si se sabe que ya tuvo novio su valor se demerita] y la educación [más educada menos valor].La dote es una tradición que a las niñas les quita su niñez y las convierte en adultas, en madres.

Neil Arias es abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en los últimos años ha documentado más de 50 casos de matrimonios forzados. Explica que la venta de niñas es una tradición tan arraigada en los pueblos de la Montaña que intervenir para evitarlo es casi imposible.

La abogada menciona que no conoce a un sacerdote de la iglesia católica que se haya negado a casar a una niña. “Hay pueblos completos que sí eso pasa, el sacerdote nunca más vuelve a pisar la comunidad. Y muchos sacerdotes sacan cuentas y prefieren seguir casando a las niñas”, afirma.

Otro problema, expresa, son los ayuntamientos que no mueven un dedo para evitar la venta de niñas y, cuando una mujer ya no quiere seguir en la relación, siempre le dan el lado al que paga. Neil Arias ve otro problema, éste estructural: la pobreza.

Muchas veces con la venta de las niñas las familias se quitan una boca de encima, es un gasto menos; pero, agrega, igual de pobres son los que pagan por las niñas.

Neil Arias afirma que la pobreza va acompañada de la falta de escuelas, de hospitales y de caminos. “Estas niñas, niños y jóvenes no tienen alternativas para un futuro”, dice. Estamos frente a una escena desoladora: pobres comprando pobres.

El 15 de diciembre de 2012, Angélica, una adolescente de 15 años, intentó regresar a su pueblo, Joya Real en Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero. No pudo. La comisión que la acompañó determinó que el lugar era hostil para ella: la puerta de su casa la hallaron macheteada. Angélica fue obligada a casarse cuando tenía 12 años con jove que no conocía, por 110 mil pesos.

En cuanto se concretó el “matrominio”, el “esposo” se fue a Estados Unidos a trabajar por la falta de empleos en la región. Angélica se quedó viviendo en la casa del “esposo”. Su “suegro” la intentó violar en distintas ocasiones hasta que Angélica escapó, el 29 de septiembre.

El “suegro” pidió a la Policía Comunitaria del pueblo que la detuvieran y la encarcelaran hasta que devolviera 210 mil pesos, el doble que pagaron por ella. Los comunitarios la detuvieron y se la llevaron junto con su tía, una mujer de 70 años y sus tres hermanas: una de ocho años y las otras dos de seis. Angélica y sus tres hermanas pasaron once días encarceladas.

A su tía, días antes la dejaron en libertad. El caso de Angélica se supo porque su madre, Concepción, lo denunció el 9 de octubre del 2021 en un hospital, en el municipio de Ometepec. Ese día, Concepción llegó a la comisaría con comida para sus tres hijas. Discutió con los comunitarios y uno de ellos la golpeó.

Concepción estaba embarazada de trillizos. La agresión le provocó el aborto: se desangró en el pasillo de la comisaria. Para que Angélica regrese a su pueblo, los pobladores pusieron condiciones: que se libere al “suegro”, que está preso por el delito de violación contra Angélica.

También pidieron la liberación de los dos policías comunitarios que la encarcelaron.

¿Una mujer que fue vendida puede desafiar la tradición?

Sí, pero hay consecuencias. Son acusadas, señaladas, incluso, perseguidas por las autoridades. Neil Arias, la abogada de Tlachinollan, tiene documentados el caso de dos mujeres. Una que se negó a casar y otra que terminó su “relación”.

Caso 1. Esperanza, una joven de 21 años de edad del municipio de Metlatonoc, salió huyendo a Tlapa porque su papá la quiso vender sin su consentimiento. Ante la falta de trabajo y dinero regresó a su pueblo. Sus padres la rechazaron y se fue a vivir con una tía.

Un día, su padre y policías municipales entraron a la casa de la tía, la sometieron, la golpearon y después la llevaron a barandillas. La acusaron de rebelde. Estuvo dos días en la cárcel. Todo lo autorizó el síndico municipal de entonces, Felicitos Hernández Olea. Tlachinollan presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abuso de autoridad. El síndico contestó que la encarceló por petición de sus padres por “conducta ingobernable”.

Caso 2. En Cochoapa El Grande, comprometieron a Micaela cuando era menor de edad; pagaron 80,000 pesos. No estuvo de acuerdo. A los dos años, nació su hijo y el “esposo” se fue a Estados Unidos. Se quedó a vivir con la tía del esposo, la maltrató y nunca le entregó el dinero que enviaba su “esposo”. Micaela decidió irse a la casa de sus papás. El “esposo” y la tía pidieron al entonces síndico de Cochoapa El Grande, Rutilio Ortega Maldonado, que la citara junto con sus padres. Acudieron a la cita. Ahí la acusaron de maltratar a su hijo; con presiones los hicieron firmar un documento donde entregaba la custodia del niño a la tía y un pagaré por 55,000 pesos, para cubrir parte de los gastos de la boda. Le quitaron al niño y se lo devolverán hasta que liquide el pagaré.

“Quitarle a los hijos se está convirtiendo en un método para que las niñas no dejen a los esposos”, dice la abogada y explica que la familia que paga siempre exige la devolución del dinero porque muchas veces tuvieron que pedir prestado o irse todos a los campos de jornaleros para juntar ese dinero.

Eran las 8 de la mañana del lunes 22 de noviembre de 2021, cuando Anayeli, de 15 años de edad, escapó de su casa en la comunidad Joya Real en Cochoapa El Grande. Ese día la obligarían a casarse con un adolescente de 16 años que no conocía. Todo estaba listo.

El viernes y el domingo, la familia del joven ofreció una fiesta para acordar el matrimonio. Mataron una vaca, hubo cervezas, refrescos, música de banda. El casamiento se pactó para el lunes.

La madre de Anayeli acordó casarla por 200 mil pesos. Ese lunes, muy temprano, Anayeli escapó. Se refugió en la casa de un amigo, otro menor de 15 años. Las dos familias, la de Anayeli y la del joven, dieron aviso a la comisaría del pueblo. Los policías salieron a buscarla hasta que la hallaron. De inmediato la encerraron en la comisaría, junto con el joven que la refugió. Para liberarla exigieron a Anyeli que se casara pero, sobre todo, que su familia regresara los 56 mil pesos que gastaron en las fiestas que ofrecieron porque ya los había “ofendido”.

Los 200 mil serían entregados en la fiesta. Un día después, muy temprano, a las oficinas de Tlachinollan, entró una llamada telefónica anónima denunciando que en la comisaría de Joya Real, tenían encarcelada a Nayeli por negarse a casarse.

En 2021 fue la primera vez en que un gobierno anunció una estrategia para prevenir, combatir y erradicar los matrimonios forzados. El 10 de noviembre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, firmó un convenio con dependencias federales y con la ONU.

Hasta el momento, la estrategia no es clara. Se firmó el acuerdo pero no se anunció cuál será el presupuesto para implementarla, tampoco quién la encabezará.

El anuncio de la gobernadora fue criticado, de entrada, por la falta de presupuesto y precisión de la estrategia, pero también por la falta de cercanía que ha mostrado la morenista: del acuerdo quedaron excluidos los pueblos de la Montaña y la Costa Chica y sus mujeres.

“Tiene que recorrer la comunidades, explicarles a los pueblos directamente que vender una niña es un delito”, dijeron mujeres de Cochoapa El Grande en conferencia en Chilpancingo.

Para la abogada Neil Arias no ha funcionado ese programa, porque según ella, los matrimonios forzados de niñas o menores de edad se siguen dando en estos municipios más marginados de Guerrero.

“Pero no solamente son los matrimonios forzados, son los feminicidios”, refirió.

“La Secretaría de la Mujer ni la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas del gobierno del estado ponen atención a este problema de violaciones a los derechos humanos”, indicó la abogada de Tlachinollan.   

Celia —14 años, na savi— sufrió las violencias a las pueden ser sometidas las niñas, adolescentes y mujeres en la Montaña de Guerrero: la obligaron a casarse con un desconocido a cambio de dinero, trabajó forzadamente en los campos agrícolas sin recibir un pago, la golpearon, la violaron. La convirtieron en madre cuando era niña. Cuando pudo huir de inmediato la encarcelaron y, después, la desterraron de su propio pueblo.

Esta es la historia de Celia; la documentó Tlachinollan.

Aquí comienza, en julio del 2021, cuando a Celia la obligaron a casarse. La familia de Raúl pagó 160 mil pesos al abuelo y a un tío paterno, ante la ausencia de su padre. Se dividieron el dinero: 110 para el tío y 50 mil para el abuelo. Luego en el pueblo, en el municipio de Cochoapa El Grande, hubo fiesta con bebida y comida.

A la madre de Celia no le dieron nada, el tío dijo que recibió el dinero porque él protegería a su sobrina sí sufría maltratos. Al día siguiente de la fiesta, Celia, Raúl y la familia del joven salieron de Cochoapa El Grande rumbo a Autlán, Jalisco, a los campos agrícolas.

Ahí la menor trabajó de sol a sol y cuando llegaba la paga, uno mil 500 pesos a la quincena, todo se lo recogía el padre de Raúl. No le daban nada porque con su trabajo, le dijeron, tenían que recuperar los 160 mil pesos que pagaron por ella. El colmo: la venden contra su voluntad e intentaron que fuera ella misma la que se pagará.

Fueron ocho meses, los que trabajó en los surcos sin ningún pago. Todo ese tiempo Raúl no hizo nada para impedirlo, al contrario, cuando bebía la golpeaba y la abusaba sexualmente. Cuando regresaron a Cochoapa El Grande, Celia estaba embarazada. La menor se sintió aliviada al reencontrarse con su madre y sus hermanas.

Pero su sufrimiento no terminó ahí. En la Montaña le asignaron un papel de trabajadora doméstica, no el de una integrante más de la familia. Hacía los quehaceres de la casa: barría, lavaba, preparaba la comida para todos, igual sin ningún pago.

Al mismo tiempo, sufrió el acoso de la madre de Raúl, a cada momento le reclamaba que el hijo que esperaba no era su nieto. Celia esperó a parir y después huyó. Se escondió en la casa de su madre con su hijo. Se sintió tranquila, protegida.

Hasta ahí llegó un grupo de policías comunitarios junto con los familiares de Raúl. Aun con los dolores del parto la encarcelaron junto con su hermana mayor. La acusaron de abandonar a Raúl y exigieron que regresara los 160 mil pesos que pagaron por ella.

Cecilia, la madre de Celia, consiguió algo de dinero y viajó hasta Tlapa; pidió ayuda a Tlachinollan. La madre junto con personal de Tlachinollan denunciaron la privación ilegal de Celia.

Al pueblo llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la menor fue recuperada. Un día encarcelada. Celia fue liberada. Antes, Cecilia pidió ayuda a la síndica de Cochoapa El Grande y a la juez de paz, las dos se negaron, no quisieron confrontarse con la Policía Comunitaria del pueblo.

Pero la historia no termina ahí. El tío que recibió el dinero se negó a regresarlo y exigió que sea la familia materna de Celia quién lo haga. La familia de Raúl exige el pago de 160 mil pesos.

La Policía Comunitaria acusa a Celia y a su hermana de haberles robado dos armas. Celia, su madre, sus tres hermanas y tres sobrinas no tuvieron más opción ante la persecución: salieron huyendo del pueblo, así sin nada, sin ninguna ayuda, sin dinero, sin ningún lugar dónde llegar.

Lo único que se llevaron de su pueblo fue su condición de pobreza.

Este trabajo se publicó originalmente en El Tlacolol.

Con información de: Animal político.