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Ahora esto tardan los juicios por el paro laboral en los juzgados de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Durante junio cerca de 100 mil usuarios que diariamente acudían a las diferentes sedes del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) han enfrentado el retraso en sus asuntos civiles, familiares, penales y laborales, debido al paro iniciado por los trabajadores de la institución.

Desde el 28 de mayo último los trabajadores del PJCDMX cerraron las instalaciones de la institución para exigir un incremento salarial, cambios en los equipos de cómputo con los que diariamente tienen que trabajar, mejoras en los inmuebles y el mobiliario del tribunal, la contratación de más personal para desahogar la creciente carga de trabajo y el cese al hostigamiento laboral que, denuncian, ejercen jueces y magistrados contra sus subalternos.

Este escenario ha generado que diariamente el Consejo de la Judicatura local emita acuerdos en los que se suspenden plazos y términos judiciales que estaban previamente establecidos en los miles de juicios que conoce el tribunal.

De igual modo sólo se desahogan los trámites considerados urgentes, que son las peticiones de pensión alimenticia y medidas provisionales en casos de violencia familiar, emisiones de órdenes de aprehensión, calificar la legalidad de detenciones y resolver la situación jurídica de los imputados, así como resolver sobre la libertad de personas sujetas a proceso penal o sentenciados.

El resto de los trámites: informes periciales en diversas materias, en juicios donde está en disputa la guarda y custodia de niños adolescentes, exhortos, admisión de demandas o solicitudes de divorcio, ordinarios civiles, jurisdicciones voluntarias, juicios sucesorios, emisión de sentencias en juicios de alimentos, liquidación de la sociedad conyugal, cobro de pagarés y terminaciones de contratos de arrendamiento, entre otros, permanecen paralizados.

El paro se dio también en medio del rezago judicial que el tribunal viene arrastrando desde 2020 en el que la pandemia por covi-19 obligó a todas las instituciones públicas a cerrar sus puertas y, específicamente al PJCDMX, a acelerar la digitalización de los juicios pese a los constantes recortes presupuestales aplicados por la administración de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno, política que continúa a la fecha con Clara Brugada.

Nuevos plazos

A esta crisis se suma el hecho de que en septiembre último inició la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que implicó la extinción de diversos juzgados civiles y familiares de proceso escrito, cuyos expedientes, aún en trámite, fueron repartidos en los juzgados que subsisten sin que los trabajadores reciban un incentivo económico por la duplicación inmediata del trabajo ni sea asignado más personal a esos juzgados receptores. 

Eso ha generado que la impartición de justicia en la capital del país sea lenta, pues desde hace 10 años los equipos de cómputo con los que el PJCDMX trabaja no han sido actualizados, incluso hay juzgados donde los trabajadores tienen que compartir una computadora o no hay más que un escáner para digitalizar todos los documentos de los más de tres mil expedientes en trámite.

  • De acuerdo con los informes del Poder Judicial local, al primer trimestre de 2025, el promedio de duración de un juicio tradicional penal fue de 47 meses y 21 días
  • En un juicio penal relacionado con delitos no graves el promedio fue de 50 meses y 17 días. 
  • Para los juicios civiles el promedio es de ocho meses y 11 días. 
  • Mientras que para juicios familiares, 10 meses y tres días 
  • Y para los juicios de tutela de Derechos Humanos es de 21 días.
  • En la justicia oral los casos civiles tuvieron un promedio de duración de cinco meses y cuatro días.
  • Los casos familiares, de dos meses y 15 días
  • Los asuntos penales orales sin sentencia, de cuatro meses y 13 días
  • En la Unidad de Gestión Judicial Civil la etapa postulatoria dura un promedio de un mes y ocho días.
  • En 2022 fueron creados los primeros 10 juzgados en materia laboral, que eventualmente van a sustituir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde al primer trimestre de 2025 el promedio de duración de los juicios laborales individuales fue de 14 meses y 22 días y los laborales colectivos de dos meses y 16 días.

Lo anterior implica que miles de usuarios que diariamente acuden al tribunal a desahogar estos trámites no han podido recibir atención en los últimos días.

El 26 de junio último, en conferencia de prensa, el magistrado presidente, Rafael Guerra, dio a conocer que conforme a un reporte interno elaborado una semana antes del paro, el Tribunal recibió sólo en esa semana a 844 mil 582 usuarios, lo que da un promedio de 120 mil 654 usuarios diarios.

Asimismo el funcionario indicó que la semana reportada el tribunal recibió 252 mil 18 promociones, lo que podría dar un promedio de un millón ocho mil 72 promociones al mes que, durante el paro, no han podido ser presentadas ni atendidas.

En materia penal se realizan por día entre 450 y 500 audiencias; mientras que en materia familiar, 300; los juicios en ambos ámbitos son los que abordan los temas más sensibles para los ciudadanos, pues se refieren a los derechos de las víctimas del delito, de los imputados, de las mujeres a no ser violentadas, de los menores de edad a recibir una pensión alimenticia, convivir con sus padres o sus abuelos, de las personas a recibir una herencia, etcétera.

Con información de proceso.com.mx

Tips al momento

Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante. 

“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador. 

Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado. 

A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.


Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo

Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.

Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.

En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.

Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.

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