Desvelan estafas millonarias: gobierno federal vendió tierras sin atribución para ello

MULEGÉ, BCS (Proceso).- Por más de 30 años la familia Johnson ha sostenido una batalla legal con ejidatarios de Mulegé, un pequeño poblado en Baja California Sur que cuenta con apenas 3 mil habitantes; ahí, en ese mismo tiempo, han administrado el Hotel Serenidad, punto de reunión reconocido a nivel mundial, pues en cada temporada llegan estadunidenses, canadienses y alemanes a disfrutar de las paradisíacas y casi desérticas playas y lugares de esparcimiento que abundan en la zona.

A raíz de la pelea en tribunales con los ejidatarios del poblado que reclaman que de manera inmediata les entreguen más de 20 mil metros cuadrados en los que se encuentra el hotel, los Johnson descubrieron que cientos de personas fueron estafadas al igual que ellos, al supuestamente comprar de manera legal predios en distintos puntos del país, pero que luego son reclamados por ejidatarios, pues toda la compraventa realizada y administrada por la Corett no tiene validez ante el Tribunal Superior Agrario.

La Corett, que hasta la nueva administración de Claudia Sheinbaum era la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (organismo público descentralizado que se encarga de regularizar la tenencia de la tierra especialmente en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal), fue reestructurada y ahora se ha convertido en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y es administrado por José Alfonso Iracheta Carroll. Esta nueva dirigencia desconoce el problema que heredó de sus administradores pasados.

Los engañados

El Tribunal Superior Agrario (TSA) tiene cerca de 200 expedientes de mexicanos que hace más de 30 años adquirieron una propiedad, vendida por la Corett en lugares como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, Norte, Nayarit e incluso la Ciudad de México, pero que en realidad fueron engañados, pues a pesar de que el pago se realizó a la institución, actualmente no pueden validar dicha propiedad y terminan perdiendo su inversión de años, caso que está viviendo en carne propia la familia Johnson.

“Mis padres empezaron con este proyecto que ahora es reconocido a nivel internacional. Tenemos muchos amigos y clientes que vienen de todas partes del mundo a descansar. Mis papás pagaron el 23 de noviembre de 1982 casi 3 millones de pesos de esas fechas. Todo fue de manera legal, el pago se hizo en el banco, a la Corett, y a cambio les entregaron una especie de título de propiedad, el cual nos da el derecho de administrar este lugar, pero ahora el Tribunal Agrario falló contra nosotros porque no reconocen el documento de la Corett”, señala Diana Johnson, quien comenta que a pesar de su apellido ella es originaria de Mulegé, pues su papá (de San Diego, California) creció en ese mismo lugar.

“Básicamente nos explicaron que esa dependencia no puede vender predios, por lo que el documento que nos entregaron no tiene validez. Nosotros no tenemos problema con los ejidatarios, llevamos años trabajando con ellos. El pueblo es muy pequeño y por temporadas empleamos a un gran número de personas. Hemos construido infraestructura para vehículos, logramos meter agua potable, luz y hasta una pista de aterrizaje. Hemos crecido con el pueblo y ahora todo eso lo vamos a perder”, señala Diana Johnson.

“Ventas” en otros estados

En una consulta realizada por Proceso, en los expedientes que el Tribunal Superior Agrario (TSA) mantiene en litigio desde 1980, se detalla que los predios vendidos por la Corett suman más de 120 millones de pesos; la mayoría están en lugares paradisíacos como Bahía Banderas, en Nayarit; Mulegé, en BCS; Puerto Paraíso, en Cancún; Chipehua, en Oaxaca; la zona boscosa de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, incluso en el cerro del Ajusco, la zona de reserva en Xochimilco, llamando la atención que incluso la Corett vendió varias hectáreas del Bosque de Chapultepec.

“Pedimos que alguna autoridad ponga atención a este problema, porque estamos hablando de una propiedad que tenemos desde hace más de 40 años. Hemos pagado los impuestos, ayudamos al crecimiento del pueblo, es el patrimonio que tenemos y no es justo que después de tanto tiempo así como así se pierda todo. Tenemos los documentos que avalan la compra, los pagos, la liquidación de la misma, pero resulta que alguien engañó a mis papás y a los ejidatarios.

“Ahora ellos también resultaron afectados porque se les dejó de pagar una renta que se acordó con ellos, pero eso se dejó de pagar cuando la Corett nos dijo que ya la propiedad era nuestra. Mis papás y nosotros confiamos en la institución; lo que nos queda es apelar y esperar que alguien voltee a vernos. Estamos muy lejos de la Ciudad de México, aquí el gobierno local no se quiere meter y nosotros no queremos perder todo”, expone la mujer.

El Hotel Serenidad actualmente sigue en operaciones; justo en estas fechas es la temporada alta, y si bien el conflicto con los ejidatarios de Mulegé continúa, ellos tampoco quieren afectar la continuidad de ese lugar, pues es referencia del propio poblado y en esta temporada el comercio local se incrementa y se generan más empleos, pero ni los ejidatarios ni los que se dicen propietarios de los más de 20 mil metros cuadrados saben cuál será el futuro de Mulegé.

Proceso contactó con personal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) para conocer a detalle la problemática que atraviesa el ejido de Mulegé y los otros mencionados, sin embargo no se ha tenido respuesta, ya que dicha dependencia continúa en “restructuración”.

Con información de proceso.com.mx