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Procesan a líder sindical de Pachuca por abuso sexual y le suman denuncia por desvío de fondos

HIDALGO (apro) .- Por dieciocho años líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), Percy Espinosa Bustamante fue vinculado a proceso la madrugada del primero de junio por presunto abuso sexual agravado. 

Un día después, el ayuntamiento capitalino, a cargo del morenista Jorge Alberto Reyes Hernández, presentó una denuncia contra el mismo dirigente, por presuntas irregularidades que, estima su Coordinación Jurídica, asciende a 77 millones de pesos, por retenciones relacionadas con préstamos del SUTSMP a trabajadores de la alcaldía. 

El 24 de junio, Percy fue detenido en la colonia Centro de Pachuca, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez el mismo día, en un operativo a cargo de elementos la División de Investigación adscritos a la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social. 

Como a estos sucesos le antecede una confrontación entre Espinosa Bustamante y el alcalde de la capital hidalguense, antes subsecretario de Infraestructura Pública al inicio del gobierno de Julio Menchaca Salazar, sindicalizados se movilizaron para acusar un supuesto móvil político contra su líder, en tanto que colectivos feministas se pronunciaron por un proceso justo en el que no se revictimice y acose a la denunciante, A.N., pues acusaron que seguidores de Percy han pretendido reducir el caso a sólo tintes políticos sin considerar los posibles agravios.        

Con base en la denuncia, la probable agresión ocurrió en abril de 2024, cuando una mujer, quien era subordinada del líder sindical, habría sido víctima de tocamientos íntimos sin su consentimiento, así como agresiones verbales de índole sexual. 

Al vincularlo a proceso, la jueza Areli Sánchez Lazcano otorgó un mes para la investigación complementaria. Aunque inicialmente fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, Espinosa Bustamante abandonó la cárcel desde el jueves 26 de junio –en la reanudación de su audiencia inicial– al obtener la medida de resguardo domiciliario.  

Su defensa argumentó que el sindicalista, de 74 años, sufre diversos padecimientos relacionados con su edad, los cuales, añadió, llevaron a que su audiencia inicial se suspendiera una vez, porque Percy presentó malestares y requirió ser asistido por un tanque de oxígeno. 

La denuncia por presuntas irregularidades en las retenciones por préstamos se debe a que cada semestre, desde 2019, el ayuntamiento otorga al sindicato un millón 400 mil pesos para un fondo que ese tiene para prestar recursos a los trabajadores, bajo condiciones que establece el sindicato. Los 77 millones los estiman en retenciones que ha hecho el organismo a cargo de Percy en los últimos dos años y medio. 

Asimismo, el municipio afirmó que ha detectado estos movimientos porque ellos realizan la retención de dinero a los empleados, el cual debe ser transferido a la cuenta del SUTSMP, sin que se transparenten las condiciones de los préstamos y el uso de los rendimientos financieros por intereses.    

Cuando fue cuestionado sobre la detención por la denuncia de abuso sexual, así como por las acusaciones de persecución política que hizo el sindicato de Pachuca, el gobernador Julio Menchaca respondió: "De mi parte, no. No sé quién lo persigue. Lo persigue ahorita la justicia, por una denuncia de una señora". 

Posteriormente, el gobernador señaló que espera una resolución en el caso "para quien tenga la razón" en las instancias correspondientes. 

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante. 

“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador. 

Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado. 

A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.


Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo

Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.

Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.

En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.

Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.

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