¿Qué hay detrás del secuestro y asesinato de 13 trabajadores de una mina en Perú?

Maniatados, desnudos, torturados y ejecutados a sangre fría. El 4 de mayo, 13 trabajadores desaparecidos de una mina en Perú fueron hallados muertos. Tras la confirmación del asesinato y después de haber desestimado inicialmente las denuncias de secuestro, el Gobierno finalmente decretó un toque de queda en el distrito de Pataz (noroeste). ¿Qué sucedió y qué tiene que ver la minería ilegal?

El asesinato de 13 trabajadores de una mina en el norte de Perú ha consternado a la sociedad del país. Sus familias denunciaron su desaparición ante la incredulidad de las autoridades, que en principio habían descartado un secuestro, a pesar de los indicios.

El 4 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cadáveres de los trabajadores. Maniatados, desnudos, torturados y ejecutados a sangre fría dentro de un socavón en la misma mina de oro en donde trabajaban como guardias de seguridad.

Los sucesos ocurrieron en Pataz, una región minera en el noroeste peruano que ha sido lastrada en las últimas décadas por la violencia del crimen organizado y la minería ilegal, que han provocado una ola de terror entre los habitantes de la zona, dependientes en su mayoría de los trabajos que ofrecen los socavones.

Poderosa, compañía minera que controla la extracción en la mina de oro, confirmó que un equipo de búsqueda localizó y rescató los cuerpos de sus trabajadores el domingo 4 de mayo, achacándole el asesinato a mineros informales ligados con bandas criminales en la zona.

Desde 1980, el crimen organizado ha asesinado a 39 trabajadores de La Poderosa, según reveló la empresa en un comunicado pidiendo garantías de seguridad a las fuerzas estatales que, por ahora, no han conseguido diezmar la criminalidad. ¿Qué pasó en La Poderosa?

La cronología del crimen

El 25 de abril, las familias de 13 trabajadores de la mina de oro de Pataz, una zona eminentemente minera del departamento de La Libertad (noroeste), denunciaron su desaparición ante las autoridades y los medios de comunicación. La constante: el silencio de Poderosa y la Policía, quienes, según familiares de las víctimas, hasta hace unos pocos días, dudaban de la veracidad de las peticiones de ayuda.

Días después, y ante la insistencia de los allegados de los trabajadores, Gustavo Adrianzén, el presidente del Consejo de Ministros peruano, puso en duda la hipótesis de que los hombres estuviesen secuestrados, debido a que el Gobierno ya había lanzado un operativo para investigar y, según el funcionario, no se había encontrado nada.

"Nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia de que el suceso que se informó sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento", expresó Adrianzén, que fue secundado por las autoridades policiales de Pataz.

Sin embargo, el 2 de mayo, la mina Poderosa confirmó que los trabajadores habían sido secuestrados. En un comunicado, la empresa minera reveló que se trataba de guardias de seguridad que trabajaban junto con un minero artesanal, con el que la gigante peruano tiene un contrato de colaboración en la extracción.

En su comunicado, la empresa también cuestionó el actuar del Estado en la región.

"Llama poderosamente la atención que la semana pasada la Policía Nacional de Perú haya movilizado a más de 800 efectivos para un operativo que, lamentablemente no contempló mayores interdicciones de bocaminas ilegales ubicadas en la zona en la que se produjeron los enfrentamientos", sentenció el texto.

Dos días después, el 4 de mayo, los trabajadores fueron encontrados sin vida por las autoridades.

La respuesta del Estado

En contraste con su respuesta inicial, tras confirmarse el asesinato de los 13 trabajadores, el Gobierno de Perú impulsó una serie de acciones para intentar esclarecer los hechos.

Este 5 de mayo, el Gobierno de Dina Boluarte decretó un toque de queda en Pataz, además de ordenar el despliegue del Ejército y la Policía para tomar el control de la zona. Además, la presidenta anunció la suspensión de la minería en la región durante 30 días.

"A raíz del acontecimiento de Pataz, decidimos que en las próximas horas, mientras trabajamos en el marco legal, se declara, a partir de entonces, el toque de queda en todo el distrito de Pataz de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y las Fuerzas Armadas tomarán el control total de la zona minera de la Poderosa", dijo la mandataria desde la sede del Gobierno.

Por otro lado, Boluarte señaló que los posibles responsables de la muerte de los trabajadores son miembros de una agrupación criminal liderada por alias 'Cuchillo', quien supuestamente fue liberado por el Ministerio Público en 2023. 

"Mano dura para estos delincuentes criminales", mencionó, añadiendo que su Gobierno no va a permitir "estos actos de crimen organizado, de terror, de extrema brutalidad".

Minería ilegal y crimen organizado

Perú es uno de los principales proveedores de minerales esenciales, como oro y cobre, en todo el mundo, pero también es un país único en sus dinámicas internas en torno a la explotación de recursos. 

El Gobierno peruano es el único en el mundo que ampara a los mineros informales para que puedan ejercer sus actividades, con el único requisito de que planeen formalizar su ejercicio en un futuro.

A través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), los mineros irregulares pueden iniciar su trámite para integrarse en la legalidad; mientras tanto, tienen la habilidad de continuar con sus actividades. 

Solo el 4% de los 85.000 mineros que buscan formalizar su actividad son titulares de las concesiones que operan, según el Ministerio de Energía y Minas peruano, que reconoce que algunos mineros solamente usan el programa para disfrutar de los beneficios estatales. 

Sin embargo, los altos costos de la formalización y las normas ambientales que hay que seguir para conseguirlo hacen que la minería ilegal sea un negocio extremadamente atractivo para miles de personas. En 2024, la minería ilegal peruana generó unos 3.000 millones de dólares. 

En regiones ricas en minerales como Pataz, la violencia va en aumento, protagonizada por grupos criminales que descubrieron la enorme rentabilidad del negocio de la minería ilegal y buscando amedrentar a las grandes productoras y competidores artesanales – formalizados – para abandonar sus actividades y acaparar la extracción. 

"Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el Gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes que sea demasiado tarde", apuntó el comunicado de Poderosa.

Con información de proceso.com.mx