Ante confirmación de vínculos criminales en elección judicial, comunidad internacional debe estar alerta, advierte JUFED

La JUFED expresa su más firme condena y preocupación ante las recientes declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien ha reconocido públicamente que entre los candidatos propuestos para integrar el Poder Judicial por medio de elecciones se encuentran personas vinculadas con el crimen organizado.

Estas declaraciones no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que JUFED ha advertido desde el inicio: la reforma judicial impulsada por el actual gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas.

Advertimos, una vez más, que la pretendida “elección popular” de jueces y magistrados no es un acto democrático, sino un mecanismo de cooptación institucional que abre la puerta a intereses políticos, económicos y ahora, como ha sido reconocido, criminales.

Lo dijimos y hoy lo repiten quienes promueven dicha reforma: esta iniciativa entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor.

Nuestra denuncia no ha estado sola. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió: “la independencia judicial es pilar del Estado de Derecho y no puede estar sujeta a elecciones controladas por poderes políticos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue clara: “una elección judicial sin garantías de imparcialidad y méritos es una regresión democrática”.

El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue claro y enfático: “A los cárteles de la droga les resultará más fácil infiltrarse en el poder judicial de México si se aprueba un plan para que los jueces sean elegidos por voto popular”. Esta declaración se suma al coro de voces nacionales e internacionales que han advertido sobre el grave riesgo de entregar la justicia a intereses ajenos a la legalidad.

Estos riesgos han sido expuestos recientemente por JUFED ante integrantes del Parlamento Europeo, de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, y de la Organización Internacional del Trabajo, así como ante organizaciones de la sociedad civil y académicas en los Estados Unidos, que han solicitado información sobre los efectos negativos de esta reforma en el Estado de Derecho en México.Ante estos hechos y dichos,JUFED hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los defensores de los derechos humanos, para que conozcan los efectos del desmantelamiento del Poder Judicial en México y su impacto en el debilitamiento de la democracia.

México vive un momento crítico. El Estado de Derecho está en riesgo de desaparecer bajo la apariencia de una elección democrática. No se trata de modernizar la justicia: se trata de entregarla.

Alzamos la voz por cada juez y magistrado que ha defendido la legalidad con integridad.

Alzamos la voz por la ciudadanía que merece una justicia imparcial. Alzamos la voz

porque aún hay tiempo para impedir que México se convierta en un Estado capturado.