Casa Blanca defiende deportaciones y se lanza contra quien intente frenarlas

La Casa Blanca defendió la política de deportaciones aplicada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y desacreditó a las figuras que intentan frenar las acciones en materia de migración del presidente Donald Trump. Entre los señalados se encuentra el juez James Boasberg, quien ha bloqueado algunas de las iniciativas del mandatario y también señaló a los magistrados que se han pronunciado en contra del movimiento político del actual presidente.

"Los jueces de este país están actuando erróneamente. Tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el tribunal. Intentan imponer políticas al presidente de Estados Unidos. Intentan claramente frenar la agenda de esta Administración, y eso es inaceptable", dijo la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

En su rueda de prensa destacó que seguirán peleando en los tribunales las órdenes en su contra.

"Pero es increíblemente evidente que existe un esfuerzo concertado por parte de la extrema izquierda para elegir jueces que claramente actúan como activistas partidistas desde la magistratura en un intento por desbaratar la agenda de este presidente. No permitiremos que eso suceda", advirtió.

En su opinión, dichos jueces no solo están "usurpando la voluntad" del presidente y del Ejecutivo, "sino que están socavando la voluntad del público estadounidense, de decenas de millones de estadounidenses que eligieron debidamente" a Trump para implementar tales políticas.

Por ello recalcó que la ciudadanía "desde luego" que puede esperar que la campaña de deportaciones masivas prosiga.

Trump invocó el fin de semana la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial, para acelerar las deportaciones de supuestos miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

El presidente argumentó que Estados Unidos estaba sufriendo una "invasión" de dicho grupo, aunque no presentó pruebas, y, pese a la orden judicial, ha enviado ya a más de 200 venezolanos a El Salvador, que se ofreció a encarcelarlos.

"No tenemos ningún vuelo planeado específicamente, pero continuaremos con las deportaciones masivas. El juez en este caso intenta afirmar que el presidente no tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas extranjeros de nuestro territorio. Eso constituye un flagrante abuso de poder. Este juez no puede, no tiene esa autoridad", concluyó Leavitt.

La portavoz rechazó presentar las pruebas que justifican la supuesta pertenencia de esas personas al Tren de Aragua y dijo confiar en los agentes que se dedican a esa labor.

Trump y su círculo cercano incrementaron este miércoles la presión contra Boasberg después de que el congresista republicano Brandon Gill iniciara en la Cámara de Representantes el proceso de destitución.

En caso de que ese primer paso sea validado por dicho hemiciclo, las perspectivas de éxito para un intento de destitución son inexistentes, según los expertos, puesto que el cese solo se volvería efectivo si dos tercios del Senado refrendan lo aprobado por la Cámara Baja, lo que requeriría el apoyo de hasta 14 senadores demócratas.

Con información de Informador.mx

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Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales

 La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.

El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.

“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.

El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.

La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.

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