Trump tiene en la mira a los cárteles mexicanos con la Ley Patriota: permite intervención sin permiso

La reciente designación de los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos ha abierto la posibilidad de aplicar la Ley Patriota (USA Patriot Act) en territorio mexicano. Esto implica que si un ciudadano estadounidense es víctima de un ataque atribuido a uno de estos grupos criminales, el presidente estadounidense podría ordenar acciones militares o judiciales directas fuera de su país, sin necesidad de autorización del gobierno mexicano.

El pasado 20 de enero, la Casa Blanca emitió un decreto presidencial en la que clasificó como organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles mexicanos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Noreste (escisión de Los Zetas) y los Cárteles Unidos.

En el comunicado oficial, el gobierno estadounidense describió así la amenaza que representan estos grupos:

“Los cárteles controlan funcionalmente, mediante asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal en la frontera sur de Estados Unidos. En ciertas zonas de México, operan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad. Sus actividades amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la estabilidad del orden hemisférico y representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional”.

Una ley con alcance extraterritorial

La Ley Patriota fue promulgada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, durante la presidencia de George W. Bush, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y castigar el terrorismo.

La legislación permite perseguir a individuos y grupos fuera del país cuando se les atribuyan actos que busquen intimidar a la población civil, alterar la conducta del gobierno o cometer asesinatos, secuestros o destrucción masiva contra ciudadanos estadounidenses.

Esa posibilidad cobra relevancia frente a casos recientes en México, donde ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de ataques por parte del crimen organizado.

Ataques contra estadounidenses en México

Uno de los casos más recientes ocurrió el 18 de octubre de 2024, cuando el veterano de la Marina de Estados Unidos, Nicholas Douglas Quets, fue asesinado mientras circulaba en la carretera Altar–Caborca, en Sonora, rumbo a Puerto Peñasco, acompañado de su pareja y su suegra.

Quets era originario de Tucson, Arizona. Según las autoridades, los responsables eran presuntos integrantes del "Grupo Delta", brazo armado de La Chapiza, facción del Cártel de Sinaloa. La fiscalía de Sonora informó que los agresores ya fueron detenidos.

Otro caso emblemático fue la masacre de la familia LeBarón, ocurrida el 4 de noviembre de 2019, en La Mora, Bavispe, también en Sonora. En ese ataque murieron tres mujeres y seis niños, todos con ciudadanía estadounidense. Hasta la fecha, hay al menos 33 detenidos relacionados con el crimen.

En ese momento, Donald Trump —entonces presidente— ofreció apoyo al gobierno mexicano para investigar el caso, pero el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la intervención.

¿Intervención sin permiso?

De haber estado en vigor la reciente designación de los cárteles como organizaciones terroristas al momento de estos ataques, Donald Trump podría haber invocado la Ley Patriota para ordenar una intervención directa, incluso sin la aprobación del gobierno mexicano.

La designación marca un giro importante en la relación bilateral en materia de seguridad y abre la puerta a posibles tensiones diplomáticas si la Casa Blanca decide ejercer medidas unilaterales amparadas en la Ley Patriota.

Con información de: LatinUs.