Elección Judicial 2025: Activistas advierten sobre 24 candidaturas riesgosas

En la recta final de las campañas electorales de la primera elección judicial del país, la organización Defensorxs ha detectado, al menos, 24 candidatos o candidatas de 11 estados con perfiles riesgosos para ocupar algún cargo en el Poder Judicial, debido a su posible relación con el crimen organizado, así como por tener acusaciones de delitos sexuales o estar involucrados con una secta político-religiosa.

Entre los hallazgos recientes obtenidos por esta organización, que asegura realiza investigaciones periodísticas y rigurosas para confirmar los señalamientos, se advierte sobre la postulación de cuatro candidatos con acusaciones de violencia familiar o sexual.

Tal es el caso de Luis Castañeda, candidato a juez laboral federal en la Ciudad de México, por el Distrito 4 que incluye a las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Su caso destaca por presuntamente tener, al menos, 36 denuncias de víctimas de acoso sexual, además de haber sido detenido por homicidio culposo.

Según la organización, Luis Castañeda Palacios es subdirector de Defensa Legal en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y desde 2012 cuenta con diversas denuncias de acoso, al punto que llevó a sus víctimas a crear un movimiento en Instagram con el título “mujeresvsacoso” para exponer sus abusos y amenazas.

Incluso, se denunció que ha amenazado a las víctimas con perjudicarlas a través de embargos judiciales o a través del uso de sus contactos en el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF).

Por otro lado, la organización informó que cuenta con documentos judiciales que narran la detención de Luis Castañeda por el presunto delito de homicidio culposo en 2022, por atropellar a José Luis Escalona Hernández, quien conducía una motocicleta Italika color rojo.

Otro caso es el de Edgar Agustín Beiza, actualmente juez de control y candidato a magistrado de Circuito en materia Penal en el Primer Circuito de la Ciudad de México y quien es denunciado por una alumna de la UNAM por abuso sexual y por decenas de mujeres que lo han señalado por encubrir a sus agresores.

Según la organización la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) inició una investigación y, en marzo de 2018, logró vincularlo a proceso por abuso sexual agravado. Posteriormente, en 2019, la víctima, le otorgó el perdón, lo que llevó al cierre del caso.

También se identificó que en 2021, solicitó, a través de la Fiscalía capitalina que se eliminaran datos relacionados con una precandidata del PAN a un cargo de elección popular, lo que fue interpretado como un intento de censura hacia el medio Proceso.

Por otro lado, se tiene el caso de Francisco Martín Hernández Zaragoza, candidato a magistrado de Circuito en materia penal para el tercer circuito de Jalisco. Las investigaciones muestran que fue destituido en 2015 por el Consejo de la Judicatura Federal por abuso sexual, al tiempo que ha sido señalado de corrupción y lavado de dinero.

“A pesar de estos antecedentes, fue postulado recientemente para una magistratura sin una revisión adecuada de su historial”, lamenta la organización.

Del mismo modo se advierte sobre Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, candidato a magistrado de Circuito en materia mixta por el Quinto Circuito (Sonora). Su caso destaca por haber sido destituido como administrador penitenciario de Sonora y ser acusado de encubrir un feminicidio que ocurrió en una prisión durante una visita conyugal.

Asimismo, entre las investigaciones de la organización se señalan a otras candidaturas, como la de Tania Gisela Contreras López, candidata a Magistrada del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas (local), y a quien se le relaciona con una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol en el Estado de Tamaulipas.

Su caso destaca por haber interpuesto una denuncia ante autoridades electorales locales en un intento de censurar a periodistas que han publicado sobre estas irregularidades.

También se encuentra el caso de Elizabeth Guzmán Vilchis, candidata a Juez de Primera Instancia en Materia Penal Acusatorio y Oral en Michoacán. La candidata fue detenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en 2025 por el presunto delito de extorsión. Además, se le relaciona con la desaparición y homicidio de Homero Gómez, el defensor de la mariposa monarca.

Otros casos son los de Job Daniel Wong Ibarra, candidato a Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito en materia Laboral en el Estado de Jalisco; Eluzai Rafael Aguilar, aspirante a jueza de Distrito en materia Penal en el Estado de Jalisco y Cesiah Keren León Rocha, candidata a Jueza en materia civil. A los tres se les señala de realizar actividades de ministro de culto de la Luz del Mundo, una iglesia cuyo líder, Naasón Joaquín García, se encuentra sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos por abuso de menores de edad.

Del mismo modo se advierte sobre Karina Sánchez Ruiz, candidata a magistrada de Tribunal Colegiado Federal en el Estado de Oaxaca y quien se le identifica por también ser líder de la Luz del Mundo y por haber entregado, como diputada, un reconocimiento a Naasón Joaquín García.

Mientras que a Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a Juez de Distrito (federal) en materia Mixta en el Estado de Durango se le observa por pasar 5 años y 7 meses en una prisión de EU por los delitos de conspiración, importación y posesión de metanfetamina con fines de distribución. Además, fue detenido en México por conducir en primer grado de ebriedad.

También se encuentra el caso de Francisco Herrera Franco, candidato a juez de Distrito en materia Penal en Michoacán y quien en 2022 fue señalado como uno de los principales sospechosos del homicidio de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, integrantes del portal Monitor Michoacán. A la vez, ese mismo año se filtraron audios en los que presuntamente Herrera Franco dialoga con un líder criminal de Michoacán, a quien asesora para evadir la acción penal.

Al igual que estos casos, la organización ha obtenido información sobre otros 12 aspirantes al Poder Judicial cuyos perfiles no atravesaron filtros confiables para llegar a la boleta.

Con información de: El economista.