Con la 4T se dispara la deuda pública

Aunque una de sus principales promesas de campaña fue no endeudar más a México, Andrés Manuel López Obrador incumplió y aumentó la deuda pública más de seis billones de pesos, dejando en jaque la estabilidad financiera, de acuerdo con especialistas. Y las deudas siguen creciendo en los Gobiernos de la Cuarta Transformación (4T).

La Secretaría de Hacienda reporta que Enrique Peña Nieto terminó con una deuda de 10 billones 829 mil millones de pesos. Y López Obrador finalizó con 17 billones 426 mil millones.

Alejandro Rodríguez Magaña, doctor en Ciencias Administrativas y académico de la Universidad Panamericana, explica: “El mayor error de López Obrador fue apostar por decisiones ideológicas y simbólicas, en lugar de seguir criterios técnicos y de eficiencia en el gasto. Y ante la desaparición de órganos autónomos bajo una supuesta austeridad, se perdió la transparencia, sin planeación técnica del gasto, con una pérdida de instrumentos financieros que son útiles en los momentos de crisis”.

La tendencia de una mayor deuda se extendió a los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum. Al primer trimestre de este año ascendió a los 17 billones 662 mil millones de pesos; es decir, 236 mil millones más.

El Instituto Mexicano para la Competitividad indica que el costo financiero de la deuda representa un riesgo para las finanzas públicas de un país, cuando su uso no es productivo o cuando no se utiliza para objetivos que contribuyan al crecimiento, como la infraestructura. “En México coexiste un bajo nivel de crecimiento económico, con un incremento en la deuda”.

Para dimensionar el tema, en 2024 el Gobierno federal tuvo ingresos por nueve billones de pesos, mientras el Congreso de la Unión autorizó contratar nuevos créditos por más de 1.7 billones de pesos para hacer frente a los endeudamientos internos y externos acumulados. Prácticamente dos de cada 10 pesos de la Federación se fueron al pago de la deuda.

Para los especialistas, si sumamos el gasto en el sistema de pensiones (que el año pasado fue de dos billones de pesos) y el desembolso en los programas sociales (otros 543 mil millones), se limita la inversión pública y el progreso del país. Por eso Hacienda debe apalancarse con la iniciativa privada para impulsar grandes obras, ya que el gasto corriente o la nómina también impactan.

Rodríguez Magaña subraya que la falta de una reforma fiscal limita la capacidad del Estado para recaudar más ingresos de forma eficiente, y critica que la política de austeridad “mal ejecutada” debilitó sectores clave, como salud, ciencia, tecnología y cultura.

Hay otra arista: el déficit fiscal muestra un desequilibrio entre los ingresos y los gastos de la Federación, en comparación con el tamaño de la economía del país, que se representa en el Producto Interno Bruto (PIB). En 2018, ese déficit era del 2%, pero el año pasado el porcentaje ascendió al 4.9 por ciento.

Otros factores que ocasionaron que la deuda y el déficit fiscal se incrementaran son la pandemia, los fallidos megaproyectos de infraestructura y los compromisos de los programas sociales. La cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco tuvo un costo negativo y también está la deuda y el gasto de Petróleos Mexicanos.

Frente a este panorama, las soluciones son limitadas. Rodríguez Magaña propone una reforma fiscal progresiva que combata la evasión, que se revisen las excepciones fiscales a grandes empresas y que se permita una recaudación más eficiente. También auditar los megaproyectos y evaluar su rentabilidad. “No tendríamos por qué seguir subsidiando proyectos ineficientes”.

Con información de Informador.mx