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David Colmenares en la ASF: Siete años de auditorías cómodas sobre el uso del erario

El 1 de junio de 2020 David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y Rocío Nahle García, entonces secretaria de Energía, firmaron un “convenio para la fiscalización superior preventiva en la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas”, el cual estipuló que la ASF revisaría “de manera adelantada” las “disposiciones jurídicas aplicables” relativas a ese megaproyecto emblemático del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Para efectos concretos ese convenio exentó al megaproyecto de una observación a detalle del ente fiscalizador: si bien la ASF realizó 34 revisiones a la refinería Olmeca de Dos Bocas entre 2020 y 2024, encontró montos por aclarar de apenas 607 millones 552 mil pesos, equivalentes a 0.014% de los 412 mil 309 millones de pesos que PTI Infraestructura de Desarrollo (PTI-ID), filial de Pemex que controla la refinería, reportó como activos a finales de 2024.

Sin embargo, en el mismo lapso el costo de la refinería Olmeca se triplicó, los plazos de entrega se pospusieron en varias ocasiones, e investigaciones periodísticas sacaron a la luz presuntas irregularidades en la entrega de contratos multimillonarios, especialmente los adjudicados a empresas de allegados de Rocío Nahle, como Juan Carlos Fong Cortés, el primo de su esposo, y Arturo Quintanilla Chavira, el hijo de su compadre.

En un principio, López Obrador anunció que su gobierno construiría la refinería en tres años y por menos de ocho mil millones de dólares, un objetivo a todas luces inverosímil. La Secretaría de Energía emitió una licitación internacional bajo estas condiciones, y en mayo de 2019 la declaró desierta, pues las empresas interesadas anunciaban propuestas de entre 10 y 12 mil millones de dólares. “Estaban pidiendo mucho, se pasaron de los ocho mil millones de dólares y en el tiempo de construcción”, dio a conocer el mandatario en su conferencia matutina del 9 de mayo de 2019.

Ese día, el tabasqueño entregó el megaproyecto a Rocío Nahle, quien mandó crear la filial PTI-ID en Pemex para realizar las obras. 

En lugar de licitaciones, la empresa adjudicó directamente los contratos de Dos Bocas a un grupo de empresas, incluyendo ICA-Fluor, filial de ICA (empresa del multimillonario David Martínez, junto con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, los dos copresidentes ejecutivos de Televisa), a la transnacional Samsung y al Grupo Huerta Madre, un consorcio creado siete días antes de recibir el contrato y conformado por los cercanos de Nahle, o a Grupo Indi, una de las empresas más beneficiadas en contratos públicos durante el sexenio pasado.

Finalmente, la refinería de Dos Bocas costó 21 mil millones de dólares, tres veces más que lo anunciado por López Obrador, y empezó a refinar en 2024, es decir, dos años después del plazo prometido. En ese tiempo, Pemex adjudicó directamente 216 contratos, emitió 162 órdenes de servicios y realizó 36 cesiones de órdenes de compra, todo fuera del alcance de una revisión a profundidad de la ASF.

Auditorías a modo

El caso de Dos Bocas ilustra la gestión de Colmenares al frente de la ASF, calificada por tres de sus excolaboradores (Muna Dora Buchahin, Gerardo Lozano Dubernard y Agustín Caso Raphael, quienes se pelearon con él en momentos y por motivos distintos) como un auditor “a modo”, quien negocia con...

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0025 de la revista Proceso, correspondiente a julio de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace

Con información de proceso.com.mx

Tips al momento

Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante. 

“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador. 

Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado. 

A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.


Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo

Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.

Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.

En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.

Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.

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